La Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) ubicada en Arroyito, Neuquén, podría reactivarse tras una década sin producción gracias a una propuesta de modernización presentada por las empresas Saesa y Spark. El proyecto, que contempla una inversión superior a 120 millones de dólares, busca poner en funcionamiento al menos una de las líneas productivas en un plazo de tres años.

El 19 de mayo, ambas compañías llevaron su iniciativa al Ministerio de Economía, que junto con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), propietaria de las instalaciones, comenzó a analizar la propuesta. Juan Bosch, CEO de Saesa, señaló que el agua pesada tiene una demanda significativa no solo en la energía nuclear, sino también en sectores como la medicina y la industria farmacéutica.

El plan se apoya en el desarrollo actual de Vaca Muerta, usando el gas extraído de esta formación no convencional para abastecer la planta. Bosch confirmó que ya se firmaron preacuerdos con algunas operadoras de la cuenca y que las conversaciones continúan avanzando. Además, estimó que la reactivación podría generar cerca de 200 empleos directos.

Desde 2017, cuando la planta dejó de operar durante el gobierno de Mauricio Macri, la PIAP ha sido objeto de varios intentos de reactivación sin resultados concretos. Incluso se propusieron alternativas para reconvertir el complejo, como la producción de fertilizantes. El gobierno neuquino también realizó una ronda de consultas con potenciales inversores internacionales a mediados de 2025 para impulsar el interés privado.

Saesa busca producir agua pesada y ha recibido buena recepción en mercados internacionales, especialmente en Europa, donde cuenta con una oficina comercial. Tras la presentación formal, el Ejecutivo nacional podría declarar de interés público el proyecto y convocar a una licitación pública para concesionar la planta, proceso en el que la propuesta de Saesa y Spark competirá en igualdad de condiciones.

En relación con los plazos, Bosch explicó que no existe un límite temporal impuesto por la normativa nacional, por lo que el avance dependerá del aval gubernamental y la demanda del mercado. “Nuestro planteo es que pertenezca al Estado, pero con una concesión para que se pueda modernizar y luego aprovechar en términos de producción”, afirmó.

La planta, inaugurada en 1993 durante la presidencia de Carlos Menem, alcanzó su pico de producción en 1998 y luego comenzó un declive que culminó con su paralización dos décadas después. Durante los últimos nueve años, solo se realizaron trabajos de mantenimiento con presupuestos limitados.

Bosch remarcó la oportunidad que representa la reactivación para Vaca Muerta, ya que la planta podría procesar hasta 600.000 metros cúbicos de gas por día, transformando este recurso en un producto de exportación con alto valor agregado. Esto permitiría integrar a Argentina en las principales cadenas productivas globales de energía nuclear, salud, biotecnología y farmacéutica.

El próximo paso sería realizar un estudio técnico para evaluar el estado actual de la PIAP, que desde su cierre solo ha contado con mantenimiento básico. Saesa y Spark confían en que esta iniciativa podrá dinamizar la economía regional y fortalecer la industria energética nacional a través de esta planta emblemática.

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