El lunes 17 de agosto de 2026, Nadia Beller, abogada y expareja del operador político argentino Fernando Cerimedo, fue baleada mientras se hospedaba en un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Cerimedo, ex asesor del presidente argentino Javier Milei y figura vinculada al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz, fue detenido como principal sospechoso del ataque.

Lo que inicialmente habria sido una violenta disputa personal destapó un escándalo de corrupción que sacudiría hasta sus cimientos del sistema político de Bolivia.

Desde su cama de hospital, Beller lanzó duras acusaciones, vinculando a Cerimedo con negocios irregulares relacionados con combustible, oro y seguros. Afirmó que, al principio de su relación, presenció actividades ilegales de primera mano. “Fui testigo, a través de mi relación, de los acuerdos realizados por el gobierno de Rodrigo Paz, su esposa y la familia de esta, con él actuando como intermediario junto a otros”, declaró en una entrevista con La Nación. “Se trata de acuerdos relacionados con gasolina, diésel y oro”.

El método Cerimedo

Beller afirmó que Cerimedo no recibía un salario formal del Estado boliviano. En cambio, según ella, obtenía ingresos a través de contratos concertados con empresas privadas. “Las empresas le pagaban a él y a sus socios un salario complementario por estar presentes en países como Bolivia, donde orquestan campañas políticas. Su pago proviene de contratos que negocian con grandes empresas”, declaró Beller al diario La Nación . Especificó que se beneficiaba “de contratos, de facilitar pagos y de tratos con grandes empresas como las petroleras y proveedoras de combustible”.

No obstante, Beller declaró que Cerimedo tenía acceso a recursos estatales: una oficina, un vehículo oficial, una escolta policial que también le servía de chófer y tarjetas de identificación que lo acreditaban como asesor del presidente Rodrigo Paz. Además, alegó que ejercía influencia en múltiples agencias y empresas estatales y se movía con total libertad por los pasillos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Beller aseguró poseer mensajes, grabaciones y fotografías —incluidas imágenes de “cajones repletos de dinero en efectivo”— que corroborarían sus acusaciones.

Un torrente de adulteración

El escándalo que involucra a Cerimedo y al gobierno de Paz estalló en el contexto de una crisis aún mayor: la importación y distribución de combustible adulterado, junto con la compra de petróleo crudo a precios inflados. El asunto ya le había costado el puesto y la libertad al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, tras sólo unos meses en el cargo.

Medinaceli fue detenido en La Paz y trasladado esposado a la Fiscalía, donde enfrentó imputaciones por negligencia en el cumplimiento del deber y mala conducta económica. Se le acusó de autorizar la distribución de combustible adulterado, a pesar de las advertencias recibidas y de no tomar medidas para detener su comercialización.

Tres días después de su detención, el Sexto Juzgado Anticorrupción de La Paz le impuso arresto domiciliario con una fianza de 100.000 pesos bolivianos, prohibiéndole acercarse a la YPFB o a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y exigiéndole comparecer semanalmente ante la Fiscalía. El ex ministro mantuvo su inocencia durante la audiencia.

“La gasolina está sucia”

Los análisis técnicos de los tanques de almacenamiento de la petrolera estatal revelaron una composición alarmante: manganeso, residuos de caucho, agua sucia y aceite usado. Estos componentes dañinos, ajenos a cualquier estándar de calidad, transformaron la nafta en un veneno para los motores. La adulteración, que se prolongó durante varios meses, se operó con unos 5.000 camiones cisterna, lo que se calcula en unos 200 millones de litros de combustible, según estimaciones de expertos.

La distribución de esta la nafta adulterada, provocó graves fallas mecánicas, obstruyó sistemas de inyección y destruyó motores en más de 66.000 vehículos en todo el territorio boliviano. El descontento popular estalló de inmediato: transportistas y conductores particulares organizaron bloqueos masivos que paralizaron ciudades enteras y pusieron al gobierno contra las cuerdas.

Para mitigar la indignación social y frenar las protestas, YPFB activó un fondo de compensación económica que ya ha superado los US$ 1,2 millones de dólares en pagos a los afectados. Sin embargo, la magnitud de los daños y la lentitud en la tramitación de las reclamaciones generaron un clima de desconfianza que el dinero per sé no pudo disipar.

La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó un informe final que identifica a más de 50 presuntos responsables de negligencia y malversación en la cadena de custodia de hidrocarburos. El expediente legislativo señala una responsabilidad compartida entre la administración pública y actores privados, sentando las bases para futuras acciones penales.

Ministros y ejecutivos arrestados

La crisis obligó a una profunda reestructuración del aparato  institucional vinculado a los hidrocarburos. En cuestión de meses, la YPFB tuvo tres presidentes diferentes, lo que reflejaba la inestabilidad y el caos internos. Los contratos de recepción de gasolina con dos de las mayores multinacionales de materias primas —Vitol y Trafigura— fueron suspendidos temporalmente.

