El Gobierno nacional formalizó este jueves la incorporación del proyecto minero Vicuña al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) bajo la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP). La aprobación establece un compromiso de inversión de US$ 9.700 millones hasta 2031 para el complejo controlado por la alianza entre BHP y Lundin Mining en la provincia de San Juan, dentro de un potencial global estimado en USD 18.000 millones.
La decisión dada a conocer por la resolución 1154 del Ministerio de Economía, se produjo inmediatamente después del respaldo regulatorio otorgado por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), a la disputa por el acceso a la disponibilidad de capacidad eléctrica. Ese aval le permite a Vicuña avanzar con una serie de obras de ampliación del sistema de transporte eléctrico y le asegura la disponibilidad del 90% de la capacidad incremental para abastecer el proyecto.
En su resolución, el Palacio de Hacienda -anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, a mediados de junio en sus redes sociales- concedió al proyecto los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios previstos para proyectos estratégicos de exportación. El encuadramiento bajo la figura de PEELP garantiza estabilidad fiscal y normativa por 30 años, junto con la exención de derechos de exportación y la libre disponibilidad progresiva de divisas por exportaciones.
A cambio, la compañía fijó un plan de desembolsos global de US$ 9.737 millones. El cronograma oficial se divide en un primer tramo hasta fines de 2026 por US$1.128 millones y una segunda etapa entre 2027 y 2031 por US$ 7.895 millones. Además, la empresa asumió el compromiso de ejecutar US$ 2.000 millones durante los primeros dos años para cumplir con el piso legal del 20%, destinar al menos ese mismo porcentaje mínimo a la contratación de la cadena de proveedores locales y sostener un esquema de generación de 31.700 empleos directos e indirectos.
El mayor proyecto de cobre de la Argentina
El Distrito Vicuña surge de la integración de los depósitos Josemaría y Filo del Sol, situados en la cordillera sanjuanina en el límite con Chile. De acuerdo con los resultados de la Evaluación Económica Preliminar (PEA) presentados en febrero de 2026, su desarrollo prevé tres etapas operativas. La primera estará focalizada en el yacimiento Josemaría, cuyos estudios técnicos estimaban un piso operativo inicial de US$ 7.100 millones, la segunda abordará los óxidos de Filo del Sol, mientras que la tercera contemplará el procesamiento de los recursos sulfurados y la infraestructura pesada asociada.
Las estimaciones técnicas contenidas en la PEA ubican a Vicuña entre los activos de cobre de escala global más relevantes en la Argentina. Durante sus primeros 25 años de operación continua, el complejo mantiene una capacidad teórica de producción promedio anual de 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata. El estudio establece una vida útil inicial superior a los 70 años, lo que permitió su encuadramiento en el estándar de exportación de largo plazo.
En el terreno, la compañía aceleró los trabajos preparatorios para la primera etapa de construcción. En los últimos meses se registró el ingreso de una flota propia de camiones fuera de ruta de 40 toneladas, destinados al movimiento inicial de suelos y al acondicionamiento de las plataformas donde se erigirá la planta concentradora. También avanzó con la adjudicación a la empresa PowerChina de la construcción de parte del campamento minero mediante la importación de módulos habitacionales.
En materia de recursos humanos, el proyecto ocupa actualmente a 2.743 trabajadores a escala global, de los cuales 2.580 desempeñan sus labores en la Argentina. De ese total radicado en el país, 617 corresponden a personal de nómina directa de la empresa y 1.963 operan a través de firmas contratistas. El 91,9% de la plantilla global es de nacionalidad argentina y más del 81% son de San Juan.
La compañía detalló recientemente que el entramado productivo en torno a la fase de exploración y desarrollo involucra a 245 empresas proveedoras activas, divididas en 45 contratistas de bienes y 200 de servicios especializados. La provincia de San Juan concentra el 61,2% de esa cadena de valor con 150 firmas locales, mientras que un 35,1% corresponde a proveedores ubicados en otras provincias y un 3,7% a firmas internacionales de suministros tecnológicos específicos.
, Ignacio Ortiz
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