Por Redacción Runrún Energético

La aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma laboral, junto con la consolidación del Régimen de Incentivo a la Mediana Inversión (RIMI), marca el inicio de un cambio de paradigma para la cadena de valor del sector energético y minero. Mientras el RIGI se enfoca en los “proyectos coloso”, el RIMI apunta al corazón de la industria nacional, ofreciendo beneficios fiscales a inversiones de entre u$s 150.000 y u$s 30 millones.

Para las empresas de servicios petroleros y metalmecánicas vinculadas a Vaca Muerta y la minería, este esquema permite una amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución inmediata de saldos a favor de IVA en la compra de bienes de capital, transformando radicalmente el flujo de caja operativo de las Pymes industriales.

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La arquitectura financiera del RIMI es contundente: según análisis técnicos, la posibilidad de amortizar equipamiento pesado en una sola cuota (100%) incrementa el Valor Actual Neto (VAN) del beneficio impositivo en más de un 40%, reduciendo drásticamente el tiempo de recupero de la inversión. En un contexto donde la reforma laboral introduce mayor previsibilidad en los costos de contratación y reduce la litigiosidad mediante la creación del fondo de cese, las empresas del sector ahora cuentan con un horizonte de seguridad jurídica para expandir sus plantillas.

Esta sinergia legislativa busca que el derrame de las grandes inversiones mineras y petroleras sea capturado por proveedores locales, fortaleciendo el entramado productivo y garantizando que el crecimiento sea sistémico y no solo de enclave.

Visión de Runrún Energético

Desde Runrún observamos que el RIMI es el eslabón perdido que la industria energética necesitaba para que el crecimiento de la oferta no se tope con cuellos de botella en los servicios. No hay Vaca Muerta ni Distrito Vicuña exitosos sin una red de proveedores robusta.

Al combinar flexibilidad laboral con incentivos fiscales de amortización rápida, el Gobierno está bajando el costo de capital para la empresa argentina. Este es el verdadero “plan de desarrollo de proveedores”: uno que no se basa en subsidios, sino en permitir que el privado reinvierta sus utilidades con una presión impositiva lógica y reglas de juego claras.

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