El vicepresidente Edmand Lara se distanció públicamente de Paz y no descartó la posibilidad de impulsar una comisión de investigación en la Asamblea. Para colmo, Lara relató que uno de sus colaboradores de confianza entró a su despacho con una alarmante advertencia: “No viajes, porque una persona cercana a Cerimedo —muy cercana— me dijo que van a atentar contra tu vida en Ecuador”.

Lo que comenzó como quejas aisladas sobre fallas mecánicas en vehículos particulares destapó una red de corrupción y negligencia que sacudió al gobierno de Rodrigo Paz, provocando la caída de ministros, la suspensión de contratos multimillonarios y una ola de protestas en todo el país.

Aguas abajo

En agosto se conoció que Cerimedo también había ingresado al negocio de compraventa de hidrocarburos, mediante la adquisición de una participación en Sanabria S.R.L., empresa radicada en Puerto General San Martín, a 35 kilómetros de Rosario. La compañía, originalmente dedicada a la explotación de una guardería náutica, fue reconvertida en proveedora de diésel para remolcadores de barcazas.

Se trata de un negocio estratégico, concentrado en un reducido número de operadores. Entre ellos se encuentra Trafigura, que cuenta con una flota fluvial y una terminal en Campana desde la cual abastece, a través del río Paraná, con productos derivados del petróleo al mercado local, así como a Paraguay y Bolivia.

Según consignó LPO, Surlibre Inversiones —sociedad controlada por Cerimedo— ingresó como socia de Sanabria S.R.L. y adquirió el 30 % de la compañía. La operación se concretó mediante la cesión de 100 cuotapartes por parte de los Sergio Ezequiel Amarilla y de otras 50 por parte de Iván Alberto Sanabria, sobre un capital integrado por un total de 500 cuotas.

El movimiento societario tuvo lugar dos meses después de la llegada de Iñaki Arreseygor a la Subsecretaría de Puertos, ocurrida en mayo de 2024. Arreseygor se encuentra al frente del proceso de privatización de la vía navegable.

De acuerdo con LPO, Toto Caputo le habría facilitado el negocio mediante la tramitación exprés de la reconversión de Sanabria, un proceso que, según esa publicación, resulta casi imposible de llevar adelante sin respaldo oficial. El expediente necesitó el visto bueno de la Agencia de Puertos, cuyo titular, Arreseygor, depende directamente del aval de Caputo, según fuentes del sector agropecuario.

“Prefectura debe habilitar la seguridad. Hay que tener llegada a lo más alto para instalar un kiosco en una plaza supermonopolizada”, afirmaron fuentes vinculadas al negocio.

Vitol y Trafigura bajo la lupa

Las investigaciones legislativas y judiciales bolivianas, se centraron en Vitol SA y el Grupo Trafigura, dos de las mayores multinacionales de comercio de materias primas del mundo, como principales proveedores del combustible. Ambas empresas concentraban una parte significativa del suministro de combustible importado al país, operando bajo un esquema que combinaba el suministro a crédito con la entrega a través de intermediarios como Botrading, una empresa subsidiaria constituida en Paraguay por YPFB.

El Ministerio de Hidrocarburos suspendió formalmente todos los contratos y la recepción de cargamentos de naftas, diésel y petróleo crudo de Vitol y Trafigura tan pronto como estalló la crisis. Pero la suspensión no ha bastado para disipar las dudas: según la prensa del altiplano, Bolivia tenía una deuda de casi U$S 700 millones con estos intermediarios antes de que la situación se agravara, lo que limitó la capacidad de negociación del Estado y generó una fuerte dependencia del suministro.

La triangulación

Si bien las empresas aducen haber suministrado combustible refinado -que aparentemente cumplía con las especificaciones técnicas- los informes parlamentarios y de la fiscalía determinaron que la responsabilidad por la adulteración estaba dividida en dos etapas.

Por un lado, el producto de origen —las naftas base suministradas por las multinacionales— contenía altos niveles de diolefinas, compuestos inestables que reaccionan muy rápido al oxígeno y  que ingresaban sin controles adecuados.

Esta laxitud regulatoria permitió que combustibles de baja calidad llegaran al territorio boliviano sin ser detectados correctamente, y esto no se debió a la falta de regulaciones u organismos de supervisión.

Por otro lado, la segunda etapa de adulteración, habría sido con posterioridad a la entrega a YPFB, y se habría perpetrado por parte de redes de contrabando a lo largo de las rutas logísticas desde los puertos chilenos. Allí, se habría sustituído el combustible original para venderlo en el mercado negro y se rellenaban los tanques con combustibles  o líquidos solubles de baja calidad antes de entregarlo a los depósitos de almacenamiento de la YPFB.

Según funcionarios con amplia experiencia en hidrocarburos, la laxitud en los controles sobre los operadores de transporte no fue casualidad y la segunda etapa de adulteración tendría como fin el enmascarar la adulteración original. La combinación de un producto inestable y el sabotaje sistemático durante el transporte creó una tormenta perfecta que puso al descubierto las vulnerabilidades del sistema de control de Bolivia.

