México avanza en una transformación estructural de su mercado eléctrico con la publicación de nuevas disposiciones de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y los mecanismos de adquisición del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), que consolidan al almacenamiento como un activo clave para la confiabilidad del sistema.

Publicadas el 3 de abril de 2026, estas medidas responden a una creciente presión sobre la demanda eléctrica —impulsada, entre otros factores, por los data centers— y a limitaciones estructurales del sistema.

El nuevo esquema permite al CENACE adquirir Energía, Potencia y Productos Asociados tanto de centrales eléctricas como de sistemas de almacenamiento privados, configurando un modelo dinámico basado en pronósticos de demanda, condiciones climatológicas y contingencias operativas.

Claudio Rodríguez Galán, Co-Head Latin American Practice Group de DWF, apuntó: «Detectamos una flexibilidad administrativa interesante que busca coadyuvar los tiempos y requisitos que se requiere para obtener dicha Confiabilidad. Esta flexibilidad es obvia, necesaria y bienvenida».

Uno de los avances más relevantes es la incorporación de mecanismos de flexibilidad operativa, como la interconexión temporal y la figura de participante de mercado temporal, que permiten agilizar la entrada de nueva capacidad.

Según Rodríguez Galán, “se permite la obtención de interconexión temporal post registro de interés”, lo que reduce barreras iniciales para proyectos en desarrollo.

En paralelo, el nuevo modelo económico introduce el concepto de precio monómico, que integra todos los costos en una única oferta y redefine la lógica de ingresos de los proyectos.

Sin embargo, el nuevo marco también genera señales de alerta en materia de inversión, particularmente por la transferencia de riesgos hacia el sector privado. Rodríguez Galán advirtió que “existen elementos que pudieran afectar el apetito de Unidades de Centrales Eléctricas o Sistemas de Almacenamiento a participar”, lo que introduce incertidumbre en el desarrollo del mercado.

Entre los principales desafíos, se destaca la ausencia de incentivos como los Certificados de Energías Limpias (CELs), lo que limita el potencial de ingresos adicionales para los proyectos de almacenamiento.

A esto se suma un esquema contractual rígido que restringe la capacidad de gestionar riesgos macroeconómicos.

Según el ejecutivo, “un cambio de condiciones económicas, tipo de cambio o indisponibilidad de combustibles no pueden reclamarse como fuerza mayor”, lo que incrementa la exposición financiera de los desarrolladores.

El modelo también establece que el sector privado asume la totalidad de responsabilidades técnicas, legales y operativas, consolidando un esquema donde el riesgo recae casi exclusivamente en los inversionistas. En palabras del especialista, “los actos jurídicos y garantías están a cargo del privado, sin responsabilidad para el CENACE”, lo que redefine el balance riesgo-retorno del sector.

Adicionalmente, la exigencia de garantías cercanas a 100.000 pesos por MW y la fijación de precios únicos, fijos e invariables durante toda la duración contractual introducen rigideces que impactan en la bancabilidad de los proyectos.

En paralelo, las disposiciones de la CNE establecen un marco integral para la integración de los Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica (SAEE), redefiniendo su rol dentro del sistema eléctrico y su interacción con el mercado.

En este nuevo enfoque, el almacenamiento deja de ser tratado como una extensión de la generación eléctrica y adquiere identidad regulatoria propia, lo que implica un cambio estructural en su participación dentro del mercado. A partir de esta redefinición, ya no resulta obligatorio canalizar su operación a través de una central generadora, sino que se habilita una figura específica —la almacenadora— como sujeto regulado con capacidad de interactuar directamente en el sistema.

Este rediseño introduce además un esquema diferenciado de permisos que distingue entre configuraciones asociadas y no asociadas, aportando mayor claridad al desarrollo de proyectos. Mientras los sistemas vinculados a centrales eléctricas o centros de carga no requieren autorizaciones independientes adicionales, aquellos que operan de forma autónoma sí deben cumplir con requisitos específicos.

Al mismo tiempo, la normativa reorganiza y amplía las modalidades de participación, incorporando esquemas más flexibles y alineados con la evolución tecnológica del sector. En este sentido, el autoconsumo se consolida como una figura central —reemplazando esquemas previos como el autoabasto—, junto con la posibilidad de desarrollar almacenamiento en configuraciones agrupadas, en infraestructura de red o como mecanismos de respaldo energético.

Este enfoque permite una mayor diversidad de modelos operativos, habilitando desde soluciones descentralizadas para grandes consumidores hasta esquemas más complejos de optimización sistémica, lo que amplía significativamente el alcance del almacenamiento en el país.

Asimismo, el almacenamiento es reconocido en determinados casos como parte de la infraestructura eléctrica estratégica, particularmente cuando se integra a redes de transmisión y distribución, lo que implica su operación bajo control estatal y fuera de la lógica del mercado eléctrico mayorista.

Finalmente, se habilita la posibilidad de implementar sistemas de almacenamiento de manera conjunta entre distintos participantes, bajo condiciones específicas de localización, operación y responsabilidad, introduciendo nuevas alternativas de desarrollo colaborativo.

En este contexto, el almacenamiento emerge como un activo estratégico para la transición energética en México, al aportar flexibilidad, respaldo y estabilidad al sistema eléctrico, especialmente en escenarios de alta penetración renovable. La normativa incluso contempla su integración obligatoria en determinados casos para mitigar la variabilidad.

Desde el punto de vista técnico, los nuevos lineamientos imponen parámetros exigentes en capacidad, potencia, tiempos de respuesta y desempeño operativo, además del cumplimiento de estándares internacionales, elevando el umbral de entrada al mercado.

Así, el nuevo marco plantea una tensión central para el sector: mientras busca resolver urgencias de confiabilidad y modernizar la operación del sistema, también redefine las condiciones de inversión en un equilibrio donde la certidumbre regulatoria y la viabilidad económica serán determinantes para el futuro del almacenamiento en México.

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