En un escenario global atravesado por la reconfiguración de los mercados y la aceleración tecnológica, la industria petroquímica enfrenta el desafío de consolidar su competitividad en un contexto donde la disponibilidad de recursos energéticos, la eficiencia productiva y la integración de cadenas de valor resultan determinantes. En este marco, el Instituto Petroquímico Argentino (IPA®) realizará una nueva edición de la Jornada de la Industria Petroquímica 2026, que se llevará a cabo el martes 9 de junio en el Centro Cultural de la Ciencia (C3), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual reunirá a los principales referentes del sector para analizar los ejes que definirán el rumbo de la actividad en los próximos años.

La propuesta estará orientada a una mirada concreta sobre cómo capitalizar la oportunidad energética de la Argentina, avanzando en su transformación en industria y en el desarrollo de cadenas de valor. Esta edición tendrá además un carácter especial, ya que se realizará en el marco del 50° aniversario del IPA®, consolidando medio siglo de trabajo institucional orientado a la promoción, el análisis y el crecimiento de la industria petroquímica en la Argentina.

Nueva jornada

La Jornada tendrá la presidencia de la Ing. Dolores Brizuela, presidente de Dow para la Argentina y la región sur de América Latina, quien impulsará una agenda enfocada en fortalecer la competitividad industrial y en acelerar la transformación de los recursos energéticos en valor agregado para la cadena petroquímica. “El desafío es ir un paso más allá: no solo exportar gas, sino desarrollar una cadena de valor que transforme ese recurso en productos de mayor valor agregado, generando empleo, innovación y desarrollo. La Argentina cuenta con capacidades para consolidar ese camino, apalancada en su talento, creatividad y resiliencia”, señaló la Ing. Brizuela.

El encuentro se presenta como un espacio de intercambio y construcción colectiva, donde convergen líderes empresariales, especialistas técnicos, representantes del ámbito científico y actores del sector público, con el objetivo de debatir cómo transformar los desafíos actuales en oportunidades concretas para la petroquímica argentina. En línea con la agenda estratégica del sector, esta edición pondrá el foco en la competitividad industrial y en la necesidad de convertir los recursos energéticos disponibles en desarrollo productivo, inversión y generación de valor agregado en la Argentina. La integración de la cadena de valor, la eficiencia operativa y las condiciones para el crecimiento de la petroquímica serán ejes centrales de la discusión.

El objetivo

“La industria petroquímica tiene por delante una oportunidad concreta de dar un salto cualitativo en su desarrollo. Pero para lograrlo, es fundamental avanzar en una agenda común que integre inversión, innovación y formación de capacidades”, enfatizó el Ing. Gabriel Rodríguez Garrido, director ejecutivo del IPA®, en línea con los consensos que vienen consolidándose en el sector.

Ejes principales de la jornada de la industria petroquímica

• La competitividad de la industria petroquímica en el nuevo escenario global.
• La disponibilidad de materias primas y el desarrollo del gas como base para la expansión industrial.
• La transformación de los recursos energéticos en cadenas de valor petroquímicas.
• La eficiencia operativa y la digitalización como impulsores de la rentabilidad industrial.
• Las condiciones necesarias para fomentar inversión, infraestructura y desarrollo de mercado.
• El rol del talento y la formación de nuevos perfiles profesionales para sostener el crecimiento del sector.

Asimismo, el encuentro incluirá paneles, entrevistas institucionales y espacios de diálogo con referentes del ámbito empresarial, académico y científico-tecnológico, promoviendo una mirada transversal sobre los desafíos y oportunidades del sector.

La Jornada Petroquímica del IPA® se ha consolidado como uno de los encuentros más relevantes de la industria en Argentina, constituyendo un espacio clave para el análisis estratégico, la generación de vínculos y la construcción de una agenda común para el desarrollo del sector.

Para más información e inscripciones acceder al siguiente link: http://jornada-petroquimica.com/ o consultas al email ipainfo@ipa.org.ar

, Redaccion EconoJournal

Roberto Arias, ex secretario de Políticas Tributarias del Ministerio de Economía de la Nación entre diciembre de 2019 y julio de 2022 y director ejecutivo del Centro de Asuntos Fiscales, cuestionó el martes pasado en la red social X al ex gobernador de Córdoba y actual diputado nacional, Juan Schiaretti, por su decisión de no acompañar la reforma de la ley de Glaciares. “Me hizo mucho ruido que provincias como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, se expresen en contra de lo que puede hacer Catamarca en materia minera, una provincia que no tiene Pampa Húmeda y está a 1500 kilómetros del puerto”, aseguró en diálogo con EconoJournal. “Con ese mismo criterio, Catamarca podría impulsar una ley para crear un organismo nacional que decida dónde se puede producir maní, o dónde puede haber ganadería, porque son actividades que también afectan el medio ambiente”, agregó.

El economista, que también se desempeñó como Director de Fiscalización de la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Buenos Aires entre 2002 y 2008, sostiene que cada provincia debe poder decidir sobre el uso de sus recursos y defiende la reforma de la Ley de Glaciares porque dice que ayudará a precisar qué glaciares y ambientes periglaciares quedan protegidos, otorgándole mayor seguridad jurídica a las empresas mineras que deben invertir. «La ley original fue promovida por un senador nacional NdR: Daniel Filmus) y un diputado de la Ciudad de Buenos Aires (NdR: Miguel Bonasso), y los que más defendieron que no se toque también fueron diputados de la Ciudad de Buenos Aires porque ellos no pagan ningún costo», insistió.

–Usted señaló en un posteo reciente en la red social X que una buena ley es aquella que protege los recursos estratégicos, pero al mismo tiempo les brinda previsibilidad a las empresas para llevar adelante actividades productivas cuidando el medio ambiente y advirtió que la Ley de Glaciares de 2010 no cumplía con esos requisitos. ¿Por qué?

–Porque era impreciso el alcance del área protegida. Si bien el artículo 1 hace referencia a la protección de glaciares y ambientes periglaciares con una función hídrica relevante, esta última parte quedó sin tenerse en cuenta en la reglamentación y sobre todo en la creación del instrumento central de aplicación de esta ley, que es el inventario nacional de glaciares y ambientes periglaciares que hace el IANIGLA (NdR: Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), ya que en ningún momento evaluó las funciones hídricas de cada glaciar y ambiente periglaciar. Esta es la razón por la cual la ley terminó siendo muy imprecisa y generando inseguridad jurídica. Es bueno remarcar que estamos hablando de una ley que tiene 15 años de vigencia, no es una ley que se aprobó el año pasado y no hubo tiempo para aplicarla. Si en 15 años un instituto nacional, científico, que depende del Conicet y que nadie pone en duda, no tuvo la capacidad de hacer este relevamiento respecto a la función hídrica de cada glaciar y ambiente periglaciar, eso es algo que uno puede imaginar que nunca va a suceder.

–¿El riesgo para la empresa es que comience a desarrollar, por ejemplo, un proyecto de explotación de cobre en la alta cordillera y después algún particular diga que ahí hay un área periglaciar, haga un planteo ante el IANIGLA y este organismo le termine dando la razón?

–El IANIGLA documentó cerca de un 30% la reducción de superficie de glaciares y periglaciares en los últimos 15 años, proceso que está sucediendo en todo el planeta, pero, así como hay una desaparición de los glaciares, podría generarse un nuevo espejo –por algún fenómeno climático o de movimiento de agua o de lluvia local– que pueda ser considerado periglaciar. Además, el IANIGLA solo utilizó imágenes satelitales. No hay ningún trabajo de campo. Entonces, el día de mañana en un espacio que no es periglaciar, con un satélite mejor, alguien puede decir que sí tiene las medidas para ser considerado periglaciar y se lo incluye en el inventario cuando ya hay una actividad minera en ese lugar. También hay que advertir que no solo es un problema de precisión en los términos o de profundidad del estudio sino de cómo es el procedimiento administrativo por el cual una explotación minera alcanza determinado status que le da derechos y garantías. La ley original no tiene una lógica de lo que es un procedimiento administrativo para generar un derecho, que es lo que busca el código minero, la ley de inversiones mineras y toda la regulación de la actividad. Si yo tengo una concesión, la concesión implica un permiso de exploración y de explotación del recurso que tiene un periodo de tiempo y genera un derecho.

–¿Y por qué esta reforma soluciona el problema de la falta de reglas claras?

–Porque aclara que los glaciares y los periglaciares que están protegidos son los que cumplen una función hídrica y establece que es la provincia la que tiene la facultad para determinar si un glaciar o ambiente periglacial tiene o no esa función hídrica relevante. En el caso que determine que no la tenga, lo puede excluir del inventario nacional de glaciares.

–¿Para decidir eso las provincias van a realizar un relevamiento de campo?

–Claro, eso implica un relevamiento de campo. Se colocan boyas, se hace un estudio de la profundidad del hielo, se observa hacia dónde va el agua. Son estudios bastante precisos. Se han hecho algunos de esos estudios en glaciares de la Argentina. Lo ha hecho la provincia de San Juan. El IANIGLA no tiene los recursos ni ha hecho ningún estudio respecto a la función hídrica. Se ha manejado solo con relevamientos satelitales.

–Con esta reforma, la provincia minera que decida pedir la exclusión de un área periglaciar del registro del IANIGLA, ¿debe sí o sí realizar un trabajo de campo para relevar la función hídrica de ese glaciar o lo puede pedir sin hacer ningún estudio?

–Lo tiene que hacer realizando el estudio, pero acá lo relevante es que los costos y beneficios son de la provincia. Si hay un problema ambiental, los primeros afectados no van a ser las personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires sino las que viven en la provincia minera. Ellos son los primeros que tienen que tener muy en cuenta qué impacto tiene cada proyecto minero, no solo en los glaciares, sino en el agua, la fauna, el aire y en todo. Obviamente la minería tiene un impacto ambiental como cualquier actividad humana y eso pesa a la hora de tomar la decisión, pero yo estoy convencido que esa decisión tiene que ser de la provincia, ya sea sobre un pozo petrolero, una producción agropecuaria o una industria.

