El Ministerio de Minas y Energía expidió laResolución 40178 / 2026, que define las reglas generales para la implementación de mecanismos de contratación a largo plazo de energía limpia e introduce un cambio estructural al integrar el almacenamiento dentro de las subastas renovables.
¿Por qué? El nuevo marco permite integrar en un mismo mecanismo proyectos de generación, baterías, transmisión y distribución, marcando un cambio estructural en la planificación del sistema.
Esta normativa, junto con el Decreto 1091 del 16 de octubre de 2025, habilita al Gobierno a convocar mecanismos competitivos sin depender de nuevas reglas en cada proceso.
El punto más llamativo es la inclusión explícita del almacenamiento como componente del sistema eléctrico, permitiendo gestionar la variabilidad de las fuentes renovables y mejorar la confiabilidad operativa. En este nuevo esquema, las subastas dejan de centrarse únicamente en generación y pasan a contemplar soluciones integrales.
En línea con ello, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, sostuvo: “Este nuevo modelo de contratación permitirá la suscripción de contratos de energía de largo plazo con una duración de hasta 15 años, otorgando previsibilidad a los desarrolladores y facilitando el financiamiento de proyectos».
Al mismo tiempo, el diseño responde a la necesidad de diversificar la matriz energética y fortalecer la resiliencia frente al cambio climático, promoviendo la incorporación de nuevas tecnologías y el uso eficiente de los recursos disponibles.
El nuevo esquema fija condiciones de largo plazo para atraer inversión y reducir la volatilidad tarifaria, uno de los principales desafíos del sector eléctrico colombiano. La adjudicación se realizará mediante un algoritmo de optimización que combina ofertas de compra y venta, con el objetivo de maximizar el beneficio para el usuario final y garantizar eficiencia en costos.
El regreso de las subastas renovables a Colombia: ¿podrá esta vez llegar la energía a operación?
A su vez, el Ministerio podrá convocar estos mecanismos en función de las condiciones del mercado, riesgos de desabastecimiento o metas de política energética, lo que introduce mayor flexibilidad en la planificación del sistema.
En paralelo, el Gobierno anticipa la implementación del esquema en el corto plazo. En ese sentido, Palma señaló: “Incorporará de manera integral proyectos con fuentes de energía limpia, sistemas de almacenamiento con baterías y diferentes productos horarios”, consolidando un modelo más flexible y robusto.
La resolución también redefine las obligaciones de los actores del mercado, estableciendo que los generadores deberán garantizar la entrada en operación de los proyectos y cumplir con cronogramas técnicos, mientras que los comercializadores deberán asegurar el pago de la energía contratada mediante garantías financieras.
Además, el esquema incorpora un sistema de garantías basado en criterios de proporcionalidad, necesidad y eficiencia económica, evitando barreras de entrada y promoviendo una participación más amplia de agentes.
En términos institucionales, se introduce una entidad encargada de administrar el mecanismo, centralizando contratos, garantías y procesos, lo que mejora la transparencia y ejecución de las subastas.
Finalmente, el impacto esperado se traslada al usuario final, en línea con el objetivo de lograr un sistema más competitivo, con mayor disponibilidad de suministro y menor exposición a escenarios de escasez.
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