
A partir del despliegue de la bandera de las Islas Malvinas en la semifinal del Mundial 2026, se generó un efecto dominó que derivó hace pocos días en el anuncio de medidas por parte del presidente Javier Milei contra compañías que estén desarrollando actividades hidrocarburíferas en las islas, puntualmente se busca obstaculizar el proyecto Sea Lion que llevan adelante la inglesa Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum.
Nicolás Gadano, Flavia Royón, Jimena Latorre y Juan José Carbajales analizaron en una nueva emisión de Dínamo, bajo la conducción de Nicolás Gandini, la viabilidad del proyecto y las medidas adoptadas por el Gobierno, y plantearon un debate sobre qué debería hacer la Argentina para impulsar la exploración de su propio offshore.
Sea Lion: un proyecto de riesgo y con un conflicto jurisdiccional
Frente a la pregunta por la viabilidad y capacidad real del proyecto, Nicolás Gadano, ex gerente general del BCRA y consultor en energía, relativizó la escala del desarrollo y advirtió que, además de los riesgos propios de cualquier proyecto offshore, Sea Lion enfrenta una situación jurídica particular por el reclamo argentino sobre el archipiélago.
“Hay que invertir varios billions para poner la infraestructura y el desarrollo de este supuesto reservorio offshore. Es un proyecto altamente riesgoso, incierto, hoy tal vez estimulado como tantos proyectos por los precios altos del petróleo. Además, tiene el riesgo de que hay un conflicto jurisdiccional notorio porque Argentina reclama ese territorio”, señaló el economista.
Flavia Royon, exsecretaria de Energía de la Nación, dividió el caso en cuatro puntos. El primero fue que, según la exfuncionaria, el debate va más allá de la viabilidad del proyecto. “Acá hay una decisión final de inversión, en teoría el proyecto avanza. Ya que exploren es grave y amerita una posición del gobierno argentino”, afirmó. Como segundo y tercer punto, no negó la existencia de un “oportunismo político en un momento en donde el gobierno va perdiendo imagen” ni de un contexto geopolítico que influyó en el momento elegido por el Gobierno, algo que también había planteado Gadano.
Por último, agregó otra dimensión al debate: “Nosotros como país tenemos que entender que también tenemos que avanzar en el desarrollo económico de nuestra plataforma, porque tener actividad en nuestra plataforma también es una cuestión de soberanía”.
Por su parte, la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, puso el foco en la señal que la Argentina envía hacia los inversores internacionales. Según sostuvo, no hacer valer la normativa argentina frente al financiamiento de Sea Lion “estaría dando una señal a la comunidad internacional de que la comunidad y fondos internacionales pueden fondear proyectos para desarrollar en la Argentina en violación del marco normativo argentino. Eso creo que le restaría seguridad jurídica en la que estamos trabajando para promover más inversiones, desde la nación y desde las provincias también”.
“El quid de la cuestión acá está en la coherencia respecto a la administración del desarrollo de los recursos. Creo que es una posición estratégica del Gobierno nacional, no de oportunismo, de utilizarlo como una estrategia de negociación, porque hoy esta reconfiguración geopolítica está asentada sobre el dominio de recursos estratégicos”, planteó.
Y agregó: “Si queremos dar señales claras de que la Argentina es un jugador importante, tiene que ser claro y contundente el mensaje hacia afuera”.
Sin embargo, Gadano planteó reparos sobre la posibilidad de extender esa estrategia hacia empresas que también tienen actividad en la Argentina. “En el ejercicio de una política exterior de presión sobre Gran Bretaña, vamos a someter a todo el sistema petrolero a ‘o estás con ellos o estás con nosotros’. Me preocupa”, afirmó.
El debate por el offshore argentino
La discusión sobre Sea Lion abrió una segunda pregunta: qué está haciendo la Argentina para explorar y desarrollar los recursos hidrocarburíferos de su propia plataforma continental.
Juan José Carbajales, exsubsecretario de Hidrocarburos de Argentina y actual titular de la consultora Paspartú, sostuvo que las medidas para obstaculizar Sea Lion anunciadas por el Ejecutivo deberían complementarse con una política más activa sobre el offshore argentino.
“El gobierno anunció muchas acciones defensivas para obstaculizar la operatoria de Sea Lion, incluso utilizando Vaca Muerta como activo, lo cual me parece muy bien. Pero hay otro costado: nuestro offshore. ¿Qué hacemos nosotros en nuestro litoral marítimo?”, planteó.
