Néstor Marcelo Lamboglia sorprendió el lunes pasado al presentar la renuncia a la presidencia del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) cuando ni siquiera había cumplido un mes al frente del organismo. Su salida evidenció un conflicto interno que escaló hasta un nivel inédito en poco tiempo, pero también expuso las fallas en el proceso de selección de los directores y las limitaciones de un diseño institucional que ahora condiciona la búsqueda de una salida.
El nuevo ente fue creado por la Ley de Bases en julio de 2024. El decreto 452/25 de julio del año pasado constituyó formalmente al organismo y en octubre se realizó la convocatoria para integrar su directorio. El comité evaluador se oficializó en noviembre y propuso a tres candidatos para cada puesto. Finalmente, a mediados de enero Energía, Economía y Presidencia seleccionaron a los cinco postulantes: Lamboglia para la presidencia, Vicente Serra como vice, y Marcelo Alejandro Nachón, Griselda Lambertini y Héctor Sergio Falzone como vocales.
Si bien la propuesta debía elevarse al Congreso, el trámite era meramente formal ya que la opinión del Poder Legislativo no es vinculante. Por lo tanto, desde comienzos de año el futuro directorio comenzó a tener las primeras reuniones informales y ya por entonces quedó claro que la convivencia iba a ser difícil.
Pelea por la sede y el ninguneo como estrategia de desgaste
Una de las primeras disputas surgió por la futura sede del nuevo organismo. Lamboglia, que por entonces se desempeñaba como interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) propuso las oficinas de esa entidad, ubicadas en Madero al 1092, pero Marcelo Nachón, que era interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), dijo que prefería que fuera en la sede que Enargas tiene en Suipacha 636. Ambos querían empezar jugando de local y cerca de su propia tropa. Ninguno se bajó de su propuesta y al final se terminó votando y se impuso la sede de Madero.
Ese choque inicial fue solo una pequeña muestra de lo que vendría después. Operó casi como un efecto mariposa. Nachón se mostró molesto por la elección de la sede. Insistió con que las oficinas de Madero estaban mal mantenidas, en particular se quejó del estado de las alfombras. Incluso varias veces, cuando Lamboglia convocó a reuniones de trabajo, argumentó que estaba muy ocupado y le pidió al resto que se acercara a la sede del Enargas en Suipacha para conversar allí. Ni siquiera solían ponerse de acuerdo sobre el horario de los encuentros. Ese ninguneo permanente provocó un malestar creciente en Lamboglia. De hecho, en la reunión que tuvo lugar el jueves 28 de mayo para tratar el aumento de las tarifas de junio, Nachón no fue.
Con el diario del lunes, no parece haber sido una gran idea seleccionar para el directorio del nuevo ente regulador a los dos interventores de los organismos que iban a ser fusionados, pero es necesario aclarar que, cuando se los eligió, Nachón todavía no había asumido al frente del Enargas. Lo hizo recién a fines de enero, luego de que Carlos Casares renunciara a su cargo como interventor.
Si bien Lamboglia iba a ser el presidente del nuevo ente y Nachón un vocal, este último nunca terminó de subordinarse a las decisiones del primero y en los hechos pareció que había dos presidentes.
Polémica por la renovación de los contratos
Uno de los mayores desencuentros se produjo cuando ya faltaba poco para que los directores asumieran formalmente sus cargos. En una reunión que mantuvieron el miércoles 8 de abril, Lamboglia opinó que lo mejor sería no renovar ningún contrato, incorporar personal ni promover ascensos hasta que estuviese en funciones el ENREGE –como la sigla inicial del organismo era prácticamente impronunciable, el directorio decidió recientemente, con un poco de sentido común, agregar una E entre la R y la G–.
El pedido de Lamboglia fue una sugerencia dirigida puntualmente al interventor del Enargas y buscaba que no se condicione de entrada a la futura conducción. Nachón no objetó nada en ese encuentro, pero el 22 de abril, apenas 15 días después de la reunión, ordenó la renovación por seis meses de 73 contratos. Además, días antes había promovido el pasaje de planta transitoria a permanente de Marcela Paula Valdez, integrante del cuerpo asesor del ex interventor Casares, del que también había formado parte Nachón.
Lamboglia interpretó aquella decisión como una afrenta personal, sobre todo porque no había ninguna urgencia, ya que los contratos vencían recién el 30 de junio. Además, varias de las personas a las que se le extendió el vínculo laboral también habían integrado el cuerpo de asesores de Casares.
En la reunión siguiente a los nombramientos, Nachón defendió su postura y dijo que lo volvería a hacer. Ese hecho terminó de dinamitar la convivencia dentro del directorio, cuando todavía ni siquiera se había conformado formalmente. De hecho, el 4 de mayo el presidente Javier Milei firmó el decreto oficializando los nombramientos y en ese momento la relación entre Lamboglia y Nachón ya estaba rota.
