Argentina y Canadá avanzan en la actualización del Convenio para la Promoción y Protección de Inversiones, firmado en 1992 y vigente desde hace más de tres décadas.
El tratado establece reglas de protección para el capital canadiense en el país y define estándares de trato justo, libre transferencia de fondos y mecanismos de resolución de disputas. La revisión del acuerdo se enmarca en un contexto de mayor interés de empresas canadienses por invertir en minería, energía y agro en Argentina.
El embajador de Canadá en el país, Stewart Wheeler, confirmó que ambos gobiernos trabajan en la modernización del FIPA, cuyo texto quedó desfasado frente a los estándares actuales de inversión internacional. La actualización permitiría incorporar cláusulas ambientales, mecanismos de transparencia y normas modernas de arbitraje, además de alinearse con las negociaciones del acuerdo de libre comercio entre Canadá y el Mercosur, que continúa en proceso de discusión.
Canadá es el principal origen de capital minero en Argentina. Más del 50% de las exploraciones en curso corresponden a empresas canadienses, con presencia en proyectos de litio en Catamarca, Salta y Jujuy; cobre en San Juan y Catamarca; y oro y plata en Santa Cruz y San Juan. El país norteamericano también participa en iniciativas vinculadas a hidrocarburos, energías renovables y servicios tecnológicos para redes eléctricas, consolidando una presencia diversificada en sectores estratégicos.
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El diplomático destacó que la estabilidad macroeconómica y la previsibilidad regulatoria son factores determinantes para las decisiones de inversión. Señaló que la comunidad empresarial canadiense observa con atención las reformas económicas implementadas por el Gobierno argentino y evalúa oportunidades en minería, petróleo y gas, energías renovables y agroindustria. La complementariedad entre ambas economías, especialmente en minerales críticos y tecnología energética, es uno de los ejes que impulsa la agenda bilateral.
El FIPA de 1992 permitió consolidar la llegada de capital canadiense durante los años noventa, con un pico de inversión de USD 559 millones en 1997. La actualización del acuerdo busca adecuar ese marco a las condiciones actuales del mercado global y reducir el riesgo regulatorio para proyectos de gran escala, en un momento en que Argentina procura atraer inversiones para desarrollar su cartera de litio, cobre y energía.
La negociación del tratado y el avance del acuerdo Canadá–Mercosur conforman una agenda estratégica para ambos países. Para Argentina, representan la posibilidad de fortalecer la llegada de capital minero y energético; para Canadá, la oportunidad de consolidar su presencia en una de las jurisdicciones con mayor potencial geológico de la región.
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