El avance de los grandes proyectos de cobre y litio abrió una nueva negociación entre provincias, empresas mineras, proveedores y sindicatos en torno a empleo y compras locales.

El cambio de escenario se produce luego de dos hitos regulatorios: la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la modificación de la Ley de Glaciares, que despejaron condiciones para inversiones de gran escala en la minería.

Las provincias, titulares de los recursos, buscan que la nueva ola de proyectos se traduzca en empleo radicado en cada jurisdicción y en el desarrollo de proveedores locales con capacidad de escalar.

Las empresas, por su parte, advierten que los esquemas de “compre provincial” con cupos rígidos pueden encarecer proyectos y afectar su competitividad frente a otros destinos de inversión.

San Juan concentra varios de los principales proyectos de cobre presentados al régimen de inversiones y discute una Ley de Desarrollo Local Minero. La provincia plantea que el empleo y los proveedores vinculados a la minería deben tener base sanjuanina y capacidad para integrarse a cadenas de valor fuera del distrito.

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En paralelo, empresas globales con presencia en la provincia analizan el impacto de las futuras exigencias sobre sus estructuras de costos.

Santa Cruz aparece como referencia de un modelo más restrictivo. La provincia aplica un esquema 90/10 para empleo, que exige que el 90% de la mano de obra en industrias estratégicas sea residente local, y establece que al menos el 50% del monto anual contratado corresponda a proveedores santacruceños.

Las compañías señalan que este tipo de reglas puede resultar incompatible con proyectos de cobre y litio de gran escala que requieren proveedores especializados y cadenas de suministro diversificadas.

En Catamarca, la Cámara de Proveedores Mineros impulsa un esquema 70/30 para bienes y servicios, con una definición de proveedor local que incluye alianzas entre empresas nacionales y socios provinciales.

El objetivo es generar oportunidades para actores locales sin perder escala ni competitividad frente a la importación de bienes desde otros países de la región.

Río Negro plantea que la discusión sobre proveedores debe apoyarse en procesos transparentes de reclutamiento y en una planificación anticipada de la demanda de bienes y servicios.

La provincia sostiene que los gobiernos necesitan indicadores para identificar brechas de capacidades y diseñar programas de formación que permitan a empresas locales integrarse a la cadena de valor minera.

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Los sindicatos reclaman una mayor intervención del Estado Nacional para evitar que la competencia regulatoria entre provincias genere asimetrías en las condiciones de empleo y en las oportunidades para proveedores.

En este contexto, el Gobierno impulsó la creación de una Mesa Minera Federal, integrada por provincias, empresas y gremios, con el objetivo de coordinar criterios en un escenario de inversiones crecientes.

El RIGI incorpora un capítulo específico sobre proveedores locales. Establece que los proyectos alcanzados deben presentar un plan de desarrollo que incluya la contratación de al menos un 20% de bienes y obras a proveedores locales.

La compatibilidad entre este piso nacional y las leyes provinciales de “compre local” es uno de los puntos centrales de la discusión, en particular en jurisdicciones con normas más exigentes.

Un estudio elaborado por el Departamento Minero de la Unión Industrial Argentina, junto con la Cámara Argentina de Empresas Mineras y el Banco Interamericano de Desarrollo, identificó capacidades industriales críticas para los proyectos de cobre y litio, que demandarán inversiones superiores a 55.000 millones de dólares.

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Entre los rubros clave se encuentran metalmecánica, química, plásticos, ingeniería, servicios ambientales, logística y mantenimiento. El informe advierte que la fragmentación normativa encarece los proyectos y reduce la competitividad de los proveedores argentinos.

El desafío de la próxima etapa será armonizar los marcos nacionales y provinciales para que la minería pueda expandirse con encadenamientos productivos locales sin perder eficiencia. La forma en que se resuelva la tensión entre desarrollo territorial y competitividad será un factor determinante para la concreción y el ritmo de las inversiones mineras en la Argentina.

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