El gobierno de Lula da Silva adoptó esta semana una serie de medidas de corte impositivo para morigerar el impacto del fuerte alza en el precio internacional del petróleo crudo sobre los precios del gasoil en Brasil, un combustible que mayormente importa para su abastecimiento interno.

Lula firmó el jueves un decreto presidencial suspendiendo la aplicación de los impuestos PIS y Cofins sobre la importación y venta de gasoil (diesel). También firmó una medida provisoria para subsidiar el gasoil para los productores e importadores del combustible. Las medidas son de carácter temporal hasta el 31 de diciembre de este año.

El Ministerio de Hacienda evaluó que estas medidas tendrán un costo fiscal en el caso de la suspensión de impuestos de 20.000 millones de reales y en el caso del subsidio a los productores de gasoil de 10.000 millones. En dólares representan un costo fiscal total de US$ 5671 millones.

La baja impositiva redondeará en un beneficio final para los consumidores de 0,64 reales (US$ 0,12) por litro de gasoil.

Brasil: Lula aumentó las retenciones a las exportaciones de petróleo

Para compensar el costo fiscal, el gobierno dispuso un aumento temporal en las retenciones a las exportaciones de petróleo crudo. La alícuota en la retención pasó al 12% para las exportaciones de petróleo crudo o minerales bituminosos. También se fijó una alícuota del 50% sobre las exportaciones de gasoil.

“Los productores que obtengan beneficios extraordinarios contribuirán con un impuesto temporal a la exportación. Se trata de medidas temporales relacionadas con el estado de guerra que estamos viviendo, sin una solución previsible a muy corto plazo”, declaró el ministro de Hacienda, Fernando Haddad.

Es probable que la medida termine siendo judicializada por las petroleras. El Estado brasileño aplicó una suba de retenciones temporal en 2022 en respuesta a la suba de los precios del crudo y gasoil en el mundo por el estallido de la guerra de Rusia contra Ucrania.

Petroleras en Brasil demandaron al Estado brasileño y obtuvieron un fallo favorable en 2025 que ordena restituir los impuestos cobrados.

Control y fiscalización

Para evitar comportamientos especulativos, el gobierno definió parámetros objetivos para que la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) y los organismos de protección al consumidor puedan controlar con mayor eficacia que la baja de precios se traslade al consumidor.

El ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, vinculó esa mayor necesidad de control y fiscalización en los precios con la política del gobierno del ex presidente Jair Bolsonaro de privatización de refinerías y de BR Distribuidora, una empresa que controla miles de estaciones de servicio.

“Lamentablemente, el modelo criminal de venta de nuestros activos nacionales del gobierno anterior nos llevó a reducir la producción de productos refinados en Brasil: gasolina, diésel y gas natural. Por lo tanto, fue un crimen contra Brasil y los brasileños deshacerse de BR Distribuidora”, comentó el Ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira.

, Nicolás Deza