El debate sobre el “Súper RIGI” volvió a exponer una tensión que atraviesa a la economía argentina desde hace décadas. El régimen de incentivos para grandes inversiones no es, en sí mismo, el problema.

Lo que revela es la distancia entre las condiciones que el país necesita ofrecer para atraer capital y las que enfrentan todos los días las empresas que producen en el territorio. Esa brecha es el verdadero punto crítico.

La discusión planteada por la Unión Industrial Argentina (UIA) no gira en torno a la conveniencia del régimen, sino a su asimetría estructural. Mientras el inversor que ingresa al RIGI accede a estabilidad tributaria por treinta años, importaciones sin aranceles y un marco regulatorio previsible, la industria local opera bajo un sistema que combina presión fiscal elevada, financiamiento escaso y costos que no tienen correlato en la región. El resultado es que el régimen especial se vuelve competitivo para el capital que llega, pero no para los proveedores nacionales que deberían integrarse a esos proyectos.

La comparación regional es contundente. Brasil, Chile, Perú y Uruguay administran cargas tributarias que se ubican entre veinte y treinta puntos por debajo de las que enfrenta la producción formal argentina. En esos países, la banca de desarrollo financia proyectos industriales con tasas que permiten planificar inversiones y sostener capital de trabajo. En Argentina, en cambio, los créditos incorporan impuestos provinciales y municipales que agregan un sobrecosto cercano al veinte por ciento, incluso en operaciones de refinanciación. La industria compite con países que ofrecen condiciones normales mientras enfrenta un esquema que la obliga a operar en desventaja permanente.

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Ese diferencial explica por qué la UIA insiste en que el RIGI debe incluir mecanismos que integren proveedores locales. No se trata de cupos ni de preferencias discrecionales, sino de corregir una asimetría que, de no abordarse, consolidará un modelo donde los grandes proyectos se abastecen en el exterior y la industria argentina queda relegada. La propuesta de exigir un porcentaje mínimo de bienes con valor agregado nacional y de establecer esquemas de integración progresiva apunta a evitar que el régimen se convierta en un canal de importaciones sin impacto productivo interno.

El punto de fondo es otro. Si Argentina necesita regímenes de excepción para atraer inversiones, el desafío no está en los regímenes, sino en las condiciones generales bajo las cuales opera el conjunto de la industria. La región ofrece estabilidad, financiamiento y cargas tributarias razonables. Argentina ofrece incentivos extraordinarios para proyectos puntuales, pero no un marco integral que permita que las empresas locales compitan en igualdad de condiciones.

El RIGI puede ser una herramienta útil para acelerar inversiones estratégicas. Pero sin un plan que normalice la presión fiscal, reduzca costos improductivos y garantice financiamiento accesible para las industrias que deben proveer a esos proyectos, el régimen corre el riesgo de profundizar la brecha que pretende cerrar. La discusión no es sobre un parche. Es sobre la necesidad de reconstruir un entorno productivo que permita que la industria argentina vuelva a competir en su propio país y en su propia región.

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