Los gobiernos de Estados Unidos y Argentina firmaron una declaración conjunta para crear un corredor de infraestructura que busca movilizar hasta US$7.000 millones hacia 2027 y conectar Vaca Muerta y los minerales críticos con los puertos atlánticos. El plan incluye financiamiento del EXIM y proyectos de energía, transporte y minerales, pero analistas advierten que se trata de un techo de crédito potencial —no de fondos inmediatos— y que su éxito dependerá de la inversión privada y de la ejecución, en un país con una larga historia de anuncios de inversión que nunca se concretaron.

Estados Unidos y Argentina lanzaron formalmente el Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa de infraestructura que prevé movilizar hasta US$ 7.000 millones hacia 2027 para conectar las zonas productoras de minerales críticos y de hidrocarburos del país sudamericano con los puertos del Atlántico y los mercados occidentales.

El acuerdo fue firmado por el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y el canciller argentino, Pablo Quirno, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. La declaración conjunta describe el corredor como una iniciativa para “fortalecer y modernizar la infraestructura” que une los sectores económicos vitales de Argentina con los principales puertos atlánticos.
El corredor se inscribe en un contexto de competencia entre Estados Unidos y China por influencia en América Latina. De hecho, la estrategia del embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, de recorrer las 24 jurisdicciones provinciales para profundizar vínculos, fue interpretada como un esfuerzo por contener la influencia china en la región.

Landau afirmó que la administración del presidente Donald Trump está “muy enfocada en la diplomacia económica” y que el Export-Import Bank de Estados Unidos (EXIM) es una de sus herramientas más importantes, utilizada de manera “decidida”. El corredor tiene como objetivo facilitar inversión pública y privada en transporte, energía e infraestructura digital “por una generación”, convirtiendo a Estados Unidos en un socio fundamental para la infraestructura y la inversión en Argentina.

Financiamiento y proyectos clave

El pilar financiero del acuerdo es el marco “Build the Future”, suscrito entre Argentina y el EXIM, que contempla financiamiento de hasta 7.000 millones de dólares para 2027. Según la declaración, esta cifra no representa un préstamo único ni un fondo disponible de inmediato, sino una plataforma a través de la cual agencias gubernamentales estadounidenses e inversores privados pueden respaldar proyectos que califiquen.

El proyecto más significativo es Argentina LNG, una iniciativa integrada de gas natural licuado de US$ 51.000 millones en Vaca Muerta que lleva adelante YPF en asociación con la italiana ENI y la emiratí XRG. EXIM emitió una hoja de términos indicativa no vinculante de hasta US$ 6.000 millones de dólares para el proyecto. Como parte de este desarrollo, la estadounidense McDermott obtuvo el contrato de ingeniería y construcción de una planta de fraccionamiento de líquidos de gas natural, mientras que Pumpco, subsidiaria de MasTec, en alianza con Bonatti y Contreras Hnos., recibió un contrato de más de US$ 1.000 millones para el sistema de gasoductos de exportación.

En el sector energético, el corredor también busca desarrollar comercialmente los recursos de Vaca Muerta mediante inversión, tecnología e instrumentos financieros estadounidenses, incluidos préstamos directos, garantías de préstamos y productos de seguro. En infraestructura de transmisión, Argentina lanzó en agosto de 2026 una concesión de alta tensión estimada en US$ 800 millones para el Área Metropolitana de Buenos Aires, respaldada por una garantía de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo.

Transporte y minerales críticos

En el ámbito del transporte, ambos gobiernos identificarán proyectos prioritarios para rehabilitar y ampliar ferrocarriles, vías navegables y puertos, con oportunidades para que empresas estadounidenses compitan como licitantes o subcontratistas. En junio de 2026, Argentina adjudicó una concesión de 25 años al consorcio belga-argentino Vía Navegable Troncal S.A. para optimizar la Hidrovía, una concesión que se estima atraerá 10.000 millones de dólares en inversiones.

En minerales, el corredor identificará oportunidades bajo el Marco de Minerales Críticos entre ambos países para apoyar la minería y el procesamiento, avanzando en compromisos para asegurar cadenas de suministro y promover la diversificación global. Los minerales incluidos son litio, cobre, petróleo y gas.

El componente digital contempla el uso de “tecnología confiable” y la colaboración en seguridad de plataformas y equipos de inspección aduanera. La hoja informativa estadounidense identifica posibles proyectos en cables submarinos, redes de fibra óptica, conectividad satelital y centros de datos para inteligencia artificial.

