El Senado retomó el análisis del proyecto de ley conocido como Súper RIGI, que ya cuenta con media sanción en Diputados y busca atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y productivos aún no desarrollados en Argentina. Desde las 13 horas, un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General discute el texto con la intención de avanzar hacia dictamen.
La propuesta contempla un régimen de incentivos fiscales, cambiarios, aduaneros y regulatorios para proyectos de al menos USD 1.000 millones, con beneficios excepcionales durante 30 años. Entre ellos figuran la reducción de Ganancias al 15%, amortización acelerada, quebrantos sin límite temporal, beneficios en IVA, exenciones de derechos de exportación e importación, reducción de contribuciones patronales y estabilidad fiscal y regulatoria.
A diferencia del RIGI original de la Ley Bases, el Súper RIGI se orienta exclusivamente a nuevas industrias: inteligencia artificial, centros de datos, semiconductores, hidrógeno verde y baterías de litio. El objetivo oficial es atraer proyectos capaces de incrementar exportaciones, generar empleo calificado y promover capacidades tecnológicas.
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Los senadores evalúan introducir cambios. Uno de los puntos bajo revisión es el plan de desarrollo de proveedores locales, que exige destinar al menos el 20% de la inversión a contrataciones en el país. La UIA y sectores manufactureros reclaman que el requisito se refuerce para asegurar mayor impacto sobre la producción nacional.
También se discute el impacto de proyectos de altísimo consumo energético, como los centros de datos vinculados a la inteligencia artificial. Especialistas plantearon la necesidad de condiciones específicas que garanticen infraestructura energética y eviten tensiones sobre el abastecimiento general.
La definición será clave: si el oficialismo logra consensuar modificaciones con los bloques dialoguistas, el proyecto quedará en condiciones de avanzar hacia el recinto para su votación definitiva. La discusión de fondo busca equilibrar dos objetivos: ofrecer un marco competitivo para atraer inversiones multimillonarias y asegurar beneficios concretos para la industria nacional, el empleo y el desarrollo tecnológico argentino.
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