Dos secretarías para un solo directorio
Apenas entró en funciones, el directorio informó que no habría ningún cambio en las estructuras hasta que no se hiciera una evaluación detallada del funcionamiento de todas las dependencias. Por lo tanto, el directorio comenzó a funcionar con dos secretarías, las que pertenecían al ENRE y al Enargas.
Cada secretaría de directorio está integrada por un pequeño grupo de personas que van preparando las resoluciones para que luego las firmen los directores. En este caso, se decidió que la ex secretaría del ENRE preparara los temas de electricidad, mientras que la otra se ocuparía de los trámites referidos a la regulación del gas.
Eso generó un nuevo cortocircuito porque Lamboglia solía darle el visto bueno a lo que venía del área del ex Enargas, mientras que Nachón argumentaba que tenía que analizar cada documentación, lo que demoraba la publicación de algunas decisiones. Lamboglia estaba convencido de que esas demoras desgastaban innecesariamente su gestión.
Diferencias salariales
Otro de los temas que nadie pareció tomar en cuenta al momento de avanzar con la creación de un ente unificado, fueron las diferencias salariales entre los trabajadores provenientes del ENRE y los del Enargas. En el ENRE los sueldos más altos llegan a 8,5 millones brutos, mientras que en el Enargas hay varios que cobran más de 30 millones de pesos.
Varias fuentes aseguraron a EconoJournal, por ejemplo, que el gerente de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales del ahora ex Enargas, Eric Salomone Strunz, cobra 32 millones de pesos brutos, el triple que los miembros del directorio del nuevo ente regulador unificado.
Lamboglia había propuesto otorgar una suba salarial de 30% para los trabadores del ex ENRE con el objetivo de ir reduciendo la brecha, pero no todos estaban de acuerdo y la pelea con Nachón dificultó todavía más esa coordinación. Finalmente, la decisión quedó aplazada y es probable que ahora se avance con la restructuración del organismo antes de concretar la equiparación salarial. Quien deberá ponerse al frente de ese proceso es Vicente Serra, vicepresidente del ENREGE, que quedó a cargo del organismo hasta que se elija un reemplazante de Lamboglia por concurso.
A ese concurso público para presidente del ente podrá presentarse cualquier profesional que lo desee, incluso los cuatro miembros actuales del directorio. Por lo tanto, es probable que ese termine siendo otro motivo de rivalidad dentro del organismo.
El dilema del diseño institucional
Fuentes oficiales dejaron trascender a EconoJournal su malestar por el modo en que se manejó Nachón durante su convivencia con Lamboglia y evalúan incluso sugerirle que también renuncie si continúa generando conflictos. Nachón fue electo por concurso como primer vocal y su mandato es por tres años. Por lo tanto, si no está dispuesto a dar un paso al costado, como hizo Lamboglia, no será sencillo desplazarlo.
El artículo 7 del decreto 452/25 dice que los miembros del directorio “solo podrán ser removidos de sus cargos por acto fundado del Poder Ejecutivo Nacional”. El procedimiento es igual al que se siguió para los nombramientos. El gobierno debe comunicar los fundamentos a una comisión bicameral del Congreso integrada por los presidentes y vicepresidentes de las comisiones que cada una de las cámaras determine en función de su incumbencia.
Dicha comisión bicameral debe emitir opinión dentro del plazo de 30 días corridos de recibidas las actuaciones, pero la norma aclara que, si no se conforma en un plazo de 10 días corridos desde que recibe la comunicación, el Ejecutivo debe enviarle los fundamentos del desplazamiento a los presidentes de ambas Cámaras, Martín Menem de Diputados y Victoria Villarruel del Senado.
Una vez transcurridos 30 días corridos desde el envío de esa comunicación, el Ejecutivo queda habilitado para avanzar. Está claro que nadie quiere llegar a esa instancia y menos habiendo transcurrido solo un mes desde las designaciones. Ya la salida de Lamboglia evidencia una falla en el proceso de selección porque se optó para presidir el ente a un profesional que no aguantó ni siquiera un mes.
Esta situación expone un dilema ya clásico del diseño institucional. La lógica detrás de un directorio colegiado, con mandatos relativamente estables y selección por concurso, es evitar que el regulador quede completamente subordinado al gobierno de turno.
En teoría, un ente regulador independiente puede tomar decisiones más técnicas y previsibles, especialmente en sectores como energía y gas donde las inversiones son de largo plazo. Esa independencia le otorga al ente mayor credibilidad frente a empresas e inversores, pero también tiene costos. Por ejemplo, si los directores entran en conflicto, como viene ocurriendo hasta ahora, la capacidad de gestión puede resentirse. Y si los mecanismos para removerlos son rígidos, el Poder Ejecutivo podría tener que resignarse a convivir con una conducción ineficiente.
, Fernando Krakowiak
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