La Cámara de Diputados dio inicio a la audiencia pública que continuará mañana jueves sobre el proyecto para modificar la Ley de Glaciares (N° 26.639), que fue aprobada en 2010. A pesar de que se inscribieron más de 100.000 personas, el oficialismo en la Cámara Baja redujo la participación a unos 400 oradores entre ambas jornadas.
La audiencia fue convocada por las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Si bien la jornada de hoy fue presencial, la de mañana será bajo modalidad virtual. También se habilitaron las participaciones por escrito o por video grabado.
Aunque inicialmente estaba previsto que cada jornada fuera de 10 a 19, finalmente “durarán todo el tiempo que sea necesario”, según aclaró el diputado Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados y legislador del bloque de La Libertad Avanza que lleva adelante la audiencia por la Ley de Glaciares.
Qué criterios se emplearon para reducir la cantidad de oradores
La elección de sólo 400 oradores de un total de inscriptos superior a 100 mil fue uno de los primeros puntos puestos bajo la lupa de la audiencia pública por la Ley de Glaciares.
En lo formal, la modalidad de participación en la audiencia está bajo el Acuerdo de Escazú que exige que se le otorgue participación a la ciudadanía y acceso a la información y a la Justicia en asuntos y procedimientos legislativos que involucran cuestiones ambientales.
Mientras que la reducción en el número de oradores en sí nunca estuvo bajo duda por una cuestión de lógica pura: si se respetara el listado original considerando que cada orador dispone de hasta 5 minutos de exposición, la audiencia se hubiera dilatado por un total de 8.333 horas ininterrumpidas o 347 días seguidos. Lo que sí fue punto de debate fueron los criterios empleados para discernir entre aquellos que finalmente se convirtieron en oradores y quienes no.
“Los criterios que hemos tomado (para establecer la lista de participantes presenciales y virtuales en la audiencia) tienen que ver con la separación por jurisdicciones para que las 24 provincias del país tengan representación en la audiencia», explicó Mayoraz en el inicio de la audiencia.
«Otro criterio que tuvimos para establecer el listado final de participantes fue mantener un equilibrio entre las presentaciones a título individual y los que representan organizaciones de la sociedad civil”, agregó.
Fuentes legislativas consultadas por EconoJournal, especificaron un poco más detalladamente el criterio utilizado por el oficialismo –que informalmente circuló por despachos del Congreso– para la reducción de la lista.
- Ubicación y proporcionalidad: Se tomó a los primeros 10 o 15 anotados por cada provincia, en proporciones similares de personas individuales, ONGs y de pueblos originarios. De este modo, el bloque oficialista busca acelerar los tiempos de la audiencia pública.
- Especialistas: Siguiendo con los criterios que hizo circular el oficialismo, también se ponderó la participación de geólogos, glaciólogos, funcionarios provinciales, ONGs especializados en medio ambiente, investigadores universitarios, rectores de universidades, estudiantes y militantes políticos.
Maroyaz y José Peluc, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, explicaron que las exposiciones presenciales de este miércoles fueron habilitadas para las personas que ratificadas para participar en la audiencia mediante un correo electrónico.
Y si bien la oposición presentó un pedido especial para ampliar la realización de audiencia a más días, fue rechazado por el oficialismo en Diputados. Además, la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad presentó una demanda en el en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5 para suspender la audiencia, pero también fue rechazada.
El debate sobre la Ley de Glaciares
La modificación a la Ley de Glaciares fue aprobada en sesiones extraordinarias en la Cámara de Senadores con 40 votos a favor y 31 en contra. Una vez realizada la audiencia, la Cámara de Diputados definirá en el recinto si se convierte en ley.
Según creen en el gobierno nacional, el proyecto que modifica la Ley de Glaciares es clave para destrabar inversiones millonarias, sobre todo en desarrollos de cobre y oro. La actual normativa protege zonas definidas como glaciares y periglaciares como reservas de agua dulce.
Uno de los debates sobre las modificaciones refiere a la definición de periglaciar. En la letra de la ley son descriptos como áreas de alta montaña con suelos congelados que actúan como reguladores hídricos. Sin embargo, sus críticos sostienen que es una definición muy amplia y que terminó afectando el desarrollo de la actividad minera.
El proyecto de modificación de la Ley 26.639 establece que el inventario sobre zonas periglaciares (Inventario Nacional de Glaciares – ING) seguirá bajo el paraguas del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que es el ente que tiene la autoridad fijada por la norma.
Además, establece que las provincias serán las encargadas de definir si un área determinada es una reserva estratégica de agua dulce y de aprobar o no los estudios de impacto ambiental presentados por las compañías a cargo de los proyectos mineros. Es decir, el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares tiene como eje principal cederle a las provincias la potestad de definir cuáles son las zonas donde se puede desarrollar una actividad productiva.
Qué estipula el Acuerdo de Escazú
Escazú es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe. Se firmó en la ciudad homónima de Costa Rica el 4 de marzo de 2018 y la Argentina adhirió en 2020 a través de la Ley 27.566, que entró en vigencia en mayo de 2021. Precisamente este acuerdo es el marco formal de la audiencia pública de la Ley de Glaciares.
El Acuerdo de Escazú funciona como un órgano consultivo en temas ambientales, que intenta ser una herramienta para que la sociedad civil pueda utilizar y así participar en las decisiones que puedan tener un impacto sobre el ambiente o la salud de la comunidad.
A diferencia de otros mecanismos de participación ciudadana, en su gran mayoría canalizados a través de audiencias públicas, el Acuerdo de Escazú no exige un interés relevante o destacado para la inscripción ya que el propio acuerdo aclara que pueden participar la ciudadanía en su conjunto.
Es decir, en la modalidad Escazú puede participar cualquier ciudadano individual sin restricción en la participación, como por ejemplo que tenga que representar obligatoriamente a una organización de la sociedad civil o que deba acreditar un interés específico o directo sobre el tema de la audiencia.
, Roberto Bellato
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