El proyecto de Súper RIGI, que debe tratar en Senado, está orientado a atraer inversiones desde los 1.000 millones de dólares en sectores que no están instalados en el país y que tienen que ver con el sector tecnológico, como el desarrollo de la Inteligencia Artificial. El alcance de los incentivos ofrecidos a los inversores generó polémica entre empresarios y especialistas durante el noveno programa de Aguas Arriba, el ciclo de entrevistas de EconoJournal conducido por Sabina Trossero.
Tomás Ocampo, fundador de Unblock, planteó que la Argentina parte con una importante desventaja frente a otros mercados en la competencia por captar inversiones en centros de datos y consideró que el nuevo régimen puede ser una herramienta para achicar esa distancia.
Según explicó, las compañías con las que mantiene conversaciones consideran al Súper RIGI “el mejor de los sistemas de incentivos que vieron comparados con otros países”. Para Ocampo, las ventajas naturales de la Patagonia -como disponibilidad energética y bajas temperaturas- todavía no se tradujeron en inversiones concretas: “Esa ventaja competitiva hoy no se está viendo en la cancha. Para mi tiene que ver con que estamos todavía muy atrás. Creo que puede ser un ambiente de inversión gigante, donde más inversión va a haber en los próximos años en todo el mundo”.

“Hoy no estamos compitiendo contra Estados Unidos, no estamos compitiendo contra Europa; estamos compitiendo contra los proyectos que sobran, los que se empiezan a hacer por necesidad”, señaló Ocampo, quien mencionó como competidores a países como Armenia, Kazajstán, Turquía y mercados de Medio Oriente.
María Laura Bermúdez, directora ejecutiva de la Unión Industrial Argentina (UIA), coincidió en la necesidad de atraer inversiones, principalmente aquellas que permitan desarrollar capacidades locales en actividades que no existen hoy en el país. Sin embargo, cuestionó que el Súper RIGI genere este derrame hacia el entramado productivo: “Acá el desafío es que estas inversiones las podamos traducir en oportunidades. Sin lugar a dudas esto va a generar oportunidades en la medida que tengamos una normativa que se oriente en ese sentido. Y a raíz de esto, para nosotros es importante la integración de la cadena de valor. Si nosotros queremos que estas inversiones se repliquen en empleo, generación de riqueza, desarrollo de talento y capacidades, para eso es necesario justamente el desarrollo de proveedores y la integración de la cadena.”
El 20% de contrataciones a proveedores locales
Uno de los principales puntos de discusión es el requisito de destinar al menos un 20% de las contrataciones a proveedores locales, siempre que exista oferta nacional en condiciones competitivas.
Trossero: -Como quedó redactado hoy en día [el proyecto] no estaría alcanzando para motivar el desarrollo local, porque no distingue servicios con agregado de valor local.
Bermúdez: -El proyecto original no contemplaba este 20% nacional. En el dictamen de mayoría de diputados se incorporó, pero para bienes, para obras y para servicios. Si efectivamente nosotros queremos que se cumpla este objetivo de desarrollo del entramado e integración de la cadena, es necesario acotarlo a bienes de producción nacional.

Al respecto, Guido Zack, director de economía en Fundar, también presentó dudas sobre la forma en que se determinará si existe una alternativa nacional competitiva y sobre las penalidades previstas ante un eventual incumplimiento: “Estamos hablando de cómo cumplir con ese 20%. ¿Por qué no más? Ojo que puede ser menos, porque este 20% que introdujo diputados tiene una cláusula de escape: siempre que una empresa local pueda proveer en la misma calidad y al mismo precio que el resto del mundo. ¿Quién decide si puede o no puede? El VPU, es decir, la empresa que vendría a invertir en el data center”.
Zack agregó que la penalidad económica por incumplir el requisito puede alcanzar los 600 millones de pesos y contrastó esa cifra con proyectos que deben superar inversiones de US$ 1.000 millones. “Casi que podría decir: ‘bueno, no lo cumplo, de última pago la penalidad’”, planteó.

¿Se producen suficientes componentes en Argentina?
Ocampo puso el foco en una característica particular de los data centers de inteligencia artificial: la mayor parte de la inversión corresponde a componentes que actualmente no se producen en la Argentina.
“Si el límite va a ser el 20% no se va a hacer ningún data center en Argentina. El 80% del costo hoy -y va a subir- del CAPEX son los chips y la memoria. Eso se hace en Taiwán. Entonces si el 20% que resta tiene que ser 100% nacional también va a ser un problema”.
Para Zack, la discusión debería centrarse en identificar cuáles son los incentivos que efectivamente necesita cada actividad en lugar de otorgar un paquete amplio de beneficios. Mencionó como ejemplos el tratamiento del IVA y la importación temporaria que planteó Ocampo como necesidades propias de su empresa, pero cuestionó si para atraer inversiones también resulta necesario reducir Ganancias o las contribuciones patronales, que luego no se trasladarían a inversión en infraestructura y servicios públicos.
“Hay que tener cuidado con las sábanas cortas: si tiramos de un lado nos destapamos de otra parte”, sostuvo.
Por su parte, Federico Belich, consultor económico de Fundación Mediterránea, consideró positivo utilizar incentivos para adelantar inversiones que de otra manera podrían no realizarse, pero cuestionó la creación sucesiva de regímenes excepcionales para compensar problemas estructurales de la economía argentina.
“Nosotros vemos un grave problema de inversión en Argentina. No es actual, viene ya hace mucho tiempo. Y creemos que esta creación del Súper RIGI es añadir una excepción a algo que no es excepcional sino estructural. Es positivo que se adelanten inversiones, pero la idea es que los beneficios se vayan extendiendo a toda la economía, para que todos estén en iguales condiciones y así también no solamente los grandes proyectos se puedan beneficiar del mismo sino también las cadenas de valor”, remarcó.

“No es crear un nuevo régimen sino también aprovechar el RIGI que tiene cierto éxito”, resumió.
Ocampo defendió el potencial para construir una cadena local a partir de los data centers y mencionó su propia experiencia con Unblock. La compañía comenzó importando sus centros de datos modulares para el minado de bitcoin desde Estados Unidos y posteriormente trasladó su fabricación a la Argentina junto al astillero SPI, en Mar del Plata.
“Al principio importábamos todo de Estados Unidos y después sí industrializamos nuestros data centers acá”, señaló. “Creo que nadie que lo esté mirando desde las políticas públicas toma dimensión de lo que es esto”.
, Redaccion EconoJournal





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