A principios de octubre pasado, la Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó el  “Informe Final de Licitaciones” (descargar), donde se calcula que, para abastecer la demanda que requerirá el mercado regulado, se deberían realizar cinco Licitaciones de Suministro sucesivas, desde el año que viene y hasta el 2025, poniendo en juego un total de 11.580 GWh/año.

La primera de ellas debería desarrollarse en el primer semestre del 2022, licitando unos 5.000 GWh/año de energía para que estén disponibles en 2027. La segunda está pensada para ese mismo año, pero durante el segundo semestre, donde se subastarían 2.500 GWh/año, cuyo inicio de suministro comience en 2028.

Fuente: CNE

Estos 7.500 GWh a licitarse en 2022 es tres veces más la energía que se adjudicó en 2020. Al respecto, el secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Comercializadores de Energía (ACEN), Eduardo Andrade, sostuvo que desde el Gobierno podrían analizarse otras alternativas más redituables para el mercado regulado.

Indicó que, si bien el cronograma y la planificación cumplen con el mandato de la ley, deja de lado la oportunidad que representa avanzar en la liberalización del mercado del suministro de electricidad, lo que se puede lograr fácilmente con la reducción del límite de la potencia para ser cliente libre, establecido hoy en 501 kW.

“Bajar el límite permitiría aumentar los volúmenes transados entre generadoras y comercializadoras, lo que implicaría transitar desde un mercado donde solo algunas pocas empresas de generación puedan vender su energía a través de las licitaciones, a que todas las generadoras accedan a un mercado amplio y competitivo”, analizó Andrade.

Según datos de la ACEN, bajar el umbral permitiría la incorporación del mercado regulado al libre de unas 47.000 pymes chilenas, las cuales, en esta migración, podrían favorecerse con una energía hasta un 30% más barata.

Adicionalmente, Andrade agregó que bajar el límite ahora abre el espacio para que, al realizar modificaciones legales más profundas siguiendo la línea del proyecto de ley de portabilidad, la transición sea menos compleja para todos los actores del sistema.