Trafigura y un patrón controvertido

En las últimas dos décadas, Trafigura fue objeto de una serie de investigaciones, sanciones y controversias en múltiples jurisdicciones, que van desde firmes condenas judiciales por corrupción hasta desafíos políticos y administrativos en mercados estratégicos.

El esquema de Petrobras

Entre 2003 y 2014, la empresa participó en un esquema de sobornos dirigido a funcionarios vinculados a Petrobras para obtener contratos comerciales. En marzo de 2024, su empresa matriz se declaró culpable ante tribunales estadounidenses de conspiración para violar la legislación internacional anticorrupción, aceptando el pago de más de 120 millones de dólares en multas y decomisos. El caso tuvo repercusiones en Brasil, donde la empresa cerró las investigaciones con pagos adicionales en 2025, consolidando uno de los episodios más claros de corrupción sistemática en su historia reciente.

Angola y el escándalo Sonangol

Un patrón similar surgió en África. Entre 2009 y 2011, ejecutivos de Trafigura, incluido su entonces director de operaciones, organizaron el pago de sobornos a un funcionario angoleño para obtener contratos con la petrolera estatal Sonangol. El caso fue investigado en Suiza y culminó en enero de 2025 con una condena del Tribunal Penal Federal, que impuso sanciones económicas superiores a 140 millones de dólares a la empresa y penas individuales a sus ejecutivos. El mecanismo era directo: pagos ilegales canalizados a través de intermediarios para asegurar un acceso privilegiado al mercado petrolero.

Estados Unidos y la manipulación de materias primas

Paralelamente, en Estados Unidos, la empresa también fue sancionada en 2024 por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) por prácticas irregulares entre 2014 y 2019. Estas irregularidades incluyeron el uso indebido de información comercial confidencial obtenida de una entidad estatal mexicana, la manipulación de un índice de precios del fueloil en 2017 y la inclusión de cláusulas contractuales diseñadas para impedir que los empleados cooperaran con los reguladores. La resolución implicó el pago de 55 millones de dólares y confirmó un patrón de incumplimiento normativo en los mercados financieros energéticos

Costa de Marfil

El episodio más emblemático en términos de impacto social y ambiental sigue siendo el caso del buque Probo Koala . En 2006, los residuos tóxicos generados por las operaciones de la empresa fueron vertidos en Abiyán, Costa de Marfil, tras haber sido previamente rechazados en Europa.

En 2010, un tribunal neerlandés condenó a Trafigura por exportación ilegal de residuos peligrosos y por ocultar su verdadera naturaleza. La empresa pagó multas en Europa y alcanzó acuerdos multimillonarios con el gobierno marfileño y miles de víctimas, en un caso que se convirtió en un referente mundial sobre responsabilidad corporativa y daños ambientales.

Programa Petróleo por Alimentos

Otros episodios incluyen su admisión de responsabilidad en Estados Unidos en 2006 por declaraciones falsas en Irak, donde reconoció irregularidades en la comercialización de petróleo.

El 25 de mayo de 2006, Trafigura AG se declaró culpable ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas por dos cargos de ingreso de mercancías en Estados Unidos mediante declaraciones falsas. La compañía admitió haber vendido a empresas estadounidenses más de 500.000 barriles de petróleo iraquí cargados clandestinamente en 2001 en el petrolero Essex, presentándolos falsamente como obtenidos conforme al programa “Petróleo por Alimentos” de la ONU.

Como parte del acuerdo, aceptó entregar U$S 9,9 millones correspondientes al producto de las ventas y pagar otros U$S 9,9 millones en sanciones penales y civiles. Por tanto, no se trató únicamente de una acusación negada por Trafigura: existió una declaración de culpabilidad y una admisión formal de que se utilizaron manifestaciones falsas para introducir y comercializar el crudo en Estados Unidos.

El caso ANCAP

En Uruguay la empresa fue mencionada en el llamado “caso ANCAP”, que investigó irregularidades en negocios petroleros entre 2012 y 2017. No hubo condena judicial contra Trafigura, pero sí surgieron interrogantes políticos y parlamentarios sobre su papel como intermediario en operaciones con condiciones que carecían de transparencia para la empresa estatal. El caso reflejó más un problema de gobernanza y opacidad contractual que un delito probado, pero dejó abierta la discusión sobre la influencia de los intermediarios globales en los mercados públicos.

Un patrón consistente

En conjunto, estos episodios muestran un patrón constante: allí donde las investigaciones avanzaron con suficiente capacidad institucional —como en Estados Unidos, Suiza o los Países Bajos— surgieron pruebas, condenas o acuerdos multimillonarios por soborno, fraude o delitos ambientales. Por el contrario, en contextos con menor capacidad de supervisión o mayor opacidad estatal —como algunos países latinoamericanos o africanos— las acusaciones tendieron a quedarse en el ámbito de la denuncia política, la investigación inconclusa o la controversia pública.

MRM