Por Santiago Magrone
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas presentó ante empresarios del sector hidrocarburífero -Productoras y Distribuidoras de gas- los principales lineamientos del denominado “Esquema de Gas 2020-2024”, una iniciativa del gobierno que busca potenciar la producción de gas natural, que consistirá en un sistema de contratos directos para garantizar el abastecimiento en los próximos cuatro años.
En sus aspectos centrales el referido esquema contempla subastas para las compras de gas en base a un bloque de 70 millones de metros cúbicos día durante todo el año (con un adicional en invierno) distribuídos entre las varias cuencas productoras, de lo cual resultarán precios según las características de los yacimientos (convencionales y no convencionales).
Sobre la base de los precios de adjudicación de los contratos por los volúmenes de gas ofertados, el Estado fijará el monto del subsidio que está dispuesto a aplicar para que el usuario-destinatario del gas pague sólo una parte del gas que consume.
Para las empresas productoras constituye un dato clave saber cual es la garantía de cobro de tal diferencia (entre lo que habrá de facturarse al usuario y el precio de venta del gas ofertado en la subasta) que corresponderá pagar al Estado en base a un decreto específico que activará el futuro esquema.
Toman como un “mal antecedente” lo que ocurre con el DNU 1053/18 por las DDA que reclaman cobrar (U$ 393 millones), hoy en revisión parlamentaria y judicial.
Un comunicado emitido por el Ministerio poco después de la reunión virtual, de la que participaron cerca de setenta personas, remarcó que Kulfas agradeció “el compromiso que han mostrado todos los actores del mercado” para el diseño del esquema, que procura que el del gas “sea un sector que lejos de ser un obstáculo se convierta en una palanca para el desarrollo económico del país”.
Además, el funcionario consideró que la iniciativa permitirá “proyectar una oferta vigorosa que sea compatible con los ciclos económicos, que nos permita ahorrar importaciones y, por lo tanto, recursos fiscales”, y añadió que “el objetivo es que la Argentina se convierta en un país superavitario con inversión, en un sistema abierto, transparente y competitivo”.
El comunicado señala que “el Esquema de Gas 2020-2024 que se pondrá en marcha en los próximos meses, busca generar una sinergia público-privada que garantice la oferta y atienda a la demanda, mediante contratos directos entre los productores de gas natural y las distribuidoras, por un lado, y la demanda de usinas térmicas (que se realizará con CAMMESA), por el otro”.
El subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, que participó de la reunión, aseguró que la iniciativa traerá “certidumbre” para todos los actores del sector e indicó a los empresarios que “se está pensando en una garantía para asegurar el cobro de los productores, que se está terminando de diseñar”.
Según el esquema, los productores deben comprometerse a sostener o incrementar la producción de 2020 y se les permitirá aumentar las exportaciones fuera del período estacional de invierno, período de mayor demanda de gas en el país.
A su turno, el CEO de YPF, Sergio Affronti, estimó que la iniciativa “da previsibilidad en cuanto al precio y normaliza un mercado de gas que en los últimos años había presentado distorsiones severas”. “Por otro lado nos permite satisfacer de forma eficiente distintos segmentos de la demanda”, agregó.
Entre los objetivos del esquema se encuentran viabilizar inversiones inmediatas en producción de gas en todas las cuencas; satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país con el producido de sus yacimientos; proteger los derechos de los usuarios y consumidores del servicio de gas natural; proteger la cadena de valor de toda la industria gasífera y mantener los puestos de trabajo en la cadena de producción.
“Pero el plan también busca cuidar los ingresos de los usuarios finales vía tarifa, principalmente de las franjas vulnerables de la población; sustituir importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) y de combustibles líquidos, especialmente en invierno; disminuir el costo fiscal de los subsidios”, puntualizó el Ministerio.
Asimismo, se puntualizó que el plan procurará “coadyudar con una balanza energética superavitaria; generar certidumbre de largo plazo al sector hidrocarburífero y establecer un sistema transparente abierto y competitivo”.
“El precio del gas PIST (Precio de Ingreso al Sistema de Transporte) surgirá del mercado, en un marco de libre competencia, pero con condiciones que fija el Estado para asegurar los objetivos del programa” , señala el texto, escaso de precisiones.
El Subsecretario Carbajales, estimó próxima la puesta en marcha del programa, y desde las productoras de estima que “si todo va bien podría ocurrir en setiembre”.
En la jornada previa a la presentación formal de los lineamientos del Esquema Gas por parte del ministro Kulfas, el subsecretario Carbajales había expuesto sobre los objetivos del gobierno en el sector energético ante decenas de empresarios y técnicos en una conferencia virtual organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham).
Allí, Carbajales detalló que tales subastas se harán para asegurar el suministro de gas por 365 días por 4 años, con un bloque adicional “de invierno” para el mismo período.
Si bien la prioridad estará puesta en el despacho al mercado interno, también estará habilitada la exportación en firme por hasta 11 MMm3 diarios en la época estival, cuando baja la demanda local, explicó.
El subsecretario aseveró que el Poder Ejecutivo fijará el nivel de subsidios al usuario del gas, y que los futuros contratos podrán empalmarse con los que estan vigentes en el marco del plan de estímulo a la producción de reservorios no convencionales de la Cuenca Neuqina dispuesto por la resolución 46/17 del ex ministerio de Energía y Minería, con vencimiento a finales del 2021.
Carbajales no dió precisiones al respecto, siendo éste un tema clave en relación con aquellas empresas beneficiadas por dicho esquema (por caso Tecpetrol), y señaló que “habrá diferentes alternativas de ingreso” para ésas compañías.
