La licitación de la Hidrovía 2024 se presentó como una modernización del corredor fluvial más importante del país. Pero detrás del discurso técnico hubo una decisión política defensiva: evitar un pliego “demasiado exigente” que dejara afuera a casi todos los dragadores globales.

Por eso el Gobierno eligió 40 pies de profundidad, aun sabiendo que el sistema energético solo se optimiza con 44–45 pies, el calado que permite operar buques tanque con mayor eficiencia y reducir maniobras, tiempos y costos en hidrocarburos, combustibles líquidos, biocombustibles y petroquímica.

La explicación oficial fue lineal:

“Si pedimos 45 pies, compiten uno o dos. No podemos hacer un pliego cerrado.”

Pero el pliego terminó cerrándose igual, por otro lado.

La profundidad se moderó, pero la experiencia previa se volvió un filtro absoluto. El sobre técnico pesó más que el económico. El peaje mínimo eliminó la competencia por precio. La concesión integrada dejó afuera a operadores que solo podían competir en dragado o balizamiento, pero no en ambos.

El resultado fue una paradoja: el pliego que buscaba ampliar la competencia terminó reduciéndola a dos oferentes reales.

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La licitación quedó entre Jan De Nul, operador histórico con ventaja estructural, y Emepa–Servimagnus, con experiencia local en balizamiento. Nada más.

DEME, una de las dos empresas del mundo capaces de sostener 45 pies, quedó afuera del proceso formal. No por falta de capacidad técnica, sino porque el diseño del pliego no le permitía mostrarla. Con peaje mínimo no podía competir por precio. Con ponderación técnica dominante no podía competir por antecedentes. Con 40 pies no justificaba desplegar su flota de gran potencia.

La competencia quedó reducida igual.

El riesgo político que se quiso evitar terminó ocurriendo.

La contradicción del pliego es estructural: evitó la exigencia en profundidad, pero impuso una exigencia en experiencia que tuvo el mismo efecto. No pidió 45 pies para no cerrar la competencia, pero cerró la competencia al exigir operación previa en la Hidrovía. El pliego quedó en tierra de nadie: no lo suficientemente profundo para resolver el problema logístico energético, no lo suficientemente abierto para atraer más oferentes, no lo suficientemente eficiente para reducir costos, no lo suficientemente competitivo para revelar el precio real del mercado.

Y acá aparece el impacto que nadie quiso mirar: el energético.

Con 40 pies, los buques tanque que transportan combustibles, hidrocarburos, biocombustibles y productos petroquímicos navegan con algo más de carga, sí, pero no con carga plena. Las restricciones de calado persisten. Las maniobras adicionales persisten. Los tiempos de navegación persisten. El costo operativo persiste. Y el nuevo peaje —un aumento del 87 %— supera cualquier ahorro marginal generado por el dragado.

El costo del parche es concreto:

+US$ 123 millones por año  

sobre un movimiento energético que depende de la Hidrovía para abastecer refinerías, mover combustibles líquidos, transportar biocombustibles y sostener la petroquímica del litoral.

El sistema queda más caro, con baja competencia y sin resolución estructural.

La Hidrovía no necesitaba un pliego defensivo.

Necesitaba una decisión.

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