El Gobierno argentino denunció formalmente a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum por desarrollar actividades hidrocarburíferas en el yacimiento Sea Lion, al norte de las Islas Malvinas, sin autorización de la República Argentina.
La Cancillería calificó a ambas compañías como “ilegítimas licenciatarias”, al considerar que operan bajo permisos emitidos por el Reino Unido que la Argentina no reconoce como válidos.
El pronunciamiento se produjo en un contexto de nuevas tensiones diplomáticas. El canciller Pablo Quirno sostuvo que la explotación de recursos naturales en el archipiélago constituye una violación directa de las resoluciones de Naciones Unidas, en particular la Resolución 2065, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía y exhorta a la Argentina y al Reino Unido a retomar negociaciones bilaterales.
La Cancillería reiteró que cualquier acción unilateral sobre recursos naturales en la zona en disputa contradice el derecho internacional.
La denuncia también se vincula con un cable difundido por la agencia Reuters que mencionó la posibilidad de que Estados Unidos revise su postura histórica respecto al respaldo diplomático a la presencia británica en las islas.
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La filtración generó reacciones inmediatas: el Gobierno argentino celebró la eventual revisión, mientras que el Reino Unido reafirmó que las Malvinas “son británicas” y defendió el principio de autodeterminación de los isleños.
El Gobierno argentino rechazó nuevamente ese argumento. Quirno señaló que los habitantes actuales del archipiélago no han sido reconocidos como un pueblo por Naciones Unidas, por lo que el principio de libre determinación no resulta aplicable al caso.
También cuestionó el referéndum organizado por las autoridades isleñas en 2013, al que calificó como carente de validez jurídica.
La Cancillería recordó además que Navitas ya había sido declarada operadora clandestina por la Secretaría de Energía en 2022, debido a actividades de exploración sin autorización argentina. La denuncia actual actualiza ese estatus y lo extiende al consorcio con Rockhopper.
El Gobierno sostuvo que la explotación unilateral de hidrocarburos en el Atlántico Sur constituye un intento de consolidar una situación colonial iniciada en 1833 y reiteró que la Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
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