El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aprobó la ampliación del estudio de impacto ambiental para la exploración de hidrocarburos en el Mar Argentino. La medida responde al fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, que había condicionado la continuidad del proyecto a la actualización de las Medidas de Mitigación y Plan de Gestión Ambiental (PGA) y a la presentación de un informe sobre impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos.
La resolución, publicada en el Boletín Oficial, permite avanzar con la campaña de prospección sísmica en los bloques CAN 100, CAN 108 y CAN 114 de la Cuenca Argentina Norte. Sin embargo, establece una restricción: durante 24 meses no se otorgarán nuevas declaraciones de impacto ambiental para actividades similares en esas áreas.
En el plano empresarial, el consorcio integrado por Equinor, YPF y Shell lidera la exploración offshore, en el marco de las adjudicaciones realizadas en 2019 que comprometieron inversiones por casi u$s 800 millones. La tarea busca identificar reservas de petróleo y gas a más de 300 kilómetros de la costa bonaerense.
El proceso judicial comenzó en febrero de 2022, cuando el juez federal Santiago Martín suspendió la campaña tras una cautelar impulsada por el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, y organizaciones ambientalistas. En junio, la Cámara Federal levantó la medida y ordenó ampliar el estudio de impacto, incluir participación pública y sumar organismos de control.
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La resolución ministerial incorpora esas condiciones y aprueba la actualización del PGA, además de valorar las intervenciones participativas realizadas a nivel municipal y nacional. El documento también analiza de manera integrada el ámbito espacial y los plazos temporales del proyecto.
El debate sobre la exploración offshore generó posiciones encontradas. Mientras sectores empresariales y productivos destacan el potencial de nuevas reservas energéticas, organizaciones ambientalistas advierten sobre los riesgos del fracking marino, el manejo de residuos y el impacto en la biodiversidad.
La audiencia pública realizada en General Pueyrredon en 2021 reflejó esa tensión: tras cinco jornadas de exposiciones, se recogió un mayoritario apoyo a la iniciativa, aunque con fuertes cuestionamientos de grupos ambientalistas.
Con la aprobación de la ampliación del estudio de impacto, el Gobierno nacional busca dar continuidad a la campaña de exploración, en un contexto de necesidad de divisas y de diversificación de la matriz energética. El desafío será compatibilizar desarrollo económico con protección ambiental en una actividad de alta sensibilidad social.
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