La empresa estatal de distribución de gas de Santa Cruz, Distrigas S.A., quedó en el centro de la controversia luego de que trascendiera su intención de avanzar con la preadjudicación de una licitación millonaria a la firma que presentó la propuesta económica más elevada.

Se trata de la Licitación Pública N° 0030/DGSA/2025, destinada a contratar el servicio de transporte de Gas Licuado de Petróleo (GLP) hacia cuatro localidades del interior provincial. El proceso ya fue objetado mediante una presentación formal ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz, aunque se estima que el organismo no emitiría un dictamen antes de que se concrete la adjudicación en debate.

El punto más cuestionado es que Distrigas habría recomendado la preadjudicación a P. Tortoriello y Cía S.A., cuya oferta supera en más de 550 millones de pesos a otra propuesta considerada válida dentro del mismo expediente.

Según la documentación del proceso licitatorio, Roligas S.A., firma con sede en Mar del Plata, cotizó $6.225.727.738; Transporte J.C. Morrison, radicada en Río Gallegos, presentó una oferta de $6.239.433.123; mientras que P. Tortoriello y Cía S.A., con domicilio en Cipolletti, propuso $6.790.152.597,52, ubicándose como la alternativa más onerosa.

La denuncia elevada al órgano de control también advierte presuntas inconsistencias en la planilla de cotización de la empresa recomendada. En particular, señala que existirían diferencias entre los valores unitarios y los montos totales consignados, lo que generaría errores de cálculo que dificultan establecer con precisión el precio final real de la oferta.

De corroborarse estas observaciones, el escenario podría tornarse más complejo, ya que no solo implicaría un mayor desembolso por parte del Estado provincial, sino también eventuales defectos en un aspecto central del contrato: la determinación clara del precio. Esto podría afectar la transparencia del procedimiento y la igualdad de condiciones entre los oferentes.

Ahora será el Tribunal de Cuentas el encargado de evaluar si el trámite se ajustó a los principios de legalidad, razonabilidad, igualdad y economía que deben regir toda contratación pública.

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