El Senado aprobó una modificación al régimen de Zona Fría que reducirá el alcance de los subsidios al gas natural y dejará fuera del beneficio a aproximadamente 1,6 millones de usuarios residenciales. La decisión representa uno de los cambios regulatorios más relevantes del año para el mercado energético argentino.

Detrás de la reforma aparece el objetivo oficial de reducir el costo fiscal asociado al esquema de subsidios. Según las estimaciones presentadas durante el debate legislativo, el nuevo diseño permitiría un ahorro de entre $200.000 millones y $480.000 millones mediante la eliminación de beneficios incorporados durante la ampliación de 2021.

Originalmente, el régimen fue creado por la Ley 25.565 para compensar el mayor consumo de gas en la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. Más tarde, la Ley 27.637 amplió la cobertura a numerosas localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y otras provincias, elevando el universo de beneficiarios a más de 4 millones de usuarios.

Con la modificación aprobada, el beneficio generalizado desaparecerá para gran parte de las localidades incorporadas durante aquella expansión. Los hogares de esas zonas sólo podrán conservar descuentos si cumplen los requisitos definidos por el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Otro cambio relevante afecta el mecanismo de cálculo de la asistencia estatal. El subsidio pasará a aplicarse sobre el precio del gas y no sobre la totalidad de la factura, mientras que las compensaciones serán canalizadas directamente hacia los proveedores del servicio.

Las consecuencias económicas serán especialmente visibles en municipios que perderán la cobertura general. Entre ellos se encuentran ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, La Pampa, San Luis, Salta, Catamarca, La Rioja y Tucumán que habían sido incorporadas durante la ampliación de 2021.

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Como referencia, las estimaciones difundidas para Bahía Blanca muestran que una factura residencial promedio podría pasar de $19.945 a $39.890 para quienes dejen de recibir el subsidio. Para los usuarios que continúen dentro de los esquemas focalizados, el incremento proyectado sería considerablemente menor.

Desde el punto de vista financiero, la reforma también busca corregir los desequilibrios del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. El Gobierno sostiene que el recargo actualmente aplicado sobre el sistema no alcanza para cubrir el costo total de los beneficios y requiere asistencia adicional del Tesoro Nacional.

Más allá del ahorro fiscal proyectado, la implementación del nuevo esquema abrirá un período de transición para millones de usuarios. La reglamentación definitiva y la correcta identificación de los beneficiarios focalizados serán determinantes para medir el impacto real de una reforma que redefine uno de los principales mecanismos de subsidios energéticos vigentes en Argentina.

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