El CEO de PSJ Cobre Mendocino, Fabián Gregorio, presentó el proyecto en un foro de inversión y expuso las proyecciones de la empresa para la futura operación en Uspallata. Según su exposición, la compañía estima producir concentrado de cobre con oro como subproducto y operar con un esquema de flotación convencional.
También afirmó que el diseño contempla recirculación de agua y un acuerdo energético para abastecer la planta mediante una estación transformadora y una línea de alta tensión.
Las cifras y proyecciones fueron presentadas como parte del discurso empresarial y forman parte del reposicionamiento del proyecto en un contexto global donde el cobre es considerado un mineral estratégico para la transición energética.
La empresa busca instalar la marca “Cobre Mendocino” y mostrar un perfil técnico alineado a estándares internacionales, aunque todos los parámetros expuestos requieren validación estatal y evaluación ambiental.
La presentación vuelve a colocar a Mendoza frente a una discusión estructural: institucionalidad, agua, energía, permisos y ordenamiento territorial.
El proyecto se reactiva después de más de una década de debate social y regulatorio, en una provincia donde la minería metalífera sigue siendo un tema sensible y altamente regulado. La exposición del CEO se inscribe en un escenario donde la demanda global de cobre crece y los proyectos en cartera buscan posicionarse ante inversores.
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Para el sector productivo, la reaparición de PSJ abre interrogantes sobre infraestructura energética, disponibilidad hídrica, logística y capacidad institucional para evaluar proyectos de esta escala.
Para el territorio, implica revisar compatibilidades de uso, trazabilidad ambiental y mecanismos de control. Para las empresas proveedoras, el movimiento genera expectativas, pero también exige claridad regulatoria.
Mendoza vuelve a estar en el radar de proyectos metalíferos, pero la discusión no se define por las cifras que presenta una compañía, sino por la capacidad del Estado para ordenar, evaluar y garantizar estándares.
La evolución institucional del expediente, los acuerdos energéticos y los criterios de uso del agua serán determinantes para cualquier avance.
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