–Las provincias ya venían teniendo casi todas las potestades para avanzar con la Declaración de Impacto Ambiental, excepto en lo que refiere a los glaciares.

–Exactamente, en la legislación argentina la Declaración de Impacto Ambiental es una facultad provincial. En algunos casos es una resolución ministerial y en otros casos las aprobaciones de los documentos de impacto ambiental las hace la legislatura. Hay procedimientos bastante establecidos que en general son buenos. Hay un ranking del Instituto Fraser, que rankea las jurisdicciones mineras de todo el mundo. En el caso de la Argentina rankea a las provincias porque hay situaciones muy diferentes entre cada una de ellas. Se evalúa la capacidad técnica de los organismos que regulan la minería, la claridad de las normas y se construye un índice de atractivo de inversión en minera. San Juan está por arriba de Chile. Catamarca está muy bien colocada. Salta y Jujuy están bastante bien. La Rioja, Chubut y Mendoza son provincias con más problemas a nivel de licencia social y están colocados por debajo, pero no veo que haya un problema ahí.

–Un temor que suele existir, y que se planteó cuando se discutió la ley original, es que las provincias pueden llegar a ser más permeables que el Estado Nacional frente a la capacidad de lobby de las grandes mineras.

–Claro, lo que pasa es que hay lobby de todos lados. También hay un lobby ambientalista. Capaz que el Estado Nacional es más permeable al lobby ambientalista. Lobby hay de todos, pero creo que la decisión se tiene que tomar lo más cerca posible de dónde se van a ver los costos y beneficios de esa decisión. La ley original fue promovida por un senador nacional y un diputado de la Ciudad de Buenos Aires, y los que más defendieron que no se toque también fueron diputados de la Ciudad de Buenos Aires porque ellos no pagan ningún costo. Quedan bien con el espacio ambientalista, pero no pagan costos porque las inversiones no generan beneficios en la Ciudad de Buenos Aires sino en otras provincias.

–El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, les dijo a Axel Kicillof y a Jorge Macri que ellos se preocupen por el Riachuelo que las provincias cordilleranas se van a preocupar por sus recursos.

–La ganadería tiene un impacto ambiental enorme, así como también lo tiene la agricultura extensiva. Todas las actividades económicas tienen un impacto ambiental. A mí me hizo mucho ruido que provincias como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, se expresen en contra de lo que puede hacer Catamarca en materia minera, una provincia que no tiene Pampa Húmeda y está a 1500 kilómetros del puerto. Creo que la bronca de Jalil vino por ese lado. Con ese mismo criterio, Catamarca podría impulsar una ley para crear un organismo nacional que decida dónde se puede producir maní, o dónde puede haber ganadería, porque son actividades que también afectan el medio ambiente.

–Usted señaló también que está sobredimensionado el aporte de los glaciares al abastecimiento del agua dulce.

–No soy experto en el tema. Soy economista, pero escuché las audiencias y leí bastante, y no encontré argumentos que plantearan una afectación real concreta, no hubo exposiciones donde dijeran que el agua que se consume en determinada ciudad viene de tal glaciar o ambiente periglaciar. Lo que hubo fueron críticas genéricas del estilo “el agua no se toca”, “el agua vale más que el oro”, “se va a acabar el agua”, “nos vamos a morir porque no va a haber más agua”, etc. Del otro lado, en cambio, hubo muchos argumentos diciendo que la minería usa muy poca agua. En el caso de San Juan, que es una provincia que ya tiene varios emprendimientos mineros importantes, dejaron en claro que el 1% de toda el agua de la provincia la usa la minería cuando la agricultura usa más del 90%, y el resto es para consumo humano y de otras industrias.

–Otro argumento que se suele mencionar respecto del peligro de que decidan las provincias por sobre el Estado Nacional es que podrían competir entre ellas para ver quién le otorga más concesiones a una minera y terminar flexibilizando ciertos controles.

–En los proyectos mineros, la preeminencia es geológica. Una empresa no va a ir a una provincia en lugar de otra porque la regulación es distinta. Va a ir porque, desde el punto de vista geológico, es conveniente en términos de la cantidad de minerales que hay en ese lugar. Después, si una provincia tiene un esquema un poco más laxo o un poco menos laxo, es algo que hoy ya sucede y a mí no me parece mal. Hay provincias muy exigentes, como Chubut y Mendoza, que tienen prácticamente prohibida la actividad. Hay provincias menos exigentes o que, en lugar de aplicar una prohibición general, estudian caso por caso. No lo veo mal en un escenario donde los beneficios y los costos son para la población local. Una situación de contaminación puede tener consecuencias políticas gravísimas para un intendente o un gobernador, mientras que el presidente de la nación se entera por los diarios. Los gobiernos locales están absolutamente atentos, hay un seguimiento muy fuerte del impacto ambiental de los proyectos. Un hecho de contaminación también es muy grave para las empresas porque les afecta la reputación. Son empresas gigantescas que cotizan en bolsa y les afecta también la viabilidad del propio proyecto donde invierten cientos o miles de millones de dólares. Una provincia puede decidir no tener minería y está perfecto porque es una facultad que le da la constitución. Y si los habitantes de esa provincia realmente quieren minería, pero el gobierno no, cada cuatro años hay elecciones y cuando llegue el momento votarán a un gobernador que quiera la minería y se dará vuelta la cuestión. Sinceramente, creo que hay un mecanismo, que es nuestra democracia, para que la población local defina qué quiere hacer.

–¿Con esta reforma, el IANIGLA se queda sin poder de decisión real o sigue teniendo algún tipo de injerencia relevante?

–Es bastante equilibrada la situación, porque el IANIGLA se mantiene como el organismo rector, va a continuar realizando el inventario y tiene la obligación de actualizarlo periódicamente. La provincia, por su parte, puede retirar un glaciar, pero es una situación de altísima exposición porque al hacer eso va a tener que publicar los motivos por los cuales lo está sacando. Y obviamente lo va a tener que hacer sobre una base científica. A mí me parece que hay un buen equilibrio.

–El peronismo solía ser el partido que reivindicaba la necesidad de apuntalar la actividad productiva y generar empleo y en este caso puntual parece haber perdido esa bandera a manos del presidente Milei.

–El peronismo perdió la agenda de la producción y el trabajo y se dejó cooptar por una agenda más progresista, e incluso de izquierda en algunos temas, lo que lo llevó a perder la representación de sectores muy amplios de la población. Esta agenda ambiental extrema y dogmática puede sumarle en algunos sectores pequeños de los grandes centros urbanos, pero en las provincias quieren que haya trabajo e inversiones, obviamente sin perjudicar el ambiente excesivamente. Hay una pérdida de identidad del peronismo que se dejó captar por ideas del ambientalismo que pertenecen a agendas que no son las de países como Argentina que está en una etapa de desarrollo todavía no tan avanzada como otros países.   

, Fernando Krakowiak

YPF colocó este jueves en su regreso al mercado de capitales doméstico una nueva serie de Obligaciones Negociables (ON) con la que logró recoger US$122 millones, a una de las menores tasas de interés registradas por la compañía en este mercado. Lo tomado estuvo bastante por encima de la base de los US$70 millones con los que había salido inicialmente en el pliego de oferta difundido durante la semana.

La compañía logró colocar las Obligaciones Negociables Clase XLIII denominadas en dólares MEP por US$122 millones a un plazo de 4 años y una tasa de interés del 5,50%, por la cual recibió más de 6.000 ofertas por un monto total de US$203 millones. La última emisión de la compañía había sido en febrero, a un plazo de 34 meses y con una tasa del 6.50%, siendo ambas condiciones superadas por los resultados obtenidos en esta nueva emisión.

Esta operatoria es el primer testeo que tuvo la petrolera en el mercado tras el fallo favorable que logró la Argentina por parte de la Corte de Apelaciones de Nueva York de una sentencia emitida por la jueza Loretta Preska en el caso YPF. El país podría finalmente evitar el pago al fondo Burford Capital de más de US$18.000 millones, incluyendo intereses.

La salida al mercado contó con el respaldo de los colocadores Santander, Galicia, Balanz, BBVA, Macro, Banco Nación, Cocos y Allaria, lo que garantizó una amplia llegada a inversores institucionales y minoristas. los títulos se emitieron bajo la modalidad Hard Dollar, lo que implica que la suscripción local con moneda extranjera depositada en cuentas del país. El plazo de los instrumentos se fijó en cuatro años, con una amortización del 100% del capital al vencimiento. 

Los fondos tendrán un destino estratégico dual. Por un lado, YPF busca optimizar su Capex, asegurando el flujo de inversión necesario para sostener el ritmo de operación en sus locaciones no convencionales. Por el otro, la operación permitirá refinanciar deuda existente con una tasa de interés mayor a la obtenida en la nueva Obligación Negociable, extendiendo la vida promedio de la deuda.

Un contexto favorable

El mercado primario de Obligaciones Negociables en Argentina transitó hasta la fecha una actividad intensa. Gustavo Delbon, Gerente de Estructuración y Mercado de Capitales de RICSA Alyc, reseñó a EconoJournal que «se colocaron 57 series por un volumen aproximado de US$4.500 millones, con el sector energético como protagonista absoluto».

Se trata de 13 emisiones que concentraron más de la mitad del total emitido -equivalente a u$s2.418 millones- representando menos de un cuarto de las series. La demanda institucional, tanto local como internacional, fue intensa en varias de esas colocaciones, lo que se tradujo en tasas de corte ajustadas y plazos que en algunos casos a 12 años.

