El Gobierno de México promulgó la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, una normativa que busca destrabar proyectos clave mediante nuevos mecanismos de financiamiento y mayor participación del sector privado.

La iniciativa apunta a ordenar y potenciar la inversión en infraestructura bajo un esquema que combine capital público, privado y social, alineado con objetivos de crecimiento económico y reducción de desigualdades.

La ley establece un marco integral para el desarrollo de proyectos estratégicos, incorporando herramientas como esquemas de participación mixta y Vehículos de Propósito Específico, con el objetivo de mejorar las condiciones económicas y financieras de las inversiones.

El decreto indica que se busca “regular los mecanismos de inversión que sirvan para fomentar el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura pública estratégica” .

Además, la normativa llega en paralelo al impulso de obras de gran escala en el país, como el plan de expansión eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que incluye 138 líneas de transmisión y 249 subestaciones, con financiamiento mixto a través de Fibra E y obra pública, a subastarse entre lo que resta de 2026 y el primer semestre de 2027.

En esa línea, la nueva ley incorpora mecanismos que buscan facilitar la articulación entre el Estado y el capital privado, ya que, entre las principales herramientas se destacan los esquemas de participación mixta, que permiten que distintos actores intervengan en el financiamiento, desarrollo y operación de proyectos.

Según el decreto, estos podrán “participar de manera directa o indirecta conjuntamente con el sector privado o social” , compartiendo riesgos, costos y beneficios.

En paralelo, la ley impulsa la creación de Vehículos de Propósito Específico como instrumentos clave para canalizar inversiones, permitiendo estructurar financiamiento de forma más eficiente. El Gobierno de México señala que estos mecanismos buscan “generar una coordinación efectiva entre los sectores público, privado o social” .

Además, estos vehículos podrán acceder a mercados de capital mediante instrumentos bursátiles, lo que amplía las alternativas de financiamiento disponibles para proyectos estratégicos.

Otro punto relevante es la definición de infraestructura estratégica, que abarca sectores fundamentales para el desarrollo económico, incluyendo energía, transporte, agua y servicios sociales. En este sentido, el decreto establece que estas obras son esenciales para “garantizar la seguridad energética e hídrica y fortalecer la resiliencia productiva del país” .

La normativa también eleva los estándares para la evaluación de proyectos, que deberán demostrar viabilidad técnica, económica, financiera, ambiental y social antes de su aprobación. Esto busca asegurar que las inversiones no solo sean ejecutables, sino sostenibles en el largo plazo.

En este marco, se establece que los proyectos deberán acreditar “viabilidad técnica, económica, financiera, ambiental y social” , incorporando criterios más rigurosos en la selección de iniciativas.

A su vez, la ley deja en claro que estos mecanismos no implican automáticamente compromisos fiscales para el Estado, reforzando el principio de disciplina financiera. En ese sentido, se aclara que la normativa “no podrá interpretarse como fuente autónoma de asignación presupuestaria” .

Cabe recordar que el crecimiento del sistema eléctrico mexicano ya cuenta con una hoja de ruta definida, lo que refuerza la urgencia de fortalecer la infraestructura y sus esquemas de financiamiento.

Según el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico 2025-2039, el país añadirá 19.954 MW en renovables y 5.000 MW en almacenamiento hacia 2030, con un 58% solar, 22% eólico y 20% en baterías, mientras que la CFE ejecutará el 69,2% del total.

Asimismo, la ley se enmarca en un modelo de desarrollo orientado a la prosperidad compartida, donde la infraestructura actúa como motor del crecimiento económico y la inclusión social. En este sentido, el Gobierno de México sostiene que los proyectos deberán “detonar el crecimiento económico y la prosperidad compartida” .

En este contexto, el debate sobre el futuro de la infraestructura y su financiamiento tomará un rol central en la agenda sectorial. Estas temáticas serán eje de análisis en el Future Energy Summit Mexico 2026, que se llevará a cabo el 19 de mayo en Ciudad de México, donde actores clave del sector público y privado abordarán los desafíos y oportunidades vinculados a la expansión del sistema energético, los nuevos esquemas de inversión y la ejecución de proyectos estratégicos.

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La entrada México abre el juego al capital privado para impulsar infraestructura energética: ¿Cuáles son las claves? se publicó primero en Energía Estratégica.