Varios diputados nacionales de la oposición presentaron un proyecto de Resolución expresando su “repudio frente a la exposición del secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, en el plenario de comisiones del 3 de junio de 2026, en el marco del debate por el proyecto denominado “Súper RIGI”.

Los legisladores refirieron que el funcionario “afirmó que las inversiones adheridas al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) eran nuevas en su totalidad, contradiciendo documentación empresarial y normativa provincial”.

Asimismo, solicitaron al Poder Ejecutivo “el cumplimiento de la obligación constitucional de emitir información veraz, rigurosa y respaldada con datos objetivos, garantizando así el respeto a la división de poderes y el derecho al acceso a la información pública de toda la población”.

La presentación fue impulsada por los diputados María Jimena López, Hilda Aguirre, Carlos Castagneto, Ana María Ianni; Adriana Sarquis, y Hugo Yasky.

Señalan que “González dijo ante el Congreso que el RIGI no tiene costo fiscal porque los proyectos que subsidia no habrían existido sin el régimen. El problema: es mentira, y se prueba con los propios documentos de las empresas”.

Tres datos que lo demuestran:

El acuerdo del proyecto de GNL Southern se firmó tres días antes de que el RIGI fuera ley. Está registrado ante la SEC de Estados Unidos con responsabilidad legal.

Rio Tinto compró el proyecto de litio Rincón en 2021 por U$S 825 millones, tres años antes del RIGI. Cuando anunció la expansión que hoy figura en el régimen por U$S 2.299 millones, no mencionó al RIGI en ninguna parte de su comunicado.

El Parque Solar El Quemado ya tenía dos meses de obras cuando pidió adherirse al RIGI. Lo aprobaron igual.

“Lo que esto significa, señalaron los legisladores, es que el Estado está entregando 30 años de beneficios fiscales a proyectos que ya iban a hacerse. Si los proyectos son preexistentes, el costo fiscal no es cero. Es enorme. Y González lo sabe”. El proyecto exige que el Ejecutivo vuelva al Congreso a dar información veraz, rigurosa y verificable.

El texto del Proyecto de Resolución señala que “Los proyectos documentados en los fundamentos del presente no pretenden ser un análisis exhaustivo del RIGI ni de su impacto económico. Son ejemplos suficientes para demostrar que, ante este Congreso, el secretario González incurrió en alguna de las siguientes situaciones, todas ellas igualmente inaceptables para un funcionario del Poder Ejecutivo Nacional:

“O bien mintió deliberadamente, sabiendo que los proyectos que citó como prueba del poder transformador del RIGI existían con anterioridad al régimen y habrían sido ejecutados de todas formas; o bien desconoce los proyectos que administra, no habiendo consultado los propios comunicados regulatorios de las empresas beneficiarias antes de concurrir a informar al Poder Legislativo; o bien el Estado asignó beneficios fiscales extraordinarios por 30 años sin verificar la adicionalidad de las inversiones que estaba subsidiando, lo que constituye una negligencia grave en el ejercicio de la función pública”, señala el documento.

Cualquiera de estas tres alternativas justifica el repudio que este proyecto y exige, como mínimo, que el Poder Ejecutivo concurra nuevamente ante este Cuerpo a brindar información veraz, rigurosa y verificable, reclaman.