La minería argentina está frente a una contradicción difícil de justificar. Sobre el papel, el país tiene 310 proyectos distribuidos en todas las provincias cordilleranas. En la realidad, apenas 26 están en producción.
El resto espera permisos, definiciones técnicas o simples firmas que no llegan. Y mientras tanto, el mundo demanda minerales críticos con una urgencia que no admite demoras.
Las empresas que hoy están invirtiendo describen un escenario curioso: hay capital, hay geología, hay equipos listos para trabajar. Lo que falta es que el Estado —en todos sus niveles— procese trámites con la velocidad que exige una industria que opera con cronogramas estrictos y financiamiento internacional.
Los permisos ambientales tardan más de lo previsto. Las autorizaciones para avanzar etapas pasan por varias oficinas que no siempre se hablan entre sí. Y la interpretación de normas clave cambia según quién revise el expediente. En un sector donde cada mes de espera se traduce en millones de dólares inmovilizados, esa lentitud se vuelve un freno real.
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El RIGI ordenó el frente financiero y permitió que proyectos que estaban congelados encontraran una vía para avanzar. Pero la estructura administrativa no se adaptó al nuevo escenario. Las compañías no piden excepciones ni privilegios: piden que el Estado funcione con criterios claros, tiempos razonables y decisiones técnicas basadas en evidencia.
La Ley de Glaciares es otro punto donde la falta de definiciones concretas genera incertidumbre. No por su objetivo —que nadie discute— sino por la ausencia de criterios científicos homogéneos para delimitar áreas sensibles. Esa indefinición mantiene en pausa proyectos de cobre y oro que podrían estar en otra etapa si existiera un marco técnico actualizado.
Mientras tanto, la competencia regional no espera. Chile y Perú ya resolvieron sus cuellos de botella y captan inversiones que podrían venir a la Argentina. La transición energética global empuja la demanda de litio, cobre y plata, y los países que logren convertir su potencial en producción serán los que ocupen un lugar central en las cadenas de valor.
La minería argentina tiene una oportunidad histórica. Pero esa oportunidad no se materializa con discursos ni con anuncios: se materializa con decisiones administrativas que acompañen el ritmo productivo.
Si el país quiere que esos 310 proyectos dejen de ser carpetas y se conviertan en actividad real, necesita un Estado que funcione a la velocidad del momento. De lo contrario, la ventana se va a cerrar en otra geografía.
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