La falta de funcionamiento de la Planta Industrial de Agua Pesada volvió a tensar la agenda energética de Neuquén. La Comisión de Energía de la Legislatura expresó preocupación por la ausencia de un plan operativo y por el deterioro progresivo de una instalación considerada estratégica para el sistema nuclear argentino.

El reclamo no apunta a la confrontación, sino a la necesidad de obtener información precisa sobre presupuesto, mantenimiento y continuidad laboral.

Los diputados remarcaron que la PIAP lleva años sin producir y que los compromisos asumidos en el convenio tripartito entre Nación, Provincia y ENSI no se están cumpliendo. La falta de mantenimiento crítico, la incertidumbre del personal y la ausencia de un cronograma oficial alimentan la inquietud política.

La propuesta de realizar una visita técnica a la planta busca verificar el estado real de las instalaciones y dimensionar el riesgo de un deterioro irreversible.

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El punto más sensible es operativo y económico a la vez. El país volvió a importar agua pesada, un insumo que la PIAP puede producir. El dato no implica un juicio político, pero sí expone una inconsistencia operativa: una planta estratégica permanece inactiva mientras se asignan divisas para adquirir un producto que podría generarse localmente.

En un contexto donde el Gobierno destaca su compromiso con el cumplimiento y la eficiencia, la situación invita a una revisión técnica que permita alinear discurso, capacidades y necesidades del sistema nuclear.

La discusión también tiene un componente federal. La PIAP es un activo único en América Latina y forma parte de la infraestructura crítica del país. Su paralización prolongada no solo afecta a Neuquén: compromete la autonomía tecnológica, encarece el abastecimiento del parque nuclear y debilita la cadena de valor científica e industrial asociada.

La Legislatura neuquina busca evitar que la falta de definiciones termine erosionando un recurso que llevó décadas construir.

El mensaje político es claro. Neuquén reclama previsibilidad, información y un plan concreto para preservar un activo estratégico. No se trata de un conflicto partidario, sino de una demanda institucional para evitar que la inacción termine generando costos mayores.

En un país que necesita fortalecer capacidades propias y reducir dependencias externas, la PIAP vuelve a ser un tema que exige decisiones, no declaraciones.

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