De acuerdo a la reseña de RICSA Alyc, YPF se consolidó como el emisor corporativo de referencia del período. La compañía acumula tres series colocadas en lo que va del año por más de US$ 800 millones, con vencimientos escalonados a 37, 48 y 97 meses, y tasas que van del 5,5% al 8% TNA en dólares.

«Esa arquitectura de plazo de emisiones no es casual: refleja una estrategia deliberada de construcción de curva en moneda dura, con puntos de liquidez distribuidos a lo largo del tiempo que el mercado utiliza como referencia para valuar el resto del crédito corporativo argentino«, explicó Delbón, quien destacó que para la colocación de hoy, Clase XLIII el mercado esperaba una tasa de corte entre el 6% y el 6,5% TNA.

El haber alcanzado una tasa de 5,5% reflejó una muy buena colocación en un mercado que viene comprimiendo tasas y extendiendo duration, lo que ratificó que la operación se encontró condiciones propicias.

Esta nueva incursión profundiza el proceso iniciado en enero de este año, cuando la firma realizó una ampliación de sus ON Clase XXXIV en los mercados internacionales. En aquella oportunidad, la petrolera logró colocar US$550 millones adicionales bajo legislación extranjera, con un rendimiento del 8,10% anual.

La reapertura de ese bono, que vence en 2034, permitió a la empresa consolidar un volumen de circulante superior a los US$1.500 millones, dotando al instrumento de una liquidez de referencia para el crédito corporativo de la Argentina en el exterior.

, Ignacio Ortiz

La consolidación de los pagos digitales en el país registró un nuevo hito de utilización masiva durante los cuatro días de Semana Santa, traccionado principalmente por la agilidad del sistema interoperable. Entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril, el sistema financiero procesó un volumen de operaciones que confirmó el desplazamiento del efectivo como medio preferido de pago en situaciones de consumo cotidiano y turístico, en particular en estaciones de servicio y tiendas de conveniencia.

De acuerdo con el último reporte de COELSA, la compañía tecnológica que actúa como núcleo del sistema financiero, durante estos cuatro días se registraron 66.690.763 transferencias inmediatas. Esta cifra representa un incremento del 26% en comparación con el mismo período de 2025.

En términos de volumen de dinero, el movimiento resultó aún más importante con un monto total operado que alcanzó los $10,4 billones, lo que equivale a un crecimiento interanual del 340%, según se desprende de un informe de COELSA.

A pesar del crecimiento sostenido de las transferencias, la verdadera estrella del fin de semana fue el pago mediante código QR. Este método registró más de 10,4 millones de transacciones, marcando un ascenso del 72% respecto al año anterior. El informe destaca que el monto total operado bajo esta modalidad subió un 131%, mientras que el ticket promedio creció un 34%.

Este comportamiento evidencia que el QR ya no se limita a compras menores, sino que se integró definitivamente en consumos de toda envergadura. Al respecto, el informe señala que estos números hablan de “una mayor confianza y expansión en su uso diario” por parte de los usuarios.

Estaciones de servicio y turismo: los sectores clave

La movilidad propia de la festividad religiosa impactó de lleno en sectores estratégicos. Si bien los supermercados, panaderías y restaurantes mantuvieron una actividad alta, las estaciones de servicio fueron el rubro con el desempeño más destacado al registrar un 85% más de operaciones que en 2025.

Este fenómeno estuvo directamente relacionado con la dinámica del turismo interno. El reporte identifica focos geográficos de alta densidad transaccional en la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba y Salta.

Los resultados obtenidos entre el 2 y el 5 de abril confirman que la infraestructura digital del país soporta una demanda cada vez más exigente y masiva. Desde la entidad procesadora subrayan que los datos “muestran la creciente adopción de las soluciones en tiempo real” y validan la tendencia de que cada vez más argentinos prefieren medios electrónicos para gestionar su dinero.

Como infraestructura tecnológica que sostiene este avance, la red conecta a todos los actores del sistema para asegurar que la experiencia sea “segura, rápida y disponible en todo momento”, permitiendo que la evolución de los pagos digitales no encuentre techos cercanos en el mercado local.

, Ignacio Ortiz

Tras una sesión maratónica que concluyó en las primeras horas de este jueves, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la reforma de la Ley de Glaciares. La votación reafirmó una polarización absoluta en la esfera pública: mientras el Gobierno nacional y las principales cámaras mineras celebran el fin de lo que consideran un «bloqueo ideológico» a las inversiones, el arco ambientalista activó un dispositivo de rechazo que promete trasladar la disputa a los tribunales.

La ley de reforma del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial cerró un debate que se extendió por casi 12 horas en Diputados, donde el oficialismo logró la sanción definitiva con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones. El apoyo de los gobernadores de las provincias cordilleranas como San Juan, Catamarca y Salta resultó decisivo para alcanzar la mayoría.

Organizaciones como Greenpeace, FARN y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas lanzaron tras la votación una convocatoria para una demanda colectiva. El objetivo es frenar la aplicación de la norma en los tribunales, argumentando que el proceso legislativo ignoró la participación ciudadana y vulnera el principio de no regresión ambiental.

Aunque la sesión terminó en la madrugada, se mantuvieron focos de protesta y vigilias en las inmediaciones del Congreso y en ciudades como Mendoza. La tensión escaló durante las últimas horas del debate debido al fuerte operativo de seguridad y las detenciones de activistas registradas previamente.

El Gobierno celebró la aprobación

La Oficina del Presidente calificó la sanción como un hito para el desarrollo soberano, afirmando que «esta reforma histórica aclara con precisión científica que se debe continuar protegiendo los glaciares (…) permitiendo, en función de evaluaciones técnico-científicas provinciales, la explotación de los minerales en los terrenos que estaban mal catalogados». Según el comunicado, «la redacción anterior era confusa y generaba interpretaciones absurdas que prohibían actividades mineras en general, incluso donde no había nada que proteger», lo que colisionaba con el derecho de las provincias al dominio de sus recursos.

Desde el Ejecutivo se envió un mensaje tajante contra el activismo ambiental, asegurando que «los intentos de interferencia de organizaciones extranjeras fracasaron y los ecologistas empecinados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder». El texto oficial concluye que, «con esta medida, el país recupera un verdadero federalismo ambiental y una política inteligente y soberana para la explotación de sus recursos«, dejando atrás lo que consideran distorsiones ideológicas que impedían el crecimiento económico.

La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) recibió la noticia como un paso fundamental hacia la reactivación industrial, señalando que la actualización normativa «permite establecer criterios más precisos para la identificación y protección efectiva de los glaciares y del ambiente periglacial, y clarificando dónde es posible desarrollar actividades productivas bajo estrictos estándares». Para la entidad nacional, esta decisión es de gran relevancia para la Argentina ya que logra «despejar ambigüedades que durante años generaron incertidumbre, manteniendo la protección de los recursos hídricos».

Asimismo, la cámara empresarial hizo hincapié en el impacto económico de la reforma, definiéndola como un avance indispensable para «incrementar la previsibilidad normativa, indispensable para el desarrollo de una industria estratégica para el país, capaz de crear empleo de calidad y atraer inversiones de largo plazo». Según expresaron, la medida no solo beneficia a las operadoras, sino que «impulsa el fortalecimiento de la cadena federal de proveedores mineros» en el marco de una transición hacia una matriz económica más diversificada.

La Cámara Minera de San Juan (CMSJ) enfatizó «era necesario este cambio para la seguridad jurídica regional y haber avanzado en la remoción de ambigüedades que generaban incertidumbre en su aplicación». La CMSJ resaltó el trabajo conjunto entre jurisdicciones, afirmando que «la actualización de la ley es resultado de este proceso de articulación entre los gobiernos, fue un ejemplo de federalismo concertado que contó, además, con el aporte de diversos actores».

La entidad provincial insistió en que la minería responsable requiere reglas claras y que esta modificación garantiza las condiciones adecuadas para la inversión. En ese sentido, reafirmaron que «la minería constituye una actividad productiva capaz de convivir armónicamente con otras actividades económicas, aportando inversión, empleo y desarrollo para las comunidades», siempre bajo la premisa de que la protección ambiental se realice bajo «criterios técnicos y la generación de oportunidades de crecimiento para San Juan y el país».

La oposición endureció el debate

El arco opositor, encabezado por referentes de Unión por la Patria, cuestionó el costo institucionl de la medida. El santafesino Germán Martínez, presidente del bloque UxP expresó: «Vinimos a manifestarnos a favor de la progresividad en la normativa ambiental y de un enfoque ecosistémico. No cedamos ante falsas antinomias. Ningún espacio político hizo más que el peronismo para que el desarrollo productivo vaya de la mano de la protección ambiental».

La diputada cordobesa Natalia de la Sota del Bloque Federal, reafirmó en declaraciones periodísticas su posición contra el argumento del «federalismo minero» y en ese sentido expresó: «Lo que vamos a vivir con esta ley es que se van a generar conflictos y habrá un daño ambiental en las provincias. Los que plantean el federalismo abandonaron a los docentes, la obra pública y eliminaron los subsidios al transporte. No puede haber intereses sectoriales por delante».

Para la diputada bonaerense Julia Strada (UxP) «fueron 137 diputados a favor de la desprotección de nuestros glaciares, con consecuencias irreversibles sobre nuestro territorio nacional, suelo y cuencas hídricas. El complemento del RIGI es doble: ley de glaciares ya aprobada y ley de tierras que ingresa por el Senado. El modelo económico de este gobierno necesita flexibilización ambiental y legisladores al servicio de esta entrega».

Pero sin dudas, el cuestionamiento más crítico estuvo a cargo de diputado Juan Grabois. Al referirse al impacto sobre las reservas hídricas, el dirigente social aseveró que «es una ley envenenada, porque mienten cuando dicen que la minería en glaciares no envenena, van a envenenar el agua. Esta ley es equivalente a poner a Yiya Murano en el tanque de agua de tu casa. Le van a poner cianuro a los pibes y a las pibas».