En lo que respecta al desarrollo de proyectos off shore de exploración y producción, señaló que el futuro plan amplía plazos a 8 años.
Los productores deberán asumir una compromiso de producción por cuenca y por mes, de manera de sostener e incrementar los niveles de producción que registran este año, se indicó.
La aplicación de un esquema de subastas vino a coincidir con una propuesta formulada en tal sentido hace un par de meses por el Enargas para garantizar una mayor competencia por precios. No obstante, el interventor Federico Bernal no participó de la presentación en el MDP,
El objetivo declarado es incrementar la producción (convencional y no convencional), en base a un precio que redunde además en tarifas adecuadas para los usuarios de los segmentos regulados (usuarios del servicio completo y aquellos que compran gas, transporte y distribución en forma desagregada).
Habrá entonces un subsidio focalizado principalmente a la demanda de los segmentos de menores recursos. Pero el tema del costo fiscal está en manos del ministerio de Economía, abocado a las negociaciones para renegociar montos y plazos de la deuda externa, ahora con el FMI.
Cabe referir que, según trascendió, en dicho esquema se estuvo considerando reconocer un precio inicial que se estimó en torno a los 3,50 dólares por MBTU, pero ahora ocurrirá que el precio es el que surgirá de la subasta mencionada por el funcionario. En las dos últimas del MEGSA los precios del gas promediaron 2,50 dólares.
El cambio de criterio en cuanto a la modalidad de definición del precio derivó como consecuencia de la denuncia formulada por el ENARGAS contra la política de precios aplicada durante el gobierno de Mauricio Macri (gestión Aranguren) omitiendo la obligación de aplicar el esquema de libre oferta y demanda que establece la Ley 24.076 (Marco Regulatorio del Gas).
La Ley 25.561 de emergencia económica sancionada en enero de 2002, estableció que los precios de comercialización del gas serían fijados por el Estado Nacional, por lo que los presupuestos fundamentales de la ley 24.076 quedaron suspendidos.
Pero con la caducidad de la Ley 25.561 en octubre de 2017 y la entrada en vigor, nuevamente, de la Ley 24.076 el precio del gas natural debía surgir de la libre oferta y demanda y esos precios y condiciones debían ser revisados por el ente regulador del sector, sostienen en el ENARGAS.
La denuncia presentada señala que, en cambio, se convocó a los productores y distribuidores de gas para establecer unas “bases y condiciones” en la comercialización del gas fijando arbitrariamente precios uniformes para todas las cuencas.
Esos precios uniformes tendrían una secuencia de aplicación escalonada en dos años (entre 7,50 y 6,80 dólares el MBTU) y como condición contractual, un tipo de cambio variable en dólares estadounidenses, que aquel ENARGAS no objetó.
En el año 2018 el peso de devaluó 100 por ciento y en octubre se pretendió que la diferencia por devaluación fuera absorbida por los usuarios en 24 cuotas en su factura, lo que mereció denuncias penales. El gobierno de entonces dispuso, a través del DNU 1053, la absorción por parte del Estado Nacional de esas diferencias, a pagar en 30 cuotas mensuales.
La denuncia del Ente también derivó en la decisión de la Secretaría de Energía de frenar el pago de estas cuotas (sólo se pagó 1 una en la gestión Macri) hasta que la Justicia se expida, explicó Carbajales.
El mes pasado el Subsecretario dijo que “cambió la coyuntura por la denuncica penal que hace el Interventor del ENARGAS por el acuerdo de fines de 2017 y que luego se trasladó a tarifa. Eso está en la Justicia y la Secretaria de Energía tomó la decisión de suspender el pago hasta tanto esa situación fuera aclarada por la Justicia, y después se verá”.
El dato adicional sobre este tema es que la semana pasada el Senado de la Nación votó la anulación del artículo 7 del DNU 1053/18 referido al pago de casi 400 millones de dólares por las DDA entre las distribuidoras y las productoras del gas.
Esta novedad motivó una reciente carta al ministro Kulfas por parte de la cámara empresaria CEPH reclamando se pague dicha suma, y advirtiendo que su no cumplimiento sería “una pésima señal a la hora de tener que definir futuras inversiones”. Resta saber que criterio seguirá el gobierno.
En este contexto, Carbajales reivindicó hace algunas semanas para YPF el rol de empresa testigo en el mercado local del petróleo, del gas y de los combustibles.
Al respecto sostuvo que “el gobierno anterior la dejó librada a su suerte, hubo destrucción de valor sistemática, perdió valor en combustibles (70 por ciento de sus ingresos), en Gas YPF fue pionera en Vaca Muerta y sin embargo quedó afuera de los alcances de la Resolución 46”, describió.
El funcionario hizo referencia a que la empresa de mayoría accionaria estatal desde el año 2012 “no pudo influir en la política pública energética durante el gobierno anterior, y está muy complicada por su endeudamiento en dólares”.
En las últimas horas, tanto el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, como el Presidente de YPF, Guillermo Nielsen , coincidieron en la necesidad de restaurar el rol clave de la compañía en la industria petrolera.
De paso, y en el contexto de incremento del precio internacional del crudo hasta superar el precio del Barril Criollo (45 dólares) consideraron necesario revisar los precios de los combustibles en el mercado interno, congelados desde octubre del 2019.
De hecho, y antes de participar de la reunión con Kulfas, el CEO Affronti mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para analizar la cuestión, y no se descarta una decisión inminente al respecto.