Reacciones

El Corredor Andes-Atlántico es la primera iniciativa de la Asociación para la Infraestructura y la Inversión Global del G7 en el Hemisferio Occidental, y se suma a otros corredores estratégicos como el Corredor Económico India-Medio Oriente-Europa, la Ruta Comercial Trans-Caspio, el Corredor de Lobito en África subsahariana y el Corredor Económico de Luzón en Filipinas.

La declaración señala que el corredor busca asegurar las cadenas de suministro estadounidenses y crear oportunidades para empresas de ese país. Argentina, por su parte, se comprometió a fortalecer su entorno legal y regulatorio y las protecciones a la inversión para atraer capital extranjero, con marcos “transparentes, predecibles y efectivos” que rijan las concesiones de infraestructura.

Las provincias argentinas recibieron el anuncio con optimismo, aunque con cautela. Un sondeo entre gobernadores reveló que varios calificaron la medida como “una muy buena noticia”, pero señalaron que aún desconocen los detalles específicos del acuerdo. El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, dijo que recibieron la noticia con “sorpresa” pero también “con optimismo”, y destacó que Brasil está desarrollando una ruta bioceánica que deja fuera a Argentina.

Analistas citados por medios internacionales se mostraron escépticos sobre la implementación efectiva del corredor. Expertos en geopolítica advirtieron que, si bien el anuncio es políticamente significativo, la ruta aún despega y persisten dudas sobre la materialización de los fondos.

Una delegación estadounidense del Departamento de Estado, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) y EXIM viajará a Buenos Aires, Jujuy y Salta en octubre de 2026 para identificar y avanzar en transacciones concretas en el marco del corredor.

Críticas y preocupaciones

El anuncio se hizo en momentos en que el riesgo país se disparó por encima de los 630 puntos, por lo que el acuerdo presenta varias aristas que generan escepticismo: los US$ 7.000 millones representan un techo de crédito potencial, no un desembolso inmediato de dinero. El financiamiento depende de la aprobación de cada proyecto específico y de que las empresas estadounidenses participen en las licitaciones.
Varios análisis señalan que el verdadero objetivo de Washington es fortalecer sus propias cadenas de suministro de minerales críticos (como el litio) y energía, y contrarrestar la influencia de China en la región, independientemente de que se produzca el desarrollo de Argentina.

El financiamiento suele estar atado a la compra de bienes y servicios estadounidenses y a la implementación de marcos regulatorios “transparentes y predecibles” que favorecen a las empresas de EE. UU. Esto genera críticas sobre una posible pérdida de soberanía en la definición de políticas de infraestructura.
Algunos sectores interpretan el anuncio como un movimiento del gobierno argentino para mostrar dinamismo económico de cara a las elecciones de 2027, y no como un plan de desarrollo con fondos ya asegurados.

Contexto geopolítico

El corredor se inscribe en la competencia global entre Estados Unidos y China por el acceso a recursos estratégicos y el control de infraestructura clave. Si bien el gobierno argentino negó que el acuerdo incluya una cláusula explícita contra China, la iniciativa busca claramente reducir la dependencia de la región de inversiones chinas en sectores críticos.

El Corredor Andes-Atlántico es un gesto político de alto perfil con una sustancia económica aún por definir. Su valor real no puede medirse por el monto anunciado, sino por la cantidad de proyectos que efectivamente se concreten y las condiciones bajo las cuales se financien.

Según el anuncio, el acuerdo representa una oportunidad para Argentina de acceder a financiamiento y tecnología para proyectos de infraestructura postergados. Sin embargo, el riesgo es que, ante la asimetría de poder entre ambos países, Argentina termine cediendo más de lo que gana, priorizando los intereses estratégicos de EE.UU. (como el suministro de litio y gas) por sobre un desarrollo industrial y logístico integral.

Todo indica que se trata de un punto de partida, no un logro consumado. El éxito dependerá de la capacidad de negociación de Argentina para asegurar que los proyectos se ejecuten bajo términos beneficiosos y que el valor agregado de sus recursos se capture localmente. La promesa es grande, pero la letra chica y la ejecución son lo que realmente importa.

La historia argentina está llena de anuncios de grandes inversiones y obras de infraestructura que, por diversas razones, nunca se concretaron. El Corredor Andes-Atlántico podría ser la excepción o sumarse a una larga lista de promesas que, en muchos casos, quedaron en la nada.

El “Stargate” de OpenAI

Poco antes de las elecciones de octubre de 2025, se anunció un proyecto de data center de inteligencia artificial en la Patagonia con una inversión de hasta US$ 25.000 millones de dólares. El proyecto ni siquiera había sido presentado formalmente al gobierno, y el Ministerio de Economía reconoció que no existía ninguna resolución que respaldara el anuncio.

