En la provincia de Buenos Aires, el suministro eléctrico en el interior enfrenta una problemática histórica debido a frecuentes interrupciones, baja calidad del servicio y falta de infraestructura adecuada. Estas dificultades afectan tanto a hogares como a unidades productivas en zonas rurales y pequeñas localidades, donde las tarifas actuales no compensan las fallas en el abastecimiento.

Con el objetivo de abordar esta situación, el diputado provincial Valentín Miranda, de la Unión Cívica Radical (UCR), presentó un proyecto de ley ante la Legislatura bonaerense para establecer el Régimen Provincial de Fortalecimiento Energético mediante Generación Renovable y Almacenamiento. La iniciativa, respaldada por las legisladoras Alejandra Lordén y Priscila Minnaard, busca promover inversiones públicas, privadas y mixtas para desarrollar parques solares fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento energético y obras complementarias en las áreas con mayores restricciones de suministro.

El proyecto no pretende reemplazar las obligaciones contractuales de las empresas distribuidoras, sino crear un marco legal que facilite la planificación y ejecución de obras renovables en zonas donde el sistema convencional no garantiza continuidad ni calidad. Para ello, contempla herramientas específicas como un mapa territorial de zonas críticas, un banco de tierras para la instalación de infraestructura solar, incentivos fiscales y requisitos de empleo local.

En palabras de Miranda, “Buscamos brindar una solución real y sustentable a miles de vecinos y sectores productivos del interior que sufren interrupciones frecuentes en el suministro de luz”. Además, aclaró: “No venimos a reemplazar las obligaciones que las empresas distribuidoras tienen por contrato, sino a sumar una herramienta innovadora de planificación territorial que transforme necesidades concretas en obras reales y en más empleo para la provincia”.

El proyecto establece la creación del Mapa Provincial de Áreas Prioritarias de Fortalecimiento Energético, que servirá para identificar las zonas donde la intervención es más urgente. Este diagnóstico considerará la frecuencia de cortes, la calidad del servicio y la capacidad instalada en cada tramo de la red, asegurando que las inversiones se orienten según datos objetivos.

Además, se propone el Banco Provincial de Tierras Energéticas, destinado a identificar y poner a disposición terrenos fiscales y privados aptos para la rápida instalación de infraestructura solar. Para proyectos privados, se contempla la concesión gratuita de suelo por 20 años, con el fin de reducir costos iniciales y atraer inversiones a regiones tradicionalmente poco atractivas.

Para incentivar la radicación de capitales en las zonas más postergadas, el proyecto ofrece un paquete fiscal vigente por 15 años, que incluye exenciones en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario e Impuesto a los Sellos, además de estabilidad fiscal y líneas de crédito preferenciales a través del Banco Provincia.

El acceso a estos beneficios estará condicionado al cumplimiento de compromisos locales: las empresas deberán contratar al menos un 70% de personal domiciliado en la provincia de Buenos Aires y destinar un mínimo del 50% de sus adquisiciones y contrataciones a proveedores bonaerenses. Estas medidas buscan que el crecimiento generado por los proyectos solares se traduzca en empleo genuino y desarrollo productivo para las comunidades beneficiadas.

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