La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) pidió que la Mesa Federal Minera, presentada el 7 de mayo en San Juan, comience a funcionar para ordenar la coordinación entre el Gobierno nacional, las provincias y las empresas en un momento de expansión simultánea de proyectos sin antecedentes en el país.
El espacio fue lanzado durante la Exposición Internacional San Juan Minera con la participación de funcionarios nacionales, gobernadores, compañías y sindicatos, pero más de dos meses después aún no está operativo.
El presidente de CAEM, Roberto Cacciola, sostuvo que la Mesa Federal debe ser coordinada por el Gobierno nacional con una fuerte participación de las provincias para compatibilizar criterios y avanzar en políticas comunes que acompañen el crecimiento del sector.
El dirigente señaló que uno de los principales desafíos es aumentar la participación de proveedores nacionales y locales en los grandes proyectos, en un contexto donde el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fija un piso del 20% de Compre Local.
Cacciola afirmó que ese porcentaje debe interpretarse como un punto de partida y que el objetivo es mejorar la competitividad de las empresas argentinas sin generar trabas burocráticas que afecten la construcción de minas.
En esa línea, indicó que las provincias también deberán trabajar para fortalecer a sus proveedores y, en algunos casos, revisar cargas impositivas si eso contribuye a mejorar sus condiciones frente a la competencia internacional.
El titular de CAEM destacó que Argentina atraviesa un momento excepcional por la cantidad de proyectos que podrían avanzar en forma simultánea.
Según explicó, ese escenario obliga a coordinar esfuerzos entre el Estado, las empresas y los proveedores para formar recursos humanos, desarrollar capacidades industriales y sostener una cadena de valor capaz de acompañar el crecimiento del sector.
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En ese marco, Cacciola reveló que CAEM trabaja junto con la Secretaría de Minería de la Nación en una matriz de necesidades de los distintos proyectos para identificar qué bienes y servicios demandarán las futuras inversiones y facilitar la preparación de la industria nacional. El objetivo es anticipar requerimientos y ordenar la información que permita a las empresas locales planificar su desarrollo.
La discusión sobre el alcance de la Mesa Federal Minera expone un vacío institucional que afecta directamente la preparación del país para el ciclo inversor. En Argentina no existe un organismo técnico que certifique competencias, homologue estándares operativos o valide la calidad de los servicios que ofrecen las pymes proveedoras.
La experiencia internacional muestra que los países mineros desarrollaron entidades específicas para ordenar la formación, anticipar vacantes críticas y garantizar que los proveedores cumplan requisitos ambientales, de seguridad y de operación continua.
En este contexto, la creación de un ente nacional de certificación minera permitiría establecer criterios federales, mejorar la competitividad de la industria local y asegurar que las empresas argentinas puedan integrarse de manera efectiva a los grandes proyectos.
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La puesta en marcha de la Mesa Federal también abrió un debate sobre su alcance. En el portal Minería y Desarrollo se planteó la posibilidad de que las compañías compartan información sobre sus futuras necesidades de bienes y servicios para facilitar el desarrollo de proveedores nacionales y provinciales.
CAEM considera que contar con esa información puede ayudar a que las empresas locales planifiquen inversiones y desarrollen capacidades para abastecer a los proyectos que ingresarán en etapa de construcción.
Sin embargo, dentro del sector existen voces que advierten que esa información es comercialmente sensible y que su difusión debe compatibilizarse con las políticas de ética y compliance de las compañías, además de evitar generar nuevas instancias burocráticas para las operadoras. El debate refleja la necesidad de contar con un ámbito institucional activo que ordene la articulación entre Nación, provincias y empresas en un ciclo inversor que exige capacidades técnicas y coordinación federal.
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