A un mes de las elecciones presidenciales en Costa Rica: ¿Quiénes son los principales candidatos y qué proponen para las renovables?

Las elecciones presidenciales del 1 de febrero en Costa Rica no solo marcarán un nuevo ciclo político, sino que definirán el modelo de transición energética que adoptará el país en los próximos años.

Fuentes cercanas a Energía Estratégica señalan que tres candidatos concentran hoy la mayor fortaleza electoral: Claudia Dobles, por la Coalición Agenda Ciudadana; Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional; y Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, fuerza oficialista.

Las diferencias entre los tres espacios no solo se reflejan en sus planes de gobierno, sino también en la lectura que hace el sector energético sobre la viabilidad y profundidad real de cada propuesta.

En el caso de Laura Fernández, candidata del oficialismo, su plan prioriza la apertura del mercado energético, mayor participación del sector privado y la reducción de tarifas eléctricas mediante competencia.

Entre sus ejes se incluyen habilitar a privados para producir energía geotérmica, transformar el Sistema Eléctrico Nacional para que el ICE compita en igualdad de condiciones, revisar tarifas para eliminar sobrecostos y fortalecer la interconexión regional centroamericana. También incorpora el impulso a biogás y biometano a partir de residuos orgánicos, bajo una lógica de economía circular.

Sin embargo, desde el análisis político-energético, fuentes advierten que el actual gobierno no presenta una propuesta contundente y que se mantiene la línea de pensamiento vigente, sin una estrategia clara para acelerar la transición energética. Esta lectura introduce dudas sobre la capacidad del oficialismo para pasar de una agenda de eficiencia y precios a una transformación estructural del sistema.

Una mirada distinta surge desde el Partido Liberación Nacional, encabezado por Álvaro Ramos. Su propuesta oficial plantea una segunda generación de políticas energéticas, enfocada en tecnologías avanzadas, flexibilidad institucional y financiamiento sostenible.

Incluye el impulso a hidrógeno verde, geotermia avanzada y energía marina, junto con una modernización del ICE para permitirle establecer Alianzas Público-Privadas (APP) y contratar generación y almacenamiento con mayor agilidad.

El plan incorpora además una Ley de Finanzas Sostenibles para crear un Fondo Nacional de Transición Verde y habilitar la emisión de bonos verdes soberanos, así como el fortalecimiento de la rectoría del MINAE, separando planificación y operación. También promueve la generación distribuida y la modernización de la red mediante smart grids.

Desde el sector, se valora que Liberación Nacional reconoce explícitamente brechas estructurales en la transición hacia un sistema completamente bajo en carbono. Además, según la fuente consultada, el partido señala la necesidad de fortalecer la aplicación de energías renovables en el consumo total de energía y no limitar la estrategia al sistema eléctrico. Este enfoque amplía el debate hacia transporte, industria y usos finales, uno de los principales desafíos pendientes del país.

La propuesta más estructural surge desde la Coalición Agenda Ciudadana, liderada por Claudia Dobles, quien plantea una “Transición Energética Justa” con fuerte rectoría estatal. Su plan propone transformar RECOPE en una empresa pública de energías limpias, orientada a hidrógeno verde, biometano, almacenamiento energético y movilidad sostenible.

También mantiene el liderazgo del ICE en generación, transmisión y distribución, aunque con una modernización que amplíe su capacidad geotérmica y permita participación privada en solar y eólica bajo un modelo solidario.

Entre sus ejes centrales figura una ley que prohíba definitivamente la exploración y explotación de hidrocarburos, la creación de Ecoparques de Energía que integren distintas fuentes renovables con almacenamiento a gran escala y un marco regulatorio para baterías que permita estabilizar la red. Además, impulsa la generación distribuida, con tarifas accesibles y crédito para que hogares y comunidades actúen como prosumidores.

Desde el análisis en off, se destaca que la Coalición incorpora propuestas orientadas a descarbonizar la economía, priorizando la sostenibilidad ambiental, el uso de energías renovables y la eficiencia energética, en línea con los enfoques progresistas de acción climática desarrollados durante los gobiernos del Partido Acción Ciudadana (PAC), espacio del cual la Coalición hereda buena parte de su matriz ideológica y técnica.

Así, la contienda electoral presenta tres modelos energéticos claramente diferenciados:
uno de continuidad con apertura de mercado, otro de ajuste estructural con foco tecnológico y financiero, y un tercero de transformación profunda con liderazgo estatal.

En un país que ya consolidó una matriz eléctrica mayoritariamente renovable, el debate ya no pasa solo por cómo generar electricidad, sino por cómo extender la transición a todo el sistema energético. Electrificación del transporte, consumo industrial, almacenamiento, redes inteligentes y gobernanza institucional serán los ejes que definirán el próximo mandato.

Las urnas no solo elegirán un presidente. Definirán también qué velocidad, qué profundidad y qué modelo tendrá la transición energética de Costa Rica en los próximos años.

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