En un contexto de tensiones geopolíticas, el acuerdo firmado entre Estados Unidos y Venezuela redefine el mapa energético del hemisferio occidental. El presidente estadounidense Donald Trump anunció que Washington obtiene control mayoritario sobre 17 yacimientos que representan 65.000 millones de barriles de crudo, equivalentes al 21,5 % de las reservas probadas de Venezuela.

Trump presentó el pacto como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”, destacando que “más que duplica” las reservas de su país y permitirá reducir los precios internos de los combustibles “sin costo alguno para el contribuyente estadounidense”. El anuncio se realizó acompañado por el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth, subrayando la dimensión estratégica del entendimiento.

Del lado venezolano, la presidenta interina Delcy Rodríguez defendió el acuerdo frente a críticas por cesión de soberanía. En un mensaje a la nación aseguró que Venezuela “conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos”, mientras aprovecha capital y tecnología extranjera para recuperar una industria golpeada por sanciones.

El convenio, con 25 años de vigencia, contempla una inversión superior a USD 100.000 millones y tributos estimados en USD 209.000 millones para el Estado venezolano. Rodríguez proyectó una producción adicional de 1,5 millones de barriles diarios, con ingresos de aproximadamente USD 19 por barril, regalías mínimas del 16 % e impuesto a la renta del 34 % en ciertos bloques.

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La operación se inscribe en un escenario marcado por el conflicto en el Estrecho de Ormuz, donde el tráfico marítimo de hidrocarburos se redujo drásticamente desde febrero de 2026. Asegurar un suministro estable de crudo pesado venezolano, cercano a las refinerías del Golfo de México y menos expuesto a disrupciones, constituye un alivio material para Washington.

Más allá de las cifras, el acuerdo confirma que América Latina se ha convertido en el escenario donde las potencias ajustan su poder global. El litio del triángulo austral, los minerales críticos de la minería andina y las reservas de agua dulce complementan el petróleo venezolano como recursos estratégicos en disputa.

Analistas como Michael Klare sostienen que EE.UU. busca el control de los recursos naturales de la región no solo por seguridad hemisférica, sino para preservar su condición de potencia dominante en un orden multipolar. Expertos en transición energética como Thea Riofrancos y Carlos Solar advierten que la concentración de litio, agua y biodiversidad coloca a América Latina en el centro de la reorganización de la economía global de bajo carbono.

El acuerdo Venezuela–Estados Unidos, en suma, no se agota en cifras de barriles o montos de inversión. Representa un test de la capacidad de Washington para reasegurar su perímetro energético en un momento de tensión en Oriente Medio y competencia sistémica con otros actores.

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