La modificación de la Ley de Glaciares, aprobada con 137 votos a favor, redefine el concepto de ambiente periglacial y otorga mayor precisión técnica al inventario que determina qué zonas deben ser protegidas.
La industria minera venía reclamando esta actualización desde hace más de una década, argumentando que la redacción original generaba incertidumbre jurídica y bloqueaba proyectos metalíferos de escala internacional. Con la nueva normativa, las provincias recuperan protagonismo en la validación técnica y se elimina la interpretación expansiva que impedía avanzar en áreas sin función hídrica efectiva.
El cambio regulatorio reactivó de inmediato el interés inversor. Proyectos como Vicuña, El Pachón y Los Azules en San Juan; MARA en Catamarca; y Taca Taca en Salta —todos pórfidos de cobre de clase mundial— vuelven a estar en agenda.
Son iniciativas que requieren inversiones por USD 30.000 millones, con capacidad para transformar la matriz exportadora argentina en menos de una década. El cobre, mineral crítico para la electrificación global, es el eje de esta nueva ola: autos eléctricos, transmisión, energías renovables y digitalización sostienen una demanda internacional en máximos históricos.
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La Cámara Argentina de Empresarios Mineros estima que el sector ya emplea a más de 100.000 personas entre puestos directos e indirectos, y que la reactivación de estos proyectos podría duplicar ese número.
La construcción de una mina de cobre demanda entre 5.000 y 10.000 trabajadores, además de una cadena de proveedores que incluye metalmecánica, perforación, transporte, servicios ambientales, ingeniería, campamentos, mantenimiento industrial e instrumentación. La minería opera con estándares internacionales —HMS/TSM, ISO— y recircula entre 70% y 90% del agua utilizada, un dato que las provincias destacan para sostener la licencia social.
Desde la óptica de Runrun, la reforma no solo corrige una ley que había quedado desfasada: redefine la competitividad de las provincias cordilleranas y abre una ventana de desarrollo comparable al agro y Vaca Muerta.
La claridad normativa permite planificar inversiones de largo plazo, atraer capital internacional y expandir la participación de proveedores argentinos en una industria que demanda escala, tecnología y continuidad. Con reglas más precisas y un contexto global favorable, la minería vuelve a posicionarse como uno de los motores estratégicos de la economía nacional.
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