Por Santiago Magrone

El ministerio de Economía anunció que “en el marco de la reunión de Directorio, Energía Argentina S.A. (ENARSA) acordó la resolución de controversias con los contratistas a fin de emprender la reanudación de las obras de construcción de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz”, que fueran adjudicadas y encaradas durante el segundo gobierno de Cristina Fernández, y que acumulan un muy fuerte retraso respecto de los cronogramas originales.

El entendimiento alcanzado ahora mediante la firma de una nueva Adenda en el contrato con la firma adjudicataria, que encabeza la empresa china Gezhouba, busca ordenar un conflicto que se arrastraba desde hace años y que había frenado el avance del proyecto.

“En particular, la represa Jorge Cepernic, la de menor tamaño dentro del complejo (la otra es la represa Néstor Kirchner), es la que presenta el mayor grado de ejecución y alcanza actualmente un 46 % de avance, por lo que su reactivación es prioritaria para acelerar resultados concretos y recuperar el ritmo de obra”, explicó el Ministerio de Economía de la Nación.

Las represas (cuya denominación histórica eran Condor Cliff y La Barrancosa) fueron proyectadas para el aprovechamiento hidroeléctrico de Río Santa Cruz y su aporte al Sistema Interconectado Nacional. Su concreción implicaba incrementar 12 por ciento la potencia instalada hidroeléctrica del país al sumar 360 MW (JC) y 950 MW (NK).

Fueron licitadas en 2013 y su construcción contaba con amplio financiamiento de bancos de China, debían estar listas en 2023. Sin embargo, decisiones adoptadas durante administraciones anteriores, en particular durante el gobierno de Mauricio Macri frenaron su ejecución. De hecho se procuró desplazar del proyecto a socios locales (Electroingeniería).

El consorcio adjudicatario para la construcción de las dos usinas hidroeléctricas es la Unión Transitoria de Empresas (UTE) liderada por la china Gezhouba Group (54 %), junto con la argentina Eling Energía (36 %) y Hidrocuyo (10 %).

“El proceso quedó atravesado por incumplimientos contractuales (el Estado argentino debía realizar aportes parciales), falta de actualizaciones de precios frente al aumento de costos y una acumulación de reclamos que derivaron en la ralentización y posterior virtual detención del proyecto. Desde 2016 no se había cumplido el contrato, ni se habían efectuado redeterminaciones de precio”, describe ahora el gobierno.

Y agrega que “como consecuencia, la contratista (que venía realizando fuertes desembolsos) acumuló reclamos por más de U$S 700 millones, mientras que entre ambas represas sólo se ejecutaron aproximadamente U$S 1.800 millones. Para completar las dos obras, se estima que aún se requieren U$S 5.000 millones de inversión”, calculó Economía. Al momento de la licitación y adjudicación del proyecto se calculó una inversión total de 4.700 millones de dólares.

“Con esta decisión, ENARSA avanza en la regularización de condiciones y el encauzamiento de disputas heredadas para asegurar que se retome la construcción con un cronograma verificable, comenzando por los frentes asociados a la represa Jorge Cepernic. En este marco, se prevé que la represa Jorge Cepernic podría finalizarse en 2030, aportando 1.860 GWH al Sistema Argentino Interconectado (SADI), con una potencia instalada de 360 MW”, se puntualizó. Pero no se precisó que ocurrirá con la otra central hidroeléctrica.

Economía indicó que “la medida se enmarca en el proceso de normalización del sector y en la decisión del Gobierno Nacional de ordenar contratos y resolver controversias pendientes, respetando los compromisos asumidos por el país”. Esta afirmación sugiere además un cambio del criterio original de rechazo por parte de la Administración Milei respecto de la relación política y económica con China.

El país asiático, cabe recordar, habilitó hace varios años un Swap financiero en favor de la Argentina. En abril de 2025, renovó por 12 meses una línea activa por el equivalente a U$S 5.000 millones. Vale decir que en las próximas semanas China decidirá si vuelve a renovarlo. Por este mecanismo, el Banco Popular de China entrega yuanes al Banco Central, y a cambio recibe pesos argentinos. El esquema favorece la acumulación temporal de reservas en el BCRA.