La CEPREB propuso elevar la mezcla obligatoria al 12,5% en lugar del 10% planteado por el Poder Ejecutivo, pero con otra distribución de cuotas para no perjuicar a las pymes.

Las pymes regionales elaboradoras de biodiésel, agrupadas en la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), presentaron una propuesta alternativa al proyecto de ley oficial para fijar un esquema federal de reparto del corte obligatorio. La iniciativa busca elevar la mezcla y segmentar las cuotas entre productoras de menor escala, firmas no integradas y aceiteras exportadoras. Con este planteo, aseguran, se podrían resguardar las plantas de producción, y evitar la concentración del mercado sin oponerse al debate en el Congreso.

La entidad propuso elevar la mezcla obligatoria al 12,5% en lugar del 10% planteado por el Poder Ejecutivo, distribuyendo la cuota en un 5% para las 17 plantas pyme regionales, un 2,5% para las 8 compañías no integradas y el 5% restante para las grandes industrias aceiteras.

Tal como informó en EconoJournal, el avance de la ley de biocombustibles en el Senado reabrió la agenda legislativa del sector energético, por lo que las firmas de menor escala intentan consensuar modificaciones específicas en el texto antes de su eventual sanción.

El gobierno de Javier Milei pretende obtener la aprobación de un nuevo proyecto de ley que aumenta los cupos mínimos del biodiésel y bioetanol, desregula el mercado y establece un esquema basado en los precios de paridad de importación. Hay tres iniciativas diferentes que se debaten actualmente en comisiones, aunque la del oficialismo es la que cuenta con el aval para alcanzar el dictamen.

El planteo de la CEPREB apunta a resolver la asimetría de costos que enfrentan las unidades productivas del interior frente a los complejos integrados. Al abastecerse de materia prima a través de las mismas aceiteras con las que competirían en el mercado de combustibles, las pymes advierten que «una apertura del mercado sin cupos reservados y con la habilitación del coprocesamiento refinador desplazaría de forma inmediata a las plantas de menor escala«.

«La discusión no es contra nadie. Es a favor de que la ley respete la inversión de las pymes del interior del país y los puestos de trabajo que están en riesgo. El resultado de una buena ley lo define la escala, y ahí las plantas regionales pyme no tienen forma de competir con las plantas no integradas y con las aceiteras, que son las productoras de la materia prima: el aceite», señalaron en CEPREB.

La propuesta es un corte mayor y otra distribución

Actualmente, el segmento pyme cuenta con 25 instalaciones industriales ubicadas en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, que aportan 900.000 toneladas anuales para cubrir el cupo vigente del 7,5%. Al ser plantas diseñadas para escalas de hasta 50.000 toneladas por año, la falta de una cuota segmentada pondría en riesgo la continuidad de 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos en localidades donde constituyen los principales empleadores industriales.

Para fundamentar la necesidad de este esquema, el sector toma como referencia un mecanismo de segmentación ya presente en el borrador del Poder Ejecutivo, con el resguardo otorgado al bioetanol de caña de azúcar frente al bioetanol de maíz. Las empresas argumentan que la preservación de la actividad industrial del norte del país responde a un criterio socioeconómico y territorial que resulta igualmente aplicable al entramado del biodiésel.

Según proyecciones de la CEPREB, «la suba del corte al 12,5% generaría un incremento de la demanda equivalente a 600.000 toneladas anuales. Esta expansión permitiría incorporar la producción del complejo exportador santafesino mediante el crecimiento del volumen del mercado», y evitaría la quita de cuotas o la paralización del volumen que procesan las plantas del resto de las provincias.

Adicionalmente, las plantas regionales traccionan una red agroindustrial aguas arriba que involucra a cerca de 400 pymes extrusoras de aceite de soja. Este esquema permite agregar valor a la producción agrícola en origen y consolidar redes de proveedores en las provincias. Por eso, insisten en que «los porcentajes de corte no son una concesión discrecional, sino que se otorgan a quien acredita el cumplimiento de los requisitos de inversión previstos por la normativa, con independencia de la escala o la estructura societaria de cada empresa».

Con este planteo, las pymes buscan acordar una mesa de trabajo en las comisiones del Senado para incorporar el esquema de reparto en el dictamen final. «El sector no busca bloquear una nueva ley, sino que ésta se construya con previsibilidad. La Ley 27.640 estableció ese marco: a quien invirtiera bajo sus condiciones se le garantizaba un porcentaje de corte y un período de recupero», aseguran.

, Ignacio Ortiz