Al reafirmar su abierta oposición al nuevo texto de la ley, Greenpeace y otras ONGs denunciaron que la reforma se dio tras un proceso «viciado y a espaldas a la sociedad, que ha ignorado a miles de personas que exigieron proteger el agua». Las organizaciones advirtieron que «esta decisión legislativa pone en riesgo el acceso al agua y por lo tanto la vida de millones de argentinos y argentinas y los ecosistemas que dependen de los glaciares y el ambiente periglacial», calificando la jornada como un retroceso inaceptable.

Ante la sanción, las entidades lanzaron una contraofensiva legal inmediata, convocando a la ciudadanía a «sumarse a una demanda colectiva para frenar este retroceso». Según señalaron sus referentes, la batalla ahora se traslada al ámbito judicial: «Hoy la respuesta está en manos de todas las personas: la ciudadanía será la protagonista de la lucha por recuperar la ley. Si no quisieron escuchar en el Congreso, van a escuchar en la Justicia», sentenciaron en su comunicado conjunto.

, Ignacio Ortiz

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, destacó el crecimiento exponencial de La Angostura Sur, un área en Vaca Muerta que se posicionó rápidamente entre los activos más valiosos del sector no convencional. En menos de un año y medio, el bloque pasó de producir 2.000 a 47.000 barriles diarios de petróleo, un salto que la compañía atribuyó a una profunda transformación en sus procesos operativos y tecnológicos.

Este desarrollo permitió que el bloque, operado íntegramente por YPF, escalara posiciones hasta convertirse en el quinto activo más productivo de la formación. «Logramos multiplicar por 20 la producción de un bloque shale en un plazo que no tiene antecedentes en la industria local«, afirmó el Marín a través de una de sus redes sociales.

Marín explicó que la clave de este hito residió en un giro estratégico hacia la eficiencia digital y estructural. «Este salto fue posible porque cambiamos la forma de operar. Pasamos a un modelo con diseño modular, escalabilidad y monitoreo en tiempo real desde nuestro centro RTIC, que nos permitió optimizar cada pozo de forma sustentable», detalló el CEO.

El bloque ya se perfilaba desde fines del año pasado como una pieza fundamental para la caja de la compañía. Las proyecciones técnicas indicaban que, al alcanzar un flujo de producción estabilizado, La Angostura Sur tendría la capacidad de generar ingresos cercanos a los US$500 millones anuales, consolidándose como un motor de rentabilidad para los planes de desarrollo de la firma.

Ubicada en una posición geográfica estratégica, el área comparte características geológicas con otros campos de alto rendimiento. Sin embargo, su velocidad de desarrollo marcó un diferencial respecto a otros proyectos maduros de la cuenca, fundamentado en una infraestructura que permite añadir módulos de producción de manera ágil.

El quinto mayor bloque de la Argentina en Vaca Muerta

Según el último relevamiento de la consultora Economía y Energía, La Angostura Sur consolidó su lugar en el «top five» de los bloques productores de shale oil en la Argentina, superando en ritmo de crecimiento interanual a otros desarrollos consolidados de la región.

En la comparativa general, La Angostura Sur solo es superada en volumen por gigantes como Loma Campana (96,9 kbbl/d), La Amarga Chica (81,2 kbbl/d), Bajada del Palo (68,4 kbbl/d) y Bandurria Sur (64,3 kbbl/d). De este modo, YPF opera cuatro de los cinco yacimientos más importantes del país, fortaleciendo su dominio en el segmento no convencional.

La expansión del bloque no solo impacta en las métricas de extracción de YPF, sino que también tracciona el incremento total del shale oil, que en febrero de 2026 alcanzó los 591 kbbl/d. El aporte de La Angostura Sur fue decisivo para sostener la curva ascendente de la producción nacional, que sumó casi 148.000 barriles diarios de capacidad interanual.

Hacia fines del año pasado La Angostura Sur ya develaba un crecimiento vertiginoso en la producción, y en los pimeros doce meses de desarrollo el volumen de extracción se multiplicó por un factor de 17, al pasar de apenas 2.000 barriles diarios en octubre de 2024 a superar los 35.000 barriles en octubre último. Hasta el momento, la compañía desarrolló poco más del 15% de los 350 pozos de inventario.

Las proyecciones a futuro refuerzan el optimismo porque se espera que el área alcance una producción máxima de más de 80.000 barriles diarios en los próximos años. Esta expansión se basa en una estructura de costos eficiente, con un precio de equilibrio (break-even) inferior a 40 dólares por barril, había adelantado por entonces la compañía a sus accionistas.

Convalidada la calidad de reservorio a partir de los pozos perforados que exhibieron niveles de productividad prometedores, la empresa estimó una recuperación final de alrededor de 1,3 millones de barriles equivalentes de petróleo (BOE). Esta cifra de recuperación incluye tanto el petróleo como el gas natural asociado, proyectando un potencial sostenido a largo plazo.

El impacto financiero de este desempeño es igualmente contundente, ya que se estima que el bloque La Angostura Sur es un campo capaz de generar un EBITDA anual superior a los US$500 millones, reconfirmando la capacidad de Vaca Muerta para recrear proyectos de alta rentabilidad.

, Ignacio Ortiz

El proyecto de modificación a la Ley de Glaciares fue aprobado por un amplio margen durante la madrugada de este jueves en la Cámara de Diputados. La modificación a la ley 26.639, que ya tenía el visto bueno en el Senado, logró la sanción definitiva en la cámara baja con 137 votos a favor, 111 en contra, tres abstenciones, cinco ausentes y un legislador que no votó. En las provincias mineras el proyecto fue apoyado mayoritariamente.  

La sesión en la cámara baja duró casi 12 horas, ya que comenzó el miércoles a las 15 y concluyó el jueves las 2:37. El proyecto fue impulsado por el gobierno de Javier Milei. El bloque oficialista de La Libertad Avanza (LLA) aportó 94 votos positivos (ausente Rocío Bonacci) para apoyar las reformas a la Ley de Glaciares.

La iniciativa también obtuvo el apoyo de los bloques aliados como el PRO con 11 votos a favor (ausente Alejandro Finocchiaro); 8 de Innovación Federal (impulsado por gobernadores de Salta, Misiones y San Luis); 6 de la UCR; 3 de Alijo Catamarca (liderados por el gobernador Raúl Jalil); 6 de Provincias Unidas; y 3 del bloque de Tucumán Independencia.

También votaron a favor de la modificación a la Ley de Glaciares los legisladores de San Juan Cristian Andino y Jorge Chica de Unión Por la Patria y Carlos Quiroga y Nancy Martínez de Producción y Trabajo. Se sumaron con el voto positivo Nicolás Massot (Encuentro Federal); Karina Bonfi (Adelante Buenos Aires); José Luis Garrido (Por Santa Cruz).

Los bloques que votaron en contra de la reforma fueron 90 diputados de Unión por la Patria; 11 de Provincias Unidas; la Coalición Cívica y la izquierda. También se opusieron Miguel Angel Pichetto de Encuentro Federal, Marcela Pagano de Coherencia, Natalia de la Sota de Defendamos Córdoba y Jorge Fernández de Primero San Luis. Las abstenciones fueron de los diputados Oscar Zago y Eduardo Falcone del MID y de Karina Maureira de La Neuquinidad.

El voto en las provincias mineras

La provincia de San Juan, una de las jurisdicciones mineras más interesadas en las modificaciones a la normativa porque tiene en carpeta proyectos de cobre, aportó el voto de seis diputados de los bloques Unión por la Patria, LLA y Producción y Trabajo. Catamarca tuvo 4 positivos de Elijo Catamarca y LLA y un voto negativo de Unión por la Patria.

Además, Salta logró el apoyo de todos los legisladores (LLA e Innovación Federal), Jujuy tuvo 3 positivos de LLA y uno de Provincias Unidas y dos negativos de Unión por la Patria. Mendoza contó con el apoyo de 5 votos de LLA y 2 de la UCR y el rechazo de Unión por la Patria y Provincias Unidas con un voto cada uno.

Los legisladores de la provincia de Santa Cruz se repartieron en 2 positivos (LLa y Por Santa Cruz) y 3 negativos de Unión por la Patria. Chubut aportó 3 votos positivos de LLA y Provincias Unidas y 2 negativos de Unión por la Patria. Neuquén y Río Negro tuvieron votaciones similares con 3 positivos de LLA y Provincias Unidas y 2 negativos del peronismo. En tanto, La Rioja y San Luis tuvieron 4 positivos  de LLA y 4 negativos; La Pampa 3 positivos (LLA y PRO) y 2 negativos.

, Roberto Bellato

La Cámara de Diputados aprobó este jueves la modificación a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, una norma aprobada en 2010. La sanción introduce cambios que modifican la protección ambiental en zonas definidas como glaciares y periglaciares como reservas de agua dulce y habilita realizar actividades productivas como la minería.

El texto aprobado en el Congreso redefine el alcance de la Ley de Glaciares. Este aspecto es central porque uno de los debates sobre la norma de 2010 refiere a la definición de periglaciar, que los describe de manera laxa como áreas de alta montaña con suelos congelados que actúan como reguladores hídricos. Sus críticos sostienen que es muy amplia y terminó afectando el desarrollo de la actividad minera.

Además, la norma aprobada este jueves modificó el principio precautorio, es decir, la prohibición automática de la actividad productiva en zonas periglaciares que establecía la ley de 2010 y le otorgó el poder de decisión a las provincias para habilitar un proyecto minero.

La Ley de Glaciares de 2010 establecía una prohibición absoluta por ubicación de los glaciares. La nueva normativa establece una exigencia «relevante» y «comprobable» –según el texto- en el aporte hídrico a una cuenca para cada área declarada como glaciar y periglacial.

