El aumento de la producción de shale gas y la ampliación de la infraestructura de transporte modificaron la balanza energética argentina. La mayor disponibilidad de gas local redujo la necesidad de importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) y mejoró el equilibrio externo, aunque el sistema eléctrico continúa mostrando restricciones en generación, transporte y distribución que condicionan la capacidad de absorber la expansión del no convencional.
El Gasoducto Perito Moreno y las obras complementarias permitieron incrementar el volumen transportado desde la Cuenca Neuquina. Aun así, el país mantiene importaciones de GNL durante los picos invernales, en un contexto internacional donde los precios del gas natural se ubican entre 19 y 20 dólares por millón de BTU.
La menor dependencia externa mejora la posición energética, pero no elimina la necesidad de infraestructura adicional.
El sistema eléctrico enfrenta tensiones derivadas del crecimiento de sectores de alta demanda, como minería, oil & gas, industria pesada y centros de datos.
La capacidad de transporte se encuentra al límite en varios corredores y la distribución presenta niveles de digitalización y eficiencia inferiores a los requeridos para acompañar la expansión del consumo. La recomposición tarifaria iniciada con la Resolución 400/2025 busca reflejar costos reales de abastecimiento y recuperar señales económicas para la inversión.
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En paralelo, el Gobierno habilitó un nuevo esquema de ampliaciones mediante capital privado a través de la Resolución 83/2026, que establece el mecanismo de Concesión de Obra Pública (COP) para financiar, construir y operar líneas de transporte por períodos de hasta treinta años.
El sector considera que este instrumento será determinante para sostener el crecimiento de la demanda eléctrica.
El almacenamiento de energía aparece como un componente central del nuevo esquema.
La licitación AlmaSADI para sistemas de baterías recibió ofertas por 2.500 MW, muy por encima del cupo inicial de 700 MW, lo que evidencia el interés del mercado por soluciones de flexibilidad operativa y respuesta rápida.
En el plano regulatorio, especialistas de la región reunidos en Adelatam 2026 coincidieron en que los modelos tradicionales de remuneración resultan insuficientes para financiar redes modernas. Se destacó la necesidad de avanzar hacia tarifas inteligentes, mecanismos de anticipación regulatoria y mayor eficiencia operativa.
Experiencias como los proyectos piloto de tarifas diferenciadas en Brasil y la implementación de medidores inteligentes en Santa Catarina muestran resultados favorables en reducción de costos y acceso a financiamiento.
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En Argentina, la adopción de esquemas de sandbox regulatorio permite ensayar marcos específicos para innovación tecnológica. En Salta se desarrollan dos proyectos piloto orientados a normalizar barrios populares con tarifas reducidas y regímenes de calidad diferenciada, con convergencia posterior al esquema general.
La modernización del sistema eléctrico requiere inversiones masivas en digitalización, resiliencia y almacenamiento. La transición energética dependerá de la capacidad del sector privado para financiar estas obras y de la actualización de los marcos regulatorios.
Instrumentos como el RIGI y el futuro RIMI se perfilan como piezas relevantes para sostener el crecimiento de Vaca Muerta y acompañar la demanda energética proyectada.
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