“Si Argentina quiere realmente mostrarle a Inglaterra y al mundo que le interesan sus recursos estratégicos, no solo es frenar lo que están haciendo en un territorio cuya soberanía reclamamos, sino en el nuestro”, agregó.
Ante la pregunta sobre qué herramientas podría utilizar el Estado después de que el pozo Argerich (Equinor, YPF y Shell)no encontrara hidrocarburos en cantidades comerciales, Carbajales propuso acelerar la exploración.
Nicolás Gandini: —¿Qué más podríamos hacer para incentivar el offshore?
Juan José Carbajales: —Es muy simple: profundizar y acelerar.
Gandini: —¿Cómo?
Carbajales: —Pasando a la siguiente etapa. Los permisos exploratorios te exigen actividad en cada período. Bueno, pasar al siguiente. ¿Te fue mal en un pozo? Hacé otro al lado.
Gandini: —Pero eso no depende de tu voluntad como Estado.
Carbajales: —Yo tengo la solución. Primero YPF, que es el brazo ejecutor de políticas públicas.
Gandini: —¿Quién pone la plata?
Carbajales: —El Estado.
La propuesta abrió una discusión sobre quién debería asumir el riesgo económico de la exploración offshore.
Latorre rechazó que sea el Tesoro el que financie ese proceso. “El mejor ejercicio de la soberanía, más que recitarlo como un concepto abstracto, es justamente desarrollar económicamente actividades en nuestro territorio”, sostuvo, pero advirtió: “No coincido en que sea el Estado nacional el que tenga que fondear ese desarrollo, menos aún cuando estamos hablando de actividades económicas de alto riesgo como son las actividades exploratorias”.
Carbajales respondió que podrían participar tanto el sector público como el privado y destacó dos medidas recientes destinadas a incentivar inversiones: una convocatoria a licitación internacional a partir de una manifestación de interés privada y la reducción del monto mínimo requerido para que los proyectos offshore puedan acceder al RIGI.
“Creo que ese es el rol del Estado, esos mecanismos o incentivos hacia los privados, no poner fondos del Tesoro a desarrollar actividades de alto riesgo”, respondió Latorre.
Royon coincidió: “Usar recursos del Estado en cualquier tipo de exploración es riesgoso”.
Gadano también cuestionó la posibilidad de utilizar YPF como instrumento directo para impulsar nuevas perforaciones.
“YPF es una empresa mixta, no le podés decir que ahora se dedique a perforar acá o allá”, sostuvo. En cambio, consideró razonable adaptar instrumentos de incentivo como el RIGI a las particularidades de la exploración offshore, donde los desembolsos iniciales son menores que en la etapa de desarrollo de un descubrimiento.
“Me parece perfecto [usar instrumentos como el RIGI]. Creo que no es YPF ni Enarsa ni el presupuesto público”, concluyó.
El límite de la estrategia argentina frente a Sea Lion
Sobre el final del debate sobre la temática, volvió a aparecer otro punto de tensión: hasta dónde debería llegar la presión argentina sobre las compañías vinculadas directa o indirectamente con Sea Lion.
Gadano advirtió que una estrategia demasiado amplia podría terminar afectando al propio sector petrolero argentino. “¿Cuál es el límite de que si una empresa estuvo cerca directa o indirectamente del proyecto de Malvinas no puede trabajar en Argentina? Llega un momento en que eso nos empieza a perjudicar a nosotros y mete un riesgo adicional en la industria petrolera. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso”, señaló.
Gandini: —Fue novedoso que el gobierno lograra que empresas como Schlumberger Limited (SLB) y Halliburton, probablemente las dos empresas de servicios petroleros del mundo, o Tenaris, salieran a decir que no tienen vinculación ni ningún tipo de interés en el proyecto Malvinas.
Jimena Latorre: —En cierto modo muestra buenos primeros resultados de esa política o posicionamiento, y estamos hablando de las empresas de servicios más grandes. Si lo que se está buscando es marcar la cancha y mostrar cuáles son las reglas y los recursos de Argentina, y esto se respeta, creo que está empezando a mostrar cierta seriedad y robustez institucional en la decisión. No creo que sea disuasivo.
, Redaccion EconoJournal





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