YPF aceptó la oferta de Edenor para adquirir su participación en MetroGAS y MetroENERGÍA por US$ 780 millones, en una operación que aún espera el visto bueno del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad. La desinversión, enmarcada en la estrategia de concentrar recursos en Vaca Muerta, cierra una larga controversia administrativa desatada por la Ley 24.076, aunque se produce en un escenario adicional de interrogantes: la distribuidora aprobó su primer reparto de dividendos en 25 años por $65.000 millones mientras negocia el pago de una deuda de similar magnitud con Energía Argentina.

En el marco de la revisión de su portafolio y de la estrategia de concentrar inversiones en Vaca Muerta, YPF decidió desprenderse de sus activos en el segmento de distribución. Su Directorio aceptó la oferta vinculante de Edenor para adquirir la totalidad de sus participaciones en MetroGAS y MetroENERGÍA por un monto de US$ 780 millones.

El proceso de venta, conducido por el asesor financiero Citigroup (Citi), incluyó la recepción y evaluación de diversas propuestas; finalmente, el 10 de agosto de 2026, el Directorio seleccionó la presentada por la eléctrica. La operación, comunicada a la Comisión Nacional de Valores por la responsable de Relaciones con el Mercado de YPF, Margarita Chun, quedó sujeta al cumplimiento de las condiciones previstas en la oferta —entre ellas, las autorizaciones regulatorias y las garantías correspondientes— y requiere, expresamente, la aprobación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE).

La transacción abarca el 70% del capital y los derechos de voto que YPF posee en MetroGAS —representado por 290.277.316 acciones Clase A y 108.142.529 Clase B—, así como el 5% que mantiene en MetroENERGÍA, equivalente a 11.500 acciones Clase A. Una vez concretada, la petrolera estatal dejará de tener participación accionaria en ambas sociedades. MetroGAS, que presta servicio a unos dos millones de usuarios de la Ciudad y el Gran Buenos Aires mediante una red de más de 11.000 kilómetros de cañerías, tiene además entre sus accionistas a Integra Gas Distribution (9,23%), la ANSES (8%) y tenedores bursátiles (13% restante). Integra, holding fundado por José Luis Manzano, se encuentra vinculado desde 2021 al control de Edenor junto a Daniel Vila y Mauricio Filiberti, lo que añade un eslabón societario de interés en la operación.

Integración vertical

El recorrido previo hacia esta desinversión encuentra sus raíces en la normativa vigente y en una larga controversia administrativa. La Ley 24.076, sancionada en 1992, reorganizó el mercado gasífero bajo el principio de desintegración vertical, separando producción, transporte y distribución; su artículo 34 limitó expresamente las participaciones cruzadas entre empresas de distintos eslabones, impidiendo que un productor de gas tuviera control sobre una distribuidora. YPF ya poseía el 45,33% de Gas Argentino S.A. (GASA), sociedad que a su vez controlaba el 70% de MetroGAS, hasta que en noviembre de 2012 ejerció un derecho de preferencia para adquirir el 54,67% restante en manos de British Gas, asumiendo así el control indirecto de la distribuidora.

Si bien ENARGAS convalidó esa operación en abril de 2013 mediante la Resolución I/2566 —inscripta en el régimen de emergencia de la Ley 25.561 y en el proceso de renegociación de contratos—, el dictamen no derogó el artículo 34 ni otorgó una eximición permanente, sino que autorizó una estructura que mantenía latente la tensión regulatoria.

Esa tensión reapareció a fines de 2016, cuando el ente regulador requirió a MetroGAS un cronograma de adecuación a la ley, provocando la impugnación de YPF y la presentación de un esquema alternativo que, sin embargo, no zanjó el conflicto, el cual permaneció abierto en la documentación societaria durante los años posteriores. La cronología puede sintetizarse en cuatro hitos: la sanción de la ley en 1992; la toma de control por YPF entre 2012 y 2013; la intimación de ENARGAS en 2016; y la controversia administrativa iniciada en 2017, que se prolongó hasta la desinversión ahora anunciada.

En ese contexto, la venta de 2026 puede leerse como el cierre de una estructura que había quedado bajo permanente revisión, aunque con un matiz fundamental: Edenor, al ser una empresa de distribución eléctrica y no una productora de gas natural, no incurre en la prohibición de integración vertical del artículo 34, lo que allana el eventual escrutinio regulatorio desde ese ángulo.

La sombra de la deuda

Más allá del traspaso accionario, el proceso se ve atravesado por otra arista financiera y regulatoria. MetroGAS aprobó la distribución de $65.000 millones en dividendos —el primer reparto desde 2001—, sustentado en las ganancias acumuladas tras la recomposición tarifaria y los cambios en el sector. Dicho monto roza el saldo consolidado de $67.557 millones que la compañía reconoció ante Energía Argentina (Enarsa) en septiembre de 2025, originado en compras de gas entre agosto de 2019 y ese mes.

El acuerdo de pago estipula la cancelación de la mitad de esa deuda mediante fondos de un préstamo sindicado y la refinanciación del resto en nueve cuotas trimestrales con vencimiento hasta noviembre de 2027, durante las cuales el saldo devengará intereses a una tasa TAMAR más 8,15% anual. La simultaneidad entre el pago de dividendos y la vigencia de ese plan de pagos ha suscitado cuestionamientos sobre su compatibilidad con los criterios exigibles a una concesionaria de servicio público —en términos de cumplimiento financiero, inversiones y continuidad del servicio—, aunque no existe una prohibición expresa que lo impida.

Si bien suele atribuirse la desinversión de YPF a las restricciones verticales de la Ley del Gas, la nota subraya que no media una orden judicial ni administrativa firme que la obligue a vender, toda vez que la Resolución ENARGAS I-2566/2013 no fue anulada. De este modo, la operación aparece impulsada tanto por los antecedentes regulatorios derivados del artículo 34 como por una decisión empresaria de reasignación de recursos, en un escenario donde el polémico reparto de dividendos añade una capa extra de complejidad al proceso de transición accionaria.