El Gobierno de Río Negro ha dado un paso trascendental y largamente esperado al presentar formalmente el proyecto para actualizar su esquema de distribución de regalías hidrocarburíferas. Este sistema, que se mantuvo vigente desde 2004, era considerado completamente obsoleto e injusto ante la profunda transformación y la masiva expansión de la actividad petrolera y gasífera que ha experimentado la provincia en los últimos años.
La presentación de esta nueva metodología estuvo a cargo de la Secretaria de Hidrocarburos, Mariela Moya, en un proceso de diálogo y transparencia que se inició con los intendentes de los municipios directamente productores, y que se amplió posteriormente a los representantes de la totalidad de los 39 municipios rionegrinos. El objetivo central es lograr un esquema más equitativo, técnico y dinámico.

El Impulso Ineludible de Vaca Muerta
El vertiginoso crecimiento de la actividad hidrocarburífera no convencional, impulsado principalmente por la extensión de la formación Vaca Muerta hacia nuevas áreas del Alto Valle y el Valle Medio rionegrino, desnudó las falencias y distorsiones del esquema de 2004.
El antiguo sistema no lograba reflejar la realidad productiva y generaba marcadas inequidades. Por un lado, existían municipios que sufrían un impacto ambiental, social y logístico directo o indirecto significativo a causa de la actividad petrolera (mayor tránsito de camiones, infraestructura de servicios exigida, etc.) y que, sin embargo, no percibían regalías.
Por otro lado, algunas comunas mantenían porcentajes de participación heredados que ya no guardaban ninguna correspondencia con el volumen de producción actual en sus ejidos. La nueva propuesta busca corregir de raíz estas distorsiones históricas.
Los Pilares de la Nueva Metodología: Un Enfoque Técnico y Dinámico
La provincia ha introducido un sistema significativamente más técnico, auditable y verificable, basándose en la utilización de datos oficiales de producción y declaraciones juradas de las operadoras. Los cambios estructurales más relevantes son:
- Zonificación Estratégica en Cuatro Áreas Productoras: Se establecerá una clara diferenciación del territorio provincial en cuatro zonas o áreas productoras. Esta zonificación se basará en criterios técnicos como la intensidad de la actividad, la concentración de yacimientos y la cercanía a los principales centros de extracción y procesamiento.
- Ampliación del Universo de Beneficiarios: Reconociendo el impacto indirecto, la nueva metodología incorpora a cinco nuevos municipios como beneficiarios directos de las regalías: Mainqué, Ingeniero Huergo, General Enrique Godoy, Villa Regina y Chichinales. Este es uno de los puntos centrales para garantizar una distribución más justa en el Valle Medio.
- Creación del Índice de Distribución Anual (IDA): El IDA se convierte en la columna vertebral del nuevo esquema. Es un coeficiente variable que combina de manera ponderada las variables de producción, distancia e infraestructura de pozos, asegurando que la distribución se adapte anualmente a la evolución real de la actividad.
Detalle del Cálculo: El Índice de Distribución Anual (IDA)
El cálculo del IDA está diseñado para ser sensible a la realidad operativa de cada municipio y se compone de la ponderación de dos variables esenciales:
- Producción – Distancia (Factor de Impacto Indirecto):
- Esta variable toma como base la producción hidrocarburífera (petróleo y gas) registrada durante el año anterior en cada yacimiento.
- Introduce un concepto clave de impacto indirecto, reconociendo los efectos de la actividad hasta un radio de 100 kilómetros de la fuente productora.
- La distribución dentro de ese radio se realizará de forma inversamente proporcional a la distancia: cuanto más cerca se encuentre el municipio del pozo o yacimiento, mayor será su ponderación en este factor, corrigiendo el sesgo de solo beneficiar al pozo “cero”.
- Infraestructura de Pozos (Factor de Afectación Territorial):
- Este componente busca reconocer el uso y la afectación real del suelo y la infraestructura municipal.
- Se establece una ponderación del 70% para los pozos con producción (que generan impacto constante y tránsito) y un 30% para los pozos sin producción (que, aunque no generen renta inmediata, sí requieren de un espacio y una afectación territorial para su mantenimiento, exploración o abandono) dentro del ejido municipal.
El hecho de que ambos factores se actualizarán cada año es fundamental para la transparencia y la equidad del sistema, permitiendo que la distribución de las regalías se ajuste de forma dinámica a la evolución real de la producción y la exploración en cada zona.Implicancias de la Nueva Metodología para los Gobiernos Locales
La implementación de este nuevo sistema de distribución tendrá efectos profundos y positivos para la gestión municipal y el desarrollo provincial:
- Mayor Equidad: Se amplía de manera significativa el universo de municipios que recibirán ingresos por regalías, ya sea por impacto directo (donde está el pozo) o indirecto (municipios de paso o logísticos).
- Proporcionalidad y Transparencia: La distribución de los fondos será estrictamente proporcional a la producción real y al nivel de afectación territorial, dejando de lado los porcentajes rígidos y desactualizados del pasado.
- Reconocimiento del Costo Social: Se reconocerán por primera vez las zonas que se ven afectadas por el tránsito pesado, la exigencia de servicios públicos y la actividad logística asociada a la explotación, permitiendo a esos municipios contar con recursos para mitigar esos impactos.
- Validación Detallada: El proceso incluye el inicio de un exhaustivo trabajo técnico de validación “pozo por pozo” con la participación activa de cada municipio, asegurando la confiabilidad de los datos de base.
Próximos Pasos
La presentación formal de la propuesta marca el hito inicial de un proceso que requerirá un intenso trabajo de cooperación. Durante las próximas semanas, los equipos técnicos de la Secretaría de Hidrocarburos y la Secretaría de Energía trabajarán codo a codo con cada gobierno municipal. La agenda inmediata incluye:
- Revisión y validación detallada de la información catastral y productiva.
- Ajuste fino de los índices de distribución preliminares.
- Consenso para avanzar hacia la definición de un esquema definitivo.
El nuevo esquema deberá ser formalizado y blindado mediante la emisión de la normativa provincial correspondiente, garantizando su estabilidad y aplicación a largo plazo.
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