Según creen en el gobierno nacional, la modificación del esquema de protección es clave para destrabar inversiones millonarias, sobre todo en desarrollos de cobre.

Del otro lado hubo cuestionamientos de los bloques opositores y de sectores ambientalistas, que critican la posibilidad de que se habilite la actividad minera en estas zonas porque, según señalan, podría afectar a las reservas de agua dulce.

El articulado de la reforma a la Ley de glaciares

En el artículo 1 la norma sancionada apela al apartado 124 de la Constitución Nacional (1994), que determina que el dominio originario sobre los recursos naturales pertenece a las provincias. Este punto es cuestionado por los críticos a la reforma ya que afirman que la ley es de presupuestos mínimos que establece un piso básico uniforme de protección ambiental.

Otro argumento de los que cuestionan este aspecto es que podría darse el caso en que un proyecto minero tenga el visto bueno ambiental otorgado por una provincia, pero que afecte recursos hídricos en dos provincias al mismo tiempo.

De todos modos, en el artículo 5 de la modificación a la Ley de Glaciares finalmente aprobado establece que el inventario sobre zonas periglaciares (Inventario Nacional de Glaciares – ING) seguirá bajo el paraguas del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que es el ente que tiene la autoridad fijada por la norma.

La nueva norma establece en el artículo 3 que la consulta al inventario de glaciares del IANIGLIA es obligatoria, pero no genera prohibiciones automáticas en materia ambiental y de utilización de los recursos naturales para las provincias.

El apartado 3 bis fija el principio precautorio de la ley, una presunción de protección para los glaciares y periglaciares contemplados en el inventario, hasta que cada provincia verifique la inexistencia de las funciones hídricas. Si esto se constata, esta zona deja de estar a la alcance de la protección de la ley.

Protección de glaciares y del ambiente periglacial

Si bien se mantiene la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos y como bienes de carácter público, el nuevo texto enumera aspectos concretos de las funciones ambientales: (i) provisión de agua para consumo humano, (ii) recarga de cuencas hidrográficas, (iii) apoyo a actividades productivas esenciales, (iv) protección de la biodiversidad, (v) fuente de información científica y (vi) atractivo turístico.

En el mismo apartado, el texto afirma que la protección de los glaciares y del ambiente periglacial “deberá interpretarse de un modo compatible con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que dispone la utilización racional de los recursos naturales existentes en las provincias (…) de un modo que atienda a las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.

Este aspecto también fue criticado por sectores ambientalistas y por la oposición que votó en contra en Diputados. En este sentido, el legislador Martín Lousteau -que votó en contra- cuestionó al proyecto porque “si nos equivocarnos en este tema podemos afectar el futuro de siete millones de habitantes y de las generaciones venideras. Si habilitamos actividades mineras que afectan cuencas y esas cuencas sirven para que vivan millones de compatriotas vamos a tener impactos sociales, económicos, políticos irreversibles”.

Lousteau remarcó también que “no tenemos magnitud de los costos que tendríamos si nos equivocamos con esta ley porque no hay un solo estudio riguroso sobre los riesgos de esto. No sabemos cuáles son los costos y sin embargo tenemos que tomar una decisión”.

En el artículo 6 de actividades prohibidas, el nuevo texto mantiene la prohibición de actividades que liberen contaminantes, la construcción de infraestructura no esencial y la instalación de industrias. La novedad es que en este aspecto el proyecto pone en relieve la evaluación de impacto ambiental como instancia técnica previa para determinar en concreto si una actividad productiva genera efectos contra el ambiente.

El artículo 8 explicita que “la autoridad competente de la jurisdicción respectiva tendrá a su cargo determinar, mediante la correspondiente evaluación de impacto ambiental, qué actividades proyectadas implican una alteración relevante y, como consecuencia, no pueden ser autorizadas”.

, Roberto Bellato

El precio del barril Brent, de referencia para las inversiones en Vaca Muerta, registró una fuerte caída tras el anuncio de los Estados Unidos e Irán de un alto al fuego por dos semanas y comienzo de negociaciones de paz a partir del viernes.

Una clave que destrabó el cese al fuego fue el compromiso de Irán de habilitar el paso por el estrecho de Ormuz, un punto exigido por el presidente Donald Trump. Las conversaciones girarán en torno a un supuesto plan de paz con diez puntos redactado por Irán y que el propio Trump evaluó como “una base viable sobre la cual negociar”.

Sin embargo, el sostenimiento del cese al fuego es endeble en la medida que Irán quiere que se aplique también en el Líbano, en donde Israel continuó atacando en las últimas horas.

Desde el comienzo de la guerra en Medio Oriente, el precio del Brent prácticamente se duplicó, saltando de una zona entre US$ 55 y US$ 60 por barril a tocar cotizaciones cercanas a los US$ 120 por barril. Tras el anuncio del martes por la noche, el Brent cae este miércoles de US$ 110 a un mínimo diario de US$ 90 por barril, un retroceso de casi 17%.

De todas formas, el precio del Brent sigue siendo significativamente alto en comparación con los precios anteriores al conflicto, lo que evidencia las dudas y tensiones que subyacen en el alto al fuego entre Washington y Teherán.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien ha estado mediando en las negociaciones, declaró a primera hora del miércoles que el alto el fuego entraba en vigor de inmediato. Representantes de EE.UU. e Irán se encontrarán el viernes en la capital pakistaní de Islamabad para iniciar conversaciones formales, luego de semanas de intercambios informales a través de terceros países.

A continuación, las claves del cese al fuego en la guerra en Medio Oriente y las negociaciones que comienzan el viernes.

1. Cómo se alcanzó el alto al fuego

Pakistán, Turquía y Egipto llevan semanas oficiando como mediadores para encontrar un acuerdo de paz o al menos un alto al fuego. Las negociaciones se aceleraron en la última semana tras el ultimátum de Trump a Irán para que libere el tránsito por Ormuz antes de la noche del martes o enfrentar un bombardeo masivo contra infraestructura civil iraní.

La respuesta iraní fue la divulgación a través de la prensa oficialista de un supuesto plan de paz de diez puntos, cuya existencia el presidente estadounidense validó y consideró el lunes como “un paso significativo”, aunque aclaró que “no es suficiente”.

Finalmente, en la noche del martes se acordó un cese al fuego y comienzo de negociaciones formales, presuntamente sobre la base del plan iraní. “Sé cuáles son los puntos. Y muchos de ellos son muy buenos. No puedo hablar de ello… pero todos son buenos puntos”, declaró Trump en las últimas horas al medio Sky News.

Sin embargo, en las horas siguientes al anuncio se continuaron registrando ataques desde Irán e Israel. Según el primer ministro de Pakistán, el alto el fuego también entrará en vigor en Líbano, donde Israel ha estado combatiendo al grupo armado Hezbolá, respaldado por Irán.

El presidente estadounidense afirmó anoche haber accedido a «suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas» si Teherán acepta reabrir el estrecho de Ormuz. Trump declaró que aceptó un alto el fuego provisional porque «ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares».

En principio, Irán ha accedido a permitir el paso de buques por el estrecho de Ormuz durante dos semanas, con el tránsito coordinado por el ejército iraní.

El plan de diez puntos difundo por la prensa oficialista iraní incluye el cese total de las hostilidades en Irán, Irak, Líbano y Yemen, el pleno compromiso de levantar las sanciones contra Irán, la liberación de los fondos y los activos iraníes congelados en poder de EE.UU., y el pago íntegro de una indemnización a Irán por los costes de reconstrucción, entre otros puntos. Asimismo, se afirma que Irán se compromete plenamente a no intentar obtener armas nucleares.

2. Qué ocurrirá con el estrecho de Ormuz

Un punto central en las negociaciones que comienzan el viernes será el futuro del estrecho de Ormuz. Irán demostró capacidades operativas para afectar el tránsito, incluso tras varias semanas bajo el asedio militar estadounidense e israelí. El plan de diez puntos de Irán incluiría que mantendrá el control del tránsito por el estrecho.

La Guardia Revolucionaria Islámica también comenzó en las últimas semanas a monetizar informalmente el paso por el estrecho, con el cobro de peajes millonarios. El cobro de peajes es rechazado de plano por EE.UU., las naciones árabes en el Golfo Pérsico y por la comunidad internacional en general porque sienta un precedente que viola leyes marítimas internacionales.

De hecho, el Consejo de Seguridad de la ONU trató una resolución impulsada por Oman en contra del bloqueo iraní. El texto original invocaba el capítulo 7, que habilita el uso de fuerza para destrabar el bloqueo, algo que fue desechado en el texto final. De todas formas, la resolución fue vetada por China y Rusia en la votación del lunes.

La postura iraní de momento es continuar cobrando un peaje. El portavoz de la Unión de Exportadores de Petróleo, Gas y Productos Petroquímicos de Irán, Hamid Hosseini, declaró este miércoles al Financial Times que Irán quiere cobrar peajes a todos los buques cisterna que pasarán por el puerto e inspeccionar cada barco individualmente.

“Irán necesita controlar lo que entra y sale del estrecho para asegurarse de que estas dos semanas no se utilicen para el tráfico de armas”, declaró Hosseini, cuya asociación industrial colabora estrechamente con el Estado persa. “Todo puede pasar, pero el procedimiento requiere tiempo para cada embarcación, e Irán no tiene prisa”, añadió.