En el mismo contexto preelectoral, el gobierno de Trump prometió un paquete de ayuda de US$ 40.000 millones para estabilizar la economía argentina. Tras las elecciones, los fondos no llegaron; los US$ 20.000 millones iniciales se convirtieron en un swap ya utilizado y los bancos que iban a aportar la otra mitad se retiraron, dejando al país con una deuda mayor.

A casi un año de la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y a pesar de los anuncios, no se había concretado ninguna de las inversiones prometidas bajo este marco.

Estos son quizás los ejemplos más clásicos de la política argentina. El tren bala, anunciado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, nunca llegó. El soterramiento del tren Sarmiento, por su parte, fue anunciado una decena de veces y se convirtió en un emblema de la desmesura, con cientos de millones de dólares gastados sin resultado .
La historia se repite en las provincias. Por ejemplo, en Tucumán, se afirma que la mayoría de los anuncios de obras públicas de los últimos 40 años quedaron truncos. Un caso testigo es el de la Autopista Perón, anunciada en 2009 y que sigue sin terminarse .

Un patrón cuantificable

Más allá de los casos individuales, existen datos que dimensionan la magnitud del problema. Un análisis de la Agencia Argentina de Inversiones encontró que, entre diciembre de 2015 y mayo de 2017, se anunciaron 455 proyectos de inversión por 60.920 millones de dólares, pero solo 34 se pusieron en marcha, lo que representa apenas el 5% de lo prometido.

¿Por qué se repite?

Este historial no es una simple coincidencia. Como señalan diversos análisis, los anuncios de inversión suelen tener un fuerte componente electoralista, funcionan como una herramienta de señalización política y buscan generar expectativas positivas en los mercados. Sin embargo, los montos anunciados casi siempre son mucho mayores que lo que finalmente se compromete y desembolsa años después.
En el caso del Corredor Andes-Atlántico, los propios analistas advierten que se trata más de un marco político y geopolítico que de un vehículo de desembolso rápido, y que la Casa Blanca no pondrá el dinero, sino que busca “catalizar capital privado” a través de agencias como el EXIM Bank o la DFC. Esto significa que el éxito del proyecto dependerá de la capacidad de atraer inversión privada real, un desafío que, como demuestra la historia, Argentina no logró superar de manera consistente.

¿Y el RIGI ?

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es un marco legal creado para atraer inversiones mayores a US$ 200 millones en sectores estratégicos como minería, energía, petróleo, gas y tecnología, ofreciendo beneficios impositivos y seguridad jurídica a largo plazo. El Gobierno promociona este régimen con cifras muy altas. Por ejemplo, el ministro de Economía, Luis Caputo, ha hablado de inversiones proyectadas por US$ 140.000 millones.

La brecha

El problema es que esos números corresponden a anuncios y compromisos potenciales, no a dinero desembolsado. Los propios datos oficiales y de consultoras privadas muestran una distancia enorme. Para mediados de 2026, el Ministerio de Economía informaba sobre 16 proyectos aprobados por unos US$ 29.892 millones, pero había otros 25 en evaluación que sumaban US$ 111.037 millones. Es decir, casi el 80% del monto total anunciado todavía no tenía aprobación definitiva.

Lo que realmente ingresó es ínfimo. Un informe de la Fundación Fundar reveló que, de los US$ 124.000 millones anunciados bajo el RIGI, a la fecha solo se habían hecho efectivos US$ 762 millones (menos del 1%). Otras estimaciones, como las del gobernador Axel Kicillof, señalaban que el nivel de ejecución rondaba apenas el 3%.
Un dato clave es que, durante 2025, en pleno auge del RIGI, Argentina recibió apenas US$ 3.134 millones de IED neta, quedando última en la región en comparación con Brasil, México o Chile. (Ver nota).

El diseño del régimen tiene un problema central: exige muy poco capital al principio. Para un proyecto de US$ 200 millones, el RIGI solo requiere una inversión inicial de US$ 80 millones en los primeros dos años. El resto del capital puede ser invertido a un plazo que la propia empresa define, sin penalidades si finalmente no se concreta. Esto significa que muchas empresas pueden adherir al régimen para obtener los beneficios fiscales y la seguridad jurídica, pero no están obligadas a ejecutar la inversión total prometida. Como resumió un especialista, “cuando se habla de US$ 100.000 millones hay que mirar qué parte está comprometida y qué parte es una expectativa