El costo de los servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvió a mostrar tensiones en abril, con una dinámica marcada por aumentos tarifarios en gas, cambios en los subsidios y una leve baja en el gasto total explicada por factores estacionales. Según el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), un hogar promedio sin subsidios destinó $212.694 mensuales a cubrir servicios públicos, con fuerte incidencia de la energía y el transporte.

En el frente energético, la evolución fue dispar. La factura de gas registró un incremento significativo del 16% mensual, impulsado por la suba del cargo fijo y el mayor consumo propio de la transición hacia meses más fríos. En contraste, el gasto en electricidad cayó 22,5% respecto de marzo, debido a una menor demanda estacional que compensó los ajustes tarifarios aplicados sobre los cargos fijo y variable.

A pesar de estas diferencias coyunturales, en términos interanuales tanto el gas como la electricidad continúan por encima de la inflación. Las facturas aumentaron 36% y 34% respectivamente frente a abril de 2025, consolidando una tendencia de recomposición tarifaria vinculada al rediseño del esquema de subsidios.

El nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), vigente desde este año, introdujo un cambio central: la reaparición de subsidios al gas desde abril y hasta septiembre. Esto impactó directamente en la cobertura de costos, reduciendo la proporción pagada por los usuarios. Actualmente, los hogares del AMBA cubren en promedio el 61% del costo de los servicios, mientras que el Estado absorbe el 39% restante.

En el caso específico de la energía, la participación estatal sigue siendo relevante. En electricidad, los usuarios cubren aproximadamente el 72% del costo, mientras que en gas el nivel ronda el 71%, reflejando un esquema mixto donde el Estado continúa sosteniendo una porción significativa del sistema.

Un punto clave del informe es la composición de las facturas. En electricidad, casi la mitad del monto final corresponde al Valor Agregado de Distribución (VAD), mientras que la energía en sí representa menos de un tercio. En gas, en cambio, el precio del insumo tiene mayor peso relativo. Esto implica que los aumentos tarifarios no responden únicamente al costo de generación o producción, sino también a la estructura regulatoria y a los costos de distribución e impuestos.

El peso de los subsidios en las cuentas públicas también muestra una recomposición. En lo que va de 2026, las transferencias a energía y transporte crecieron 70% en términos nominales y 29% en términos reales. Dentro de ese total, los subsidios energéticos explican el 78% y registran un incremento real superior al 100%, impulsados principalmente por mayores transferencias a CAMMESA y ENARSA.

Este aumento contrasta con la reducción de subsidios al transporte, lo que evidencia un cambio en la asignación de recursos fiscales hacia el sector energético en un contexto de recomposición tarifaria y tensiones en los costos de abastecimiento.

A nivel de los hogares, el impacto es claro: la energía sigue ganando peso relativo en el ingreso. Las facturas de luz y gas representan entre el 3,6% y el 5% del salario promedio, dependiendo del nivel de subsidios, en un contexto donde la segmentación convive con fuertes heterogeneidades entre usuarios. Además, la canasta total de servicios públicos ya equivale al 12,2% del salario promedio, reflejando una presión creciente sobre el poder adquisitivo.

En síntesis, abril dejó un escenario de transición. Mientras las tarifas energéticas continúan ajustándose para acercarse a los costos reales, los subsidios vuelven a jugar un rol clave —especialmente en gas— para amortiguar el impacto en los hogares. El equilibrio entre sostenibilidad fiscal y accesibilidad tarifaria sigue siendo el eje central de la política energética.

Un elemento adicional a monitorear hacia los próximos meses será la estacionalidad: el ingreso al invierno anticipa mayores niveles de consumo de gas, lo que podría amplificar tanto el impacto tarifario como la necesidad de subsidios. En ese marco, la evolución del esquema SEF y su capacidad de focalización efectiva será determinante para evitar un salto significativo en el gasto de los hogares y en las cuentas fiscales.