3. Líbano, factor crucial para el sostenimiento del alto al fuego

Un factor que puede descarrilar el cese al fuego y las negociaciones es la continuidad de los ataques de Israel en el Líbano, que apuntan principalmente contra el grupo Hezbolá, respaldado por Irán. Israel afirmó que el acuerdo entre Irán y EE.UU. no aplica a la guerra que mantiene con el grupo militante en el Líbano, a pesar de que Pakistán aseguró lo contrario.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró horas después del anuncio del cese al fuego que el mismo no abarca al Líbano. “Israel apoya la decisión del presidente Trump de suspender los ataques contra Irán durante dos semanas, con la condición de que Irán abra inmediatamente el estrecho y cese todos los ataques contra Estados Unidos, Israel y los países de la región”, dijo mediante un comunicado. Añadió que el alto el fuego “no incluye al Líbano”, donde Israel mantiene tropas terrestres.

Israel ejecutó en la tarde de este miércoles en el Líbano un extenso ataque contra varias zonas comerciales y residenciales del centro de Beirut. El ejército israelí lo calificó como el mayor ataque coordinado de la guerra actual, alcanzando más de 100 objetivos de Hezbolá en 10 minutos en Beirut, el sur del Líbano y el valle oriental de Bekaa.

Este miércoles Irán interrumpió el tráfico de petroleros a través de Ormuz tras el ataque israelí, según informó la agencia de noticias semioficial Fars. Según la agencia solo dos petroleros habían cruzado el estrecho desde que entró en vigor el alto el fuego.

, Nicolás Deza

La integración energética entre la Argentina y Brasil depende de la capacidad de Vaca Muerta para ofrecer un precio competitivo y garantizar seguridad jurídica en los contratos de exportación a largo plazo. Durante un conversatorio previo al CAMBRAS Business Day 2026, evento previsto para el próximo 2 de junio, referentes del sector público y privado coincidieron en que, si bien la abundancia geológica de la cuenca neuquina es indiscutible, el éxito del intercambio requiere armonizar las regulaciones regionales y optimizar la infraestructura de transporte.

El debate se desarrolló este martes bajo la premisa «Conversatorios e Insights Sectoriales: Energía», realizado en las oficinas del estudio de abogados O’Farrell en la Ciudad de Buenos Aires, y reunió a los actores de la integración bilateral. El panel lo integraron: Igor Goulart Teixeira (Embajada de Brasil), Fernando Montera (IBP), Marisa Basualdo (TotalEnergies), Rodrigo Senne (Âmbar Energia) y Agustín Siboldi (O’Farrell), con la moderación de Gabriela Aguilar (IAPG).

Para Goulart Teixeira, diplomático de la embajada brasileña en Argentina encargado de los sectores de energía, minería y agricultura, «Brasil tiene demanda creciente de sus industrias por gas de buena calidad y que sea competitivo. En ese escenario, Bolivia tiene el desafio de mantener la productividad de sus yacimientos y la Argentina como tercera punta de este triángulo está lista para convertirse en una potencia del gas de Cono Sur y en exportador en firme para Brasil».

Para el funcionario la relación avanza a partir del trabajo de los equipos técnicos conformados tras el MOU bilateral 2024 para definir las mejores condiciones para llevar el gas de Vaca Muerta a Brasil, que aseguró está próximo a dar sus primeras conclusiones. Pero a partir de entonces identificó distintos desafíos, de los cuales «el primero va a ser de naturaleza regulatoria, porque Brasil, Bolivia y la Argentina tienen su modelo, y para una integración gasífera profunda se requiere armonizar regulaciones«.

«Otro tema importante para el balance de oferta y demanda es la cuestión de precios, y apenas estén las condiciones de mercado la tendencia es que el precio baje«, señaló el funcionario. Al respecto aseguró que «hoy está presente la necesidad de bajar los costos en las tres puntas, y así la demanda de Brasil va a ser más grande si el precio es competitivo«.

El tercer desafío que identificó es el de la infraestuctura. «Bolivia tiene el GasBol que ya presenta cierta capacidad ociosa, pero Argentina avanza con TGS con un exitoso open season de la ampliación del Perito Moreno algo que es es bueno para el sistema local, y, en consecuencia, también es bueno para la integración».

Por su parte, Montera que se desempeña como gerente de Regulaciones de Distribución y Transporte del Instituto de Petróleo de Brasil (IBP), consideró que «para la integración energética es fundamental la flexibilidad, tanto para Argentina en lo que respecta al mercado de consumo como para Brasil en cuanto a la garantía de un mayor número de proveedores. Cuantos más proveedores, mayor flexibilidad para el desarrollo del mercado del gas en el país«.

«Por parte de Brasil es importante recalcar que tenemos varios segmentos de consumidores, algunos de los cuales ya garantizan una demanda firme. Existe potencial para el desarrollo de nueva demanda, pero esto requiere una señal de precios muy específica para su crecimiento«, explicó el funcionario del IBP.

Montera detalló que la reserva de capacidad en su país busca dar previsibilidad al sistema eléctrico brasileño ante la intermitencia de las fuentes renovables. Para el directivo, la Argentina debe leer este proceso no solo como una licitación técnica, sino como la plataforma comercial donde el gas de Vaca Muerta tiene que demostrar que puede competir con el GNL importado en términos de firmeza y costo.

Desafíos y visión de la integración energética

En la charla, Marisa Basualdo, Business Legal & Compliance Manager de TotalEnergies, aportó la mirada desde la producción y la inversión necesaria en el upstream. La ejecutiva remarcó que «para que las compañías asuman el compromiso de proveer gas en firme a Brasil, necesitan un ecosistema legal que proteja las inversiones de largo plazo y garantice el libre flujo de divisas».

Basualdo explicó que la competitividad del precio argentino también depende de la carga impositiva y de la estabilidad de las reglas de juego. Según su análisis, «el potencial geológico de la cuenca neuquina es indiscutible, pero la arquitectura de los contratos internacionales debe ser lo suficientemente robusta como para que las empresas puedan ofrecer precios atractivos sin poner en riesgo su rentabilidad».

Desde la comercialización en el mercado de destino, Rodrigo Senne, de Business Development en Âmbar Energia, participó de forma virtual para describir el apetito del sector privado brasileño. Senne advirtió que «la industria brasileña compara constantemente el costo del gas boliviano, el GNL y la oferta potencial de la Argentina antes de cerrar acuerdos de suministro».

El directivo de Âmbar subrayó que la logística de transporte es el gran componente que puede encarecer el valor final del recurso de Vaca Muerta. Para Senne, «Optimizar las rutas de exportación -ya sea por la reversión del Gasoducto Norte o por el cruce en Uruguayana- es vital para que el gas llegue a Brasil con un valor que lo haga irresistible frente a otras alternativas».

Agustín Siboldi, socio de O’Farrell y anfitrión de la jornada, se enfocó en los cuellos de botella regulatorios que la Argentina debe resolver con urgencia. El abogado destacó que «la normativa de transporte debe ser ágil y transparente: «La normativa de transporte debe ser ágil y transparente, permitiendo que los cargadores privados operen con libertad y previsibilidad en los ductos que conectan ambos países».

Siboldi también puntualizó que la integración energética requiere una voluntad política que trascienda los gobiernos de turno. Para el especialista, la confiabilidad es la clave del precio: «Si la Argentina logra proyectarse como un socio confiable que respeta los contratos de exportación incluso en invierno, la prima de riesgo bajará y el precio del gas será naturalmente más competitivo para el comprador brasileño».

Gabriela Aguilar, directora del IAPG y moderadora de la jornada, sintetizó que este diálogo técnico es el primer paso para una integración real. Aguilar destacó que «la Argentina tiene la geología de su lado, pero debe trabajar arduamente en la economía y la logística para cumplir con las exigencias de un mercado brasileño que es altamente competitivo».

La jornada concluyó con la reseña de que el mercado brasileño ofrece una oportunidad de escala para los recursos de Vaca Muerta, pero bajo la advertencia de que la apertura será para quien ofrezca el menor costo. El conversatorio de CAMBRAS dejó planteada una hoja de ruta para la Argentina y la necesidad de consolidarse como un exportador que Brasil elija por precio y seguridad de suministro.

, Ignacio Ortiz

YPF anunció este martes su regreso al mercado de capitales doméstico con el lanzamiento de una nueva serie de Obligaciones Negociables (ON). La operación busca captar inicialmente US$70 millones, aunque el pliego contempla la posibilidad de ampliar esta cifra hasta el monto máximo disponible según la respuesta de los inversores.

Esta operatoria será el primer testeo que tendrá la petrolera en el mercado tras el fallo favorable que logró la Argentina por parte de la Corte de Apelaciones de Nueva York de una sentencia emitida por la jueza Loretta Preska en el caso YPF. El país podría finalmente evitar el pago al fondo Burford Capital de más de US$18.000 millones, incluyendo intereses.

El cronograma de la emisión comenzó a las 10 del martes con el anuncio oficial a la plaza financiera. El período de difusión continuará en la jornada de hoy, mientras que la licitación formal tendrá lugar el jueves hasta las 16. Esta salida al mercado cuenta con el respaldo de los colocadores Santander, Galicia, Balanz, BBVA, Macro, Banco Nación, Cocos y Allaria, lo que garantiza una amplia llegada tanto a inversores institucionales como minoristas.

En cuanto a las especificaciones técnicas, los títulos se emitieron bajo la modalidad Hard Dollar, lo que implica que la suscripción se realizará localmente con moneda extranjera depositada en cuentas del país. El plazo de los instrumentos se fijó en cuatro años, con una amortización del 100% del capital al vencimiento. Si bien la tasa final surgirá del corte de la licitación según el precio de mercado, los analistas proyectan un cupón que rondará el 6%, un nivel competitivo para el actual perfil de riesgo corporativo de la petrolera.

YPF: ¿Qué destino tendrán los fondos?

Los fondos tendrán un destino estratégico dual. Por un lado, YPF busca optimizar su Capex, asegurando el flujo de inversión necesario para sostener el ritmo de operación en sus locaciones no convencionales. Por el otro, la operación permitirá la gestión de deuda, mejorando el perfil de vencimientos y garantizando la liquidez para afrontar compromisos sin comprometer la caja operativa.

