La crisis social que enfrenta el gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia encuentra dos puntos de especial conflictividad en el mercado de combustibles: las protestas y bloqueos de los camioneros contra el desabastecimiento crónico de gasoil y un escándalo de importación de naftas adulteradas que forzó al presidente boliviano a cambiar al ministro de Hidrocarburos y a las autoridades en la petrolera estatal YPFB.
El gobierno respondió con un resarcimiento económico para miles de conductores y transportistas que registraron daños en sus vehículos por los combustibles adulterados. En paralelo, cambió toda la estructura estatal de fiscalización de combustibles. La medida más relevante llegó la semana pasada, con la publicación de un decreto presidencial que redefine los mecanismos de control y fiscalización para la importación, almacenamiento y comercialización de combustibles.
El caso de los combustibles adulterados constituye un duro golpe para el gobierno, en la medida que aún no logró normalizar el abastecimiento interno a pesar de haber descongelado los precios en las naftas y el gasoil.
A la tensión por los precios de los combustibles se suman reclamos de otra índole que derivaron también en protestas y bloqueos en La Paz y otros puntos del país, provocando en los últimos días un desabastecimiento general.
Como consecuencia de esa situación, el gobierno de Javier Milei dispuso el fin de semana pasado el envio de dos aviones Hércules con ayuda humanitaria a Bolivia. «Argentina acompaña al pueblo boliviano y respalda a las autoridades democráticamente electas”, escribió el presidente argentino.
Bolivia: importación de naftas y gasoil adulterados
Las denuncias sobre los combustibles adulterados estallaron en marzo pasado con las primeras protestas y bloqueos en reclamo de un resarcimiento económico por daños en los motores. El gobierno atribuyó la importación y comercialización a una red de sabotaje y robo de combustibles que opera en Chile y Bolivia y que involucra a ex funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
El ministro de gobierno, Marco Oviedo, informó que ingresaron a Bolivia unos 150 millones de litros de combustible “adulterado con agua sucia y aceite usado” durante el período comprendido entre octubre de 2025 y marzo de este año. Los datos surgen de una investigación conjunta entre las policías y fiscalías de Bolivia y Chile. Según Oviedo, la investigación de esta red también abarca a la Argentina y Paraguay.
YPFB posee una terminal de importación de combustibles y petróleo crudo en Arica, en el norte de Chile. La instalación posee un oleoducto que conecta Arica con Santa Cruz en Bolivia, aunque una parte considerable de los hidrocarburos son transportados en camiones cisterna.
Muchas operaciones de importación a través de Arica en los últimos años se concretaron a través de Botrading S.A., una comercializadora constituida por YPFB en Paraguay y que ahora está en el centro de una investigación judicial contra el ex presidente de la petrolera estatal, Armin Dorgathen, por irregularidades en la importación de combustible. Dorgathen se encuentra prófugo en Brasil.
Para desactivar el conflicto, el gobierno dispuso un resarcimiento económico a través de YPFB. Un total de 19.537 vehículos accedieron al resarcimiento tras el análisis y la verificación de los daños reportados. A ese fin, la petrolera estatal desembolsó 52,9 millones de bolivianos entre el 25 de marzo y la primera quincena de mayo.
Denuncia penal y cambios en el área energética
Con las pruebas recabadas, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías y la ANH presentaron una denuncia en la justicia boliviana que alcanza a 24 ex autoridades de cinco áreas estratégicas de la ANH y cuatro de YPFB y su subsidiaria YPFB Logística. La denuncia también alcanza al actual gerente de comercialización de la petrolera estatal.
Paz también decidió a fines de abril remover al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli Monroy, y renovar la conducción en YPFB para darle un nuevo aire a la gestión energética. El primer mandatario agradeció al ministro por su “compromiso al inicio de la gestión” y por avanzar en la elaboración de cuatro proyectos de ley, incluida una nueva ley de Hidrocarburos.
Medinaceli Monroy tuvo un rol protagónico en el desarme de los subsidios a los combustibles, una de las medidas más sensibles tomadas por el gobierno de Paz. El precio de la nafta prácticamente se duplicó y mientras que el precio del gasoil casi se triplicó en diciembre, poniendo fin a un congelamiento de precios que llevaba más de dos décadas y que en los últimos años tuvo un costo fiscal de entre 1500 y 2000 millones de dólares por año.
Sin embargo, el aumento en los precios internacionales del crudo producto de la guerra en Medio Oriente complicó los planes para trasladar el costo de importación al surtidor y resolver el faltante de suministro, sobre todo de gasoil.
Qué establece el decreto supremo sobre combustibles
El decreto supremo 5619 firmado por el nuevo ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, establece un nuevo Reglamento de Calidad de Carburantes que busca garantizar la comercialización de combustibles seguros y eficientes y modernizar la supervisión estatal en un contexto donde Bolivia depende fuertemente de la importación para garantizar su suministro interno.
La norma alcanza a naftas, diésel (gasoil), jet fuel y kerosene. Entre las principales novedades figuran la toma de muestras en distintos puntos de la cadena de comercialización, controles técnicos más rigurosos, la obligación de análisis de calidad en laboratorios propios o tercerizados, la implementación de sistemas de filtración en estaciones de servicio, la digitalización de procedimientos administrativos, y fiscalización y mayores sanciones económicas.
El reglamento también fija parámetros mínimos de calidad, como un octanaje de 85 para gasolina especial y 91 para gasolina súper. Además, exige determinadas características físicas del combustible para evitar adulteraciones o combustibles fuera de especificación.
El senador y presidente de la comisión de investigación de hidrocarburos en la Cámara Alta, Branko Marinkovic, atribuyó el origen del problema al Decreto Supremo 4718 de 2022, que redujo los parámetros de calidad permitidos para la importación de combustibles. “El gobierno del expresidente (Luis) Arce junto con el expresidente de Yacimientos deciden bajar los parámetros de calidad en el combustible que se importa en el país mediante decreto”, sentenció.
, Nicolás Deza
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