Canadá tomó una decisión que cambió la competitividad de su minería y su sector energético: convertir la infraestructura habilitante en una política pública de largo plazo. No se trata de subsidios ni de beneficios fiscales. Se trata de rutas, líneas eléctricas, puertos, ferrocarriles, logística y permisos acelerados.
En otras palabras, de construir las condiciones para que los proyectos existan. Esa arquitectura —que Canadá consolidó con fondos federales y participación indígena— abre un debate inevitable para Argentina, donde los recursos abundan pero la infraestructura no.
El corazón del modelo canadiense es el Critical Minerals Infrastructure Fund (CMIF), un programa federal que financia obras que determinan si un proyecto minero llega o no a construirse. Carreteras de acceso, líneas de transmisión, ampliaciones hidroeléctricas, infraestructura ferroviaria y logística multimodal forman parte de un esquema que ya comprometió más de USD 300 millones en 38 proyectos vinculados a 19 minerales críticos.
La lógica es simple: muchos yacimientos fracasan no por falta de recursos geológicos, sino porque el costo de construir la infraestructura básica vuelve inviable la inversión privada.
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A ese fondo se sumó el First and Last Mile Fund, diseñado para cubrir los últimos kilómetros que conectan una mina con la red logística. Es una de las fallas más comunes en proyectos de cobre, litio y tierras raras: existe la carretera principal, pero faltan los 20 o 40 kilómetros finales que hacen posible la operación. Canadá decidió financiar esa brecha para acelerar la puesta en marcha de nuevos desarrollos.
La tercera pieza es la Major Projects Office (MPO), una ventanilla única que coordina ministerios y agencias regulatorias para reducir los tiempos de permisos federales a aproximadamente dos años, sin eliminar controles ambientales.
La MPO incorporó proyectos estratégicos como el corredor ártico y la expansión hidroeléctrica de Taltson, parte de un paquete de USD 25.000 millones destinado al desarrollo del norte canadiense.
El modelo incluye además un componente que Argentina no puede seguir ignorando: la participación indígena estructural. El CMIF financia estudios, planificación territorial, fortalecimiento institucional y consultas tempranas para que las comunidades originarias participen desde el diseño de los proyectos.
La adquisición de la mina Minto por la Primera Nación Selkirk marcó un hito: por primera vez, una operación minera quedó bajo control mayoritariamente indígena.
La pregunta es inevitable: ¿puede Argentina replicar este modelo? La respuesta es sí, pero no con fondos públicos. Con un gobierno que no quiere “distraer ni un peso” del Tesoro, la infraestructura habilitante debe convertirse en una obligación contractual de las concesionadas, no en un gasto estatal.
En lugar de un fondo federal como el CMIF, Argentina podría crear un fondo fiduciario privado, alimentado por aportes obligatorios de empresas mineras y energéticas, financiamiento de multilaterales y bonos verdes.
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La lógica es idéntica a la canadiense, pero adaptada a la realidad fiscal local: las empresas financian rutas, líneas eléctricas, plantas de tratamiento, logística multimodal y la infraestructura social mínima para las comunidades cercanas. A cambio, obtienen permisos más rápidos, previsibilidad regulatoria y acceso a corredores logísticos que reducen costos y aceleran exportaciones.
El paralelismo es evidente. Argentina enfrenta los mismos cuellos de botella que Canadá decidió resolver: rutas de montaña insuficientes, falta de líneas eléctricas, puertos saturados, ferrocarril limitado y permisos lentos.
En Vaca Muerta, la demanda de arena silícea exige corredores multimodales; en la minería de cobre y litio, los proyectos dependen de corredores bioceánicos, infraestructura social y logística integrada.
La experiencia canadiense deja una conclusión clara: sin infraestructura habilitante, incluso los mejores recursos naturales pierden competitividad. Y en Argentina, donde los recursos abundan pero la infraestructura no, la única forma de cerrar esa brecha sin comprometer fondos públicos es trasladar la responsabilidad a quienes operan las concesiones.
El modelo canadiense no es un espejo perfecto, pero sí una hoja de ruta para transformar la minería y la energía en motores de desarrollo real.
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