Esta nueva incursión profundiza el proceso iniciado en enero de este año, cuando la firma realizó una exitosa ampliación de sus ON Clase XXXIV en los mercados internacionales. En aquella oportunidad, la petrolera logró colocar US$550 millones adicionales bajo legislación extranjera, con un rendimiento del 8,25% anual. La reapertura de ese bono, que vence en 2034, permitió a la empresa consolidar un volumen de circulante superior a los US$1.500 millones, dotando al instrumento de una liquidez de referencia para el crédito corporativo de la Argentina en el exterior.

Aquella emisión de principios de año fue interpretada por el mercado como una señal de confianza hacia el plan estratégico de la compañía, logrando atraer a fondos de inversión globales en un momento de reconfiguración de la curva de rendimientos. Los recursos de esa ampliación fueron asignados prioritariamente a la infraestructura de transporte de hidrocarburos.

Durante febrero, YPF concretó otra salida al mercado local que le permitió recolectar u$s 131 millones. En esa ocasión, la licitación se estructuró para absorber el excedente de divisas en la plaza doméstica, ofreciendo una tasa cercana al 7%. El instrumento, también en dólares, sirvió como un puente de liquidez en un mes caracterizado por una alta volatilidad y demandas estacionales de divisas del sector corporativo.

El objetivo de la colocación de febrero -se explicó por entonces en el mercado- fue despejar el horizonte de compromisos inmediatos, financiando el pago de las ON Clase XXV que vencían en dicho periodo. De esta manera, YPF mantiene una presencia constante en el mercado financiero en el arranque de 2026, alternando entre la captación de grandes volúmenes en el exterior y el aprovechamiento de la liquidez local, una estrategia de diversificación que le otorga la flexibilidad.

, Ignacio Ortiz

El proyecto de modificación de la Ley de Glaciares obtuvo dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales y se encamina a ser aprobado en la Cámara de Diputados. Tal como anticipó EconoJournal, el proyecto se tratará este miércoles 8 de abril a las 15 en el recinto. La modificación a la actual ley 26.639 ya tiene media sanción en el Senado.

El dictamen fue firmado por el bloque oficialista de La Libertad Avanza, legisladores del PRO, la UCR y también por algunos peronistas y de partidos provinciales. Los diputados de San Juan y Catamarca aportaron sus votos positivos.

En el plenario participó de manera virtual el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, que destacó que “ningún gobernador que forma parte de la Mesa del Cobre ni de la Mesa del Litio planteó eliminar la Ley de Glaciares, ni queremos cambiar los estándares ambientales”. También disertaron los ministros y secretarios de minería, producción y ambiente de las provincias de Catamarca, Salta, Jujuy y Mendoza.

Según indicaron fuentes del Congreso que participaron de las comisiones de Diputados a EconoJournal, el proyecto de modificación a la Ley de Glaciares tendría los votos necesarios en el recinto para su aprobación.

Según creen en el gobierno nacional, el proyecto es clave para destrabar inversiones millonarias, sobre todo en desarrollos de cobre. La actual normativa protege zonas definidas como glaciares y periglaciares como reservas de agua dulce.

Plenario con idas y vueltas

El oficialismo intentará este miércoles aprobar el proyecto sumando a legisladores de bloques aliados y a algunos que pertenecen a espacios opositores, pero que, en este caso, están a favor del proyecto.

Una de las voces que defendió la iniciativa fue el secretario de Minería, Luis Lucero, que señaló que “se viene apelando al miedo de que los argentinos nos vamos a quedar sin agua y esto es falso por varias razones. En el país el agua es un recurso que tenemos que distribuir mejor, pero el agua dulce no es un verdadero problema. Tenemos que distribuirla mejor. El agua no es algo que se quiera atacar, es necesaria para todas las actividades”.

Además, Lucero indicó que “esta reforma no es inconstitucional como se dice engañosamente porque respeta los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional. El 41 leído entero y no fraccionado”. El artículo al que se refirió el funcionario afirma que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.

Lucero también sostuvo que el proyecto “respeta el artículo 124 porque le otorga a las provincias la atribución que tienen de gobernar sus propios recursos naturales, que afirma la reforma constitucional de 1994 donde se reconoció el dominio originario a las provincias”.

Por su parte, el legislador Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica criticó a las intervenciones que cuestionaron a la actual Ley de Glaciares: ¿Cuáles son los obstáculos concretos que identificaron sobre la ley durante todos estos años?”.

En el plenario, Ferraro también apuntó contra el secretario de Minería y le preguntó “¿qué proyectos mineros específicos están siendo obstaculizados por la actual Ley de Glaciares y qué estudios ambientales y glaciológicos se realizaron en cada caso? ¿Se evaluó el rediseño de ingeniería de esos proyectos para evitar la afectación a glaciares o al ambiente periglaciar?”.

, Roberto Bellato

El gobierno nacional recibió una propuesta de la empresa estadounidense Nano Energy para realizar una inversión de más US$ 230 millones en la finalización y puesta en operación de la Nueva Planta de Uranio de Dioxitek en Formosa. De aprobarse el proyecto, Nano Energy buscaría calificar el mismo al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), según pudo saber EconoJournal.

El proyecto implicaría un salto cualitativo en las capacidades del ciclo del combustible nuclear, ya que contempla en una segunda etapa producir y exportar hexafloruro de uranio a escala industrial, una novedad para el país.

De hecho, Dioxitek y Nano Energy comenzaron a explorar las posibilidades de esta inversión en agosto del año pasado, tras firmar un memorando de entendimiento que permitió evaluar las capacidades tanto de la empresa argentina como del sector nuclear nacional. El país cuenta con know-how en la conversión de dióxido de uranio a hexafloruro de uranio.

Producto de esos contactos iniciales, un acuerdo terminó de sellarse en la Argentina Week, donde representantes del sector atómico del país participaron de un evento organizado por la Secretaría de Asuntos Nucleares y el Consulado Argentino en Nueva York.

Cuál es el proyecto en la planta de uranio de Dioxitek en Formosa

La empresa de capitales estadounidenses presentó ante el Ministerio de Economía una iniciativa para invertir más de 230 millones de dólares en la finalización de la Nueva Planta de Uranio (NPU) de Dioxitek en Formosa.

La empresa estatal que produce dióxido de uranio seguiría siendo la dueña de la planta y del terreno, transfiriendo su uso a una nueva sociedad con Nano Energy, con el pago de un usufructo por la utilización del activo, según pudo saber este medio.

El proyecto contempla dos hitos principales. El primero consiste en la finalización de la construcción, puesta en marcha y operación de la instalación NPU-1 destinada a la producción de UO₂ (dióxido de uranio).

Esta etapa incluye la adecuación de instalaciones, la incorporación de equipamiento faltante, así como la implementación de todos los sistemas técnicos, operativos y de seguridad necesarios para alcanzar condiciones de operación industrial segura y eficiente conforme a los estándares regulatorios nacionales e internacionales aplicables a la actividad nuclear.

El segundo hito prevé la construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de una instalación complementaria, para la conversión de UO₂ en UF₆ (hexafloruro de uranio).

El hexafluoruro de uranio es el compuesto que se utiliza como materia prima en el proceso de enriquecimiento de uranio. Las centrales nucleares argentinas utilizan uranio natural como combustible y agua pesada como moderador de la reacción en cadena y refrigerante, por lo que una eventual producción de hexafluoruro sería para abastecer la demanda internacional de combustible con uranio enriquecido.

Precisamente, el proyecto con Nano Energy garantizará la provisión del dióxido de uranio necesario para abastecer las centrales Atucha I-II y Embalse, que demandan unas 230 toneladas anuales, así como también podrá ingresar al mercado mundial hexafluoruro de uranio, cuya demanda es constante y va en aumento.

Dioxitek, una empresa estatal que volvió a ser rentable

La iniciativa con Nano Energy refleja el modelo de inversión privada en proyectos rentables en el sector nuclear que promueve el gobierno. Justamente, el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, viene de ser gerente y presidente de Dioxitek, en donde lideró el proceso de saneamiento económico de la compañía.

«El objetivo primordial de la Secretaría es reordenar el sector y buscar que las distintas unidades de negocio que pueden surgir a partir del sector tengan una viabilidad económica y comercial, que hasta ahora se mostró en general deficiente», explicó Ramos Napoli en una entrevista a este medio.

La construcción de la NPU en Formosa comenzó en 2014 y estuvo sujeta a multiples retrasos. El secretario de Asuntos Nucleares consideró que el proyecto desde su origen no tenía una viabilidad comercial por su capacidad de producción de dióxido de uranio, superior a la demanda local.

«Un ejemplo puede ser la planta de Formosa, que es la situación sobreanalizada que tuvimos en Dioxitek. Es una planta cuyo plan inicial eran dos líneas de producción de unas 250 toneladas de dióxido de uranio de capacidad nominal por línea, es decir 500 toneladas anuales. Había un problema de la falta de modelo de negocio, porque la demanda agregada de las centrales nucleares argentinas que utilizan dióxido de uranio natural oscila en torno a las 210 toneladas. Tenés 290, 280 toneladas huérfanas», explicó.

Precisamente, el acuerdo con Nano Energy busca redefinir los alcances del proyecto, en una sociedad que habilitará un negocio de exportación.

, Nicolás Deza

Argentina–Texas Chamber of Commerce (ATCC) impulsa una nueva edición de la Energy Trade Mission 2026, que se llevará a cabo del 3 al 6 de mayo en Houston, en el marco de la Offshore Technology Conference (OTC), uno de los encuentros más relevantes del sector energético a nivel global.

La propuesta convoca a gobernadores de provincias productoras de energía, CEOs de compañías líderes, inversores internacionales e instituciones clave del ecosistema energético, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre Argentina y Estados Unidos y promover oportunidades concretas de inversión, innovación y desarrollo tecnológico.

