La incorporación del upstream al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) abrió una nueva etapa para los yacimientos maduros del país.
El caso de Cerro Dragón —operado por Pan American Energy (PAE)— se convirtió en el primer proyecto petrolero convencional en solicitar ingreso al régimen, con una inversión anunciada de 680 millones de dólares orientada a sostener producción, extender el horizonte operativo y aplicar técnicas de recuperación que requieren estabilidad regulatoria.
Cerro Dragón es el principal yacimiento convencional de la Argentina fuera de Vaca Muerta. Con más de 70 años de actividad, 3.200 pozos productores y un declino natural cercano al 3 por ciento anual, su continuidad depende de planes de inversión intensivos en tecnología, infraestructura y operación.
La reclasificación regulatoria habilitada por el decreto 1057/2024 permitió que áreas históricamente convencionales puedan incorporar esquemas de explotación no convencional sin dividir concesiones, facilitando la aplicación de técnicas de estimulación y el acceso a beneficios fiscales y aduaneros diseñados para proyectos de largo plazo.
El decreto 105/2026 formalizó la inclusión del upstream en el RIGI y estableció un monto mínimo de inversión de 600 millones de dólares para nuevos desarrollos. En ese marco, PAE presentó un plan que contempla 22 plantas de inyección de polímeros, 220 pozos inyectores y 650 pozos productores, con una producción incremental estimada en 24 millones de barriles hasta 2047.
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La provincia de Chubut, por su parte, autorizó la reconversión del área en abril de 2025, extendiendo la concesión y asegurando ingresos fiscales inmediatos.
La estructura societaria de PAE —integrada por capital argentino, británico y chino desde hace más de una década— forma parte del entramado histórico del sector energético. La continuidad de inversiones en contextos macroeconómicos adversos, la operación sostenida en cuencas maduras y el mantenimiento de empleo directo e indirecto en regiones petroleras posicionaron a la compañía como uno de los principales actores industriales del país.
La estabilidad regulatoria del RIGI petrolero se inscribe en esa lógica: garantizar previsibilidad para proyectos que requieren horizontes de inversión de varias décadas.
El régimen ofrece reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias, exención de derechos de exportación desde el tercer año, deducción de IVA, acceso a arbitraje internacional y estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años.
Para yacimientos maduros, estos instrumentos permiten sostener actividad, evitar caídas abruptas de producción y preservar empleo y regalías provinciales.
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La discusión pública sobre el RIGI petrolero requiere separar hechos de interpretaciones. La secuencia regulatoria que habilitó la incorporación de Cerro Dragón al régimen responde a una necesidad técnica: extender la vida útil de un yacimiento estratégico y asegurar inversiones en un contexto de declino natural.
La presencia de socios internacionales forma parte de la estructura histórica del área y no constituye un cambio reciente. La continuidad de la industria nacional —que incluye a PAE como uno de sus principales operadores— depende de marcos regulatorios capaces de sostener proyectos de largo plazo en un país con alta volatilidad macroeconómica.
El debate sobre incentivos debe centrarse en su impacto operativo, fiscal y productivo. En este caso, el RIGI petrolero actúa como un mecanismo para sostener producción, empleo y actividad en una de las cuencas más relevantes del país. La discusión política puede variar; la necesidad técnica, no.
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