La minería argentina entró en una etapa donde la infraestructura dejó de ser un componente accesorio y pasó a ser la variable que determina el ritmo de los proyectos.

Esta fue la conclusión dominante en la mesa minera de Expo EFI, donde los principales operadores del país —Hernán Soneyro (Cantesur), Rolando Ortiz (Eramet/Eramine), Néstor Aris (AbraSilver), Norma Ramiro (Vicuña) y Francisco Poodts (Aldebaran Resources)— expusieron un diagnóstico común: la falta de rutas, trenes y redes de energía de escala ya condiciona la ejecución de inversiones y obliga a las empresas a asumir costos que, en otros países, recaen en la infraestructura pública.

El planteo fue directo: la Argentina está llegando tarde a la adecuación de su infraestructura frente a proyectos que avanzan con cronogramas exigentes. En cobre, la magnitud de Vicuña, Josemaría o Altar requiere energía firme, caminos aptos para equipos sobredimensionados y, en algunos casos, mineroductos hacia el Pacífico.

En litio, la logística química es el cuello de botella: Ortiz detalló que por cada tonelada de producto final se necesitan entre cuatro y cinco toneladas de insumos, lo que saturará las rutas del NOA si no se integran corredores ferroviarios y portuarios. En minería no metalífera, Soneyro expuso un déficit estructural: el transporte supera el valor del producto y limita el consumo interno de áridos, un insumo básico para cualquier obra.

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El impacto operativo es inmediato. La falta de infraestructura eleva el CAPEX por obras complementarias que deben financiar las propias empresas y aumenta el OPEX por logística extendida, demoras y restricciones de transporte.

Este diferencial de costos reduce competitividad frente a países con infraestructura consolidada y puede postergar decisiones de inversión en un contexto global donde la ventana para minerales críticos —litio y cobre— se concentra entre 2026 y 2030. La comparación presentada por Soneyro sintetiza la brecha: Australia y Estados Unidos superan los 30 kilómetros de rutas por cada mil habitantes; Argentina no llega a cinco.

La discusión también incorporó la dimensión de “infraestructura del conocimiento”. Ramiro planteó que los proyectos automatizados requieren competencias técnicas que hoy no están disponibles en escala.

La propuesta de crear centros de capacitación regionales apunta a evitar que la minería dependa de mano de obra importada o de rotación permanente entre provincias, un fenómeno que ya se observa en los proyectos de altura. La falta de capacidades técnicas no es un problema abstracto: impacta en seguridad, productividad y continuidad operativa.

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Poodts, desde el cobre, fue explícito: sin trenes, la logística de largo plazo es inviable. La industria necesita definiciones sobre el Belgrano Cargas y el San Martín para planificar la movilización de volúmenes masivos. Ortiz, desde el litio, agregó que la infraestructura sigue siendo responsabilidad pública, pero que la previsibilidad macroeconómica y jurídica es indispensable para que los privados puedan asumir parte del financiamiento.

Aris, desde el oro y la plata, describió un escenario donde el mantenimiento de caminos quedó desproporcionadamente en manos del sector privado, un esquema que no es sostenible cuando los proyectos pasan de exploración a producción.

Frente a este escenario, los expositores plantearon mecanismos de articulación público‑privada para adelantar obras a cambio de regalías o beneficios fiscales. No se trata de reemplazar al Estado, sino de evitar que la saturación logística frene inversiones en un momento donde la minería se convirtió en un vector de divisas y empleo.

La propuesta incluye corredores viales específicos para minería, nodos ferroviarios, ampliaciones de líneas de alta tensión, infraestructura portuaria para cargas especiales y centros de formación técnica.

La sostenibilidad del crecimiento minero dependerá de la capacidad de coordinar entre Nación y provincias la priorización de obras de alto impacto y de ejecutar soluciones en tiempo y forma. La infraestructura dejó de ser un soporte y pasó a ser la variable crítica del desarrollo. El sector ya lo advirtió en público, con nombres propios y diagnósticos precisos.

La respuesta institucional definirá si la Argentina captura o pierde la ventana de inversiones que se abre en los próximos años.

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