“Venimos de una edición muy sólida, con alto nivel de participación y resultados concretos, que incluso superaron las expectativas. Este año trabajamos para que la misión sea aún más ambiciosa, con mayor alcance y generación de negocios”, señaló Ariel Masut, presidente de la ATCC.

Energy Trade Mission: una agenda orientada a resultados

La misión se estructurará sobre una agenda integral que combinará espacios de diálogo estratégico, innovación y generación de negocios. El programa comenzará con la Bilateral Energy Summit, el 3 de mayo en el Houston Petroleum Club, un foro de alto nivel que reunirá a autoridades gubernamentales, gobernadores, CEOs de las principales compañías energéticas de Argentina y Estados Unidos, e instituciones internacionales.

El objetivo será analizar oportunidades de inversión y el posicionamiento energético del país en el contexto global. La agenda continuará con actividades en la University of Houston, donde se desarrollarán workshops de investigación y desarrollo orientados a abordar los principales desafíos de la industria del oil & gas, incluyendo cuellos de botella operativos, eficiencia y adopción tecnológica.

Asimismo, se incorporará un eje centrado en la integración de inteligencia artificial y soluciones tecnológicas, promoviendo un espacio de convergencia entre energía e innovación. En este marco, el Global Energy & Geopolitics Forum aportará una mirada estratégica sobre el escenario internacional, con la participación de referentes del ámbito académico, empresarial y geopolítico.

El programa incluirá también visitas técnicas a compañías líderes, así como un Energy B2B Matchmaking Program, diseñado para generar reuniones entre empresas argentinas y estadounidenses, facilitando acuerdos comerciales y alianzas estratégicas con seguimiento posterior para su concreción.

Texas como plataforma global de negocios

“Texas es hoy uno de los entornos más dinámicos para el desarrollo de negocios en energía a nivel mundial. Esta misión busca que las empresas argentinas se integren a ese ecosistema. Cada año se generan oportunidades que se traducen en inversiones y desarrollo”, destacó Ariel Bosio, vicepresidente de la ATCC.

El estado de Texas se posiciona como uno de los principales nodos del sistema energético global. Concentra una parte significativa de la producción de petróleo y gas de Estados Unidos y cuenta con un ecosistema integrado de operadores, proveedores, capital e innovación tecnológica. Houston, en particular, se consolida como un hub estratégico para proyectos con proyección internacional.

En su edición anterior, la misión organizada por la ATCC reunió a más de 500 participantes, incluyó más de 100 reuniones de negocios y contó con la participación de empresas, instituciones y organismos del sector, consolidándose como un espacio clave para la vinculación bilateral.

Las empresas interesadas en participar en la edición 2026 pueden obtener más información a través del sitio oficial de la Cámara –argentinatexas.org– o bien, contactar directamente a la organización para sumarse a la delegación hasta el 15 de abril.

, Redaccion EconoJournal

El presidente del Brasil, Lula da Silva, aseguró que anularán una subasta de GLP realizada por Petrobras por adjudicar precios con incrementos superiores al 100%. La petrolera estatal despidió a un gerente y ahora estudia cómo anular la subasta sin violar el estatuto de la empresa y normas de mercado.

La subasta reactivó el reclamo de las compañías distribuidoras de GLP que amenazan con abandonar el programa «Gas del Pueblo» si no se actualizan los valores de referencia. El programa es clave en las perspectivas de crecimiento de la demanda brasileña de GLP, un mercado crecientemente abastecido con producto argentino gracias a Vaca Muerta. De hecho, la mitad de las importaciones de GLP en Brasil en 2025 prácticamente provinieron de la Argentina.

Petrobras en el último día de marzo licitó la venta de 70.000 toneladas de GLP a distribuidoras en distintos puntos del país. La subasta arrojó precios que en algunos casos duplicaron el último valor promedio de venta informado por la empresa, lo que se traduce en incrementos de más de un 30% en el precio de venta al consumidor final en las garrafas de 13 kilos.

Lula marcó su disgusto con los precios adjudicados y presionó en público a Petrobras para que anule la subasta. «No vamos a subir los precios del GLP. Realizaron una subasta en contra de la voluntad de la gerencia de Petrobras, y vamos a revisar esa subasta. Vamos a anular esa subasta porque los pobres no pagarán bajo ninguna circunstancia el precio de esta guerra«, dijo el presidente brasileño.

Por qué Lula presiona a Petrobras por los precios del GLP

Los precios adjudicados se relacionan en principio con los aumentos en los precios internacionales de los hidrocarburos producto de la guerra en Medio Oriente. Brasil tiene un déficit estructural en la producción de GLP, con por lo menos un 30% de su consumo interno que es abastecido con importaciones.

A pesar de esa realidad de mercado, el gobierno brasileño entiende que Petrobras no hizo lo suficiente para absorber el encarecimiento del producto importado. Peor aún: esto ocurre justo a poco más de medio año del lanzamiento del programa Gas del Pueblo que subsidia el consumo doméstico de GLP para los sectores más vulnerables.

En concreto, Petrobras para su producto “gas de cocina”, que son garrafas de 13 kilos, realizó el 31 de marzo una subasta en la que vendió 70.000 toneladas de GLP a compañías distribuidoras, lo que representa un 15% de la demanda nacional mensual. El precio más alto se adjudicó en Duque de Caxias en Río de Janeiro, en donde vendió garrafas a un precio de R$ 72,77.

El valor adjudicado supera el doble del último precio promedio nacional informado por Petrobras, de R$ 34,73 por garrafa, según su información por ventas recolectada entre el 22 y el 28 de marzo. El precio de venta al consumidor final fue de R$ 110,18 por garrafa, que incluye los impuestos federales y estatales y la porción que se llevan las distribuidoras. Es decir, la última subasta de Petrobras arroja precios al consumidor final superiores a R$ 140 por garrafa, lo que representa aumentos del 30%.

Lula le reprochó a Petrobras el cobro de márgenes elevados. “Cuando Petrobras vende una bombona de gas a R$37,00, no puede llegar a R$160,00 en los hogares de la gente. Alguien está robando. Ah, pero esa persona está pagando para que se la entreguen. De acuerdo, pero hay una diferencia enorme entre R$37,00 y R$140,00 o R$150,00. Y ahora hicieron una subasta con un margen de ganancia del 100%. ¿Cómo pueden permitir que la gente cargue con esta responsabilidad?”, exclamó Lula.

La presión oficial también se está canalizando a través de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP). El organismo estatal que regula al sector petrolero inició una investigación contra Petrobras por un posible abuso de precios. La acción se basa en un decreto ministerial aprobado este año que prevé sanciones para las empresas que aumenten los precios de forma abusiva, con agravantes en situaciones de conflicto geopolítico o calamidad pública, como la guerra en Oriente Medio.

La primera respuesta de la petrolera estatal que conduce Magda Chambriard fue despedir al gerente del área de Comercialización. Sin embargo, la exigencia pública de Lula de cancelar la subasta es de difícil cumplimiento.

Fuentes del sector de distribución de GLP afirman que los volúmenes vendidos ya se estaban bombeando a los depósitos de las empresas y Petrobras los estaba facturando, lo que dificultaría una simple anulación del proceso y requeriría una solución alternativa, según reportó la Agencia INFRA.

Descontento de las distribuidoras de GLP

El resultado de la subasta de Petrobras también reactivó el reclamo de las distribuidoras de GLP al gobierno para que actualice los valores de referencia en el programa “Gas del Pueblo”, que subsidia el precio completo de una carga mensual de garrafa de 13 kilos.

El programa alcanza a unas 15 millones de familias en Brasil, o alrededor de 60 millones habitantes. Las ventas de garrafas en Brasil podrían crecer entre un 7 y 8% gracias a este plan, según Sindigás.

El Ministerio de Minas y Energía fija los precios de referencia de la garrafa de 13 kilos para cada estado. Las distribuidoras perciben del Estado federal el precio de referencia por cada garrafa suministrada a los beneficiarios del plan. El programa fue lanzado en septiembre de 2025, con las primeras recargas gratuitas realizadas en noviembre.

Sin embargo, las distribuidoras vienen manifestando desacuerdos con los precios de referencia desde el inicio del programa. Tras la subasta de Petrobras, la Asociación Brasileña de Entidades Comerciales de Minoristas de Gas (Abragás) recordó que el sector ya consideraba que los valores de referencia adoptados por el programa estaban por debajo de los que se practican en los mercados regionales y que ahora se espera que el desajuste empeore.

El presidente de Abragás, Luiz Rocha, también advirtió que muchas empresas evalúan salir del programa. «Si el gobierno no toma medidas urgentes para frenar este descontento entre los revendedores, el programa corre el riesgo de sufrir un éxodo masivo de empresas acreditadas«, afirmó.

El gobierno depende de las compañías distribuidoras para poder llegar a los beneficiarios del plan. Petrobras salió del negocio de fraccionamiento y distribución de GLP en 2019 al vender su subsidiaria Liquigás a Copa Energía, aunque el directorio de la petrolera estatal indicó la intención de reingresar en el mismo en agosto de 2025.

De todas formas, Petrobras sigue siendo el jugador dominante en la importación y suministro de líquidos. En una entrevista con EconoJournal, el CEO de Copa Energía, Pedro Turqueto, explicó que la inversión privada para hacer más eficiente la logística de importación y suministro del producto al cliente se ve desalentada por las prácticas comerciales de Petrobras.

“El precio del producto en Brasil no cambia con la misma velocidad que se cambia fuera. Como agentes privados, para importar, por ejemplo, necesitamos de tiempo, necesitamos tener el navío, necesitamos tener el producto. Entonces, es muy difícil planificar. Es un costo muy grande para nosotros, