El escenario minero argentino ingresa en una etapa marcada por la superposición de ciclos productivos. Mientras algunas provincias sostienen operaciones consolidadas que explican empleo y economía regional, otras concentran expectativas en proyectos aún en evaluación. Ese desfasaje temporal condiciona decisiones públicas y privadas, y expone riesgos que van más allá de la rentabilidad inmediata.

Uno de los puntos que comienza a ganar peso es el intervalo entre el cierre progresivo de minas maduras y la puesta en marcha de nuevos emprendimientos. Ese lapso no resulta neutro para el empleo ni para los territorios. Técnicos, operarios y proveedores especializados no se trasladan de forma automática, y muchas veces enfrentan la disyuntiva entre migrar o salir del circuito productivo.

En ese contexto, Santa Cruz aparece como un caso representativo, aunque no único. La provincia construyó durante años una economía minera apoyada en el oro y la plata, con miles de puestos de trabajo directos e indirectos y una red de proveedores locales. Hoy, varias de esas operaciones operan en una fase avanzada de explotación, con límites geológicos y costos que presionan sobre su continuidad.

A ese cuadro se suma la discusión impositiva sobre la plata, que mantiene vigentes derechos de exportación aun cuando el oro quedó exento desde comienzos de 2024. La diferencia genera un impacto directo en la capacidad de reinversión, sobre todo en yacimientos que requieren exploración intensiva para extender su vida útil.

Desde el gobierno provincial, Claudio Vidal señaló que esa asimetría reduce recursos necesarios para sostener actividad y empleo. El planteo apunta a corregir una distorsión que condiciona decisiones operativas, sin trasladar mayores cargas a otros segmentos del sector.

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La situación se vuelve visible en Mina San José, una explotación que ya transita una etapa avanzada y depende de nuevas campañas exploratorias para sostener producción. Las retenciones sobre los concentrados y barras de plata limitan esa posibilidad, al afectar fondos que podrían destinarse a trabajos de exploración y mantenimiento de la operación.

Frente a ese riesgo, las provincias comenzaron a reforzar sus marcos regulatorios en materia de empleo y proveedores. En Santa Cruz, la aprobación de la Ley 90/10 elevó las exigencias de contratación de mano de obra local y fortaleció los mecanismos de control. La decisión respondió a la necesidad de preservar trabajo y actividad en un contexto de retracción productiva.

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La tendencia no se limita a una sola jurisdicción. San Juan discute esquemas similares mientras evalúa proyectos de cobre de gran escala, y Catamarca, Jujuy y Salta mantienen porcentajes de contratación con registros obligatorios. En contraste, Mendoza optó por un enfoque más flexible tras avalar el Informe de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge, en línea con su necesidad de atraer inversiones ante la ausencia de minas en producción.

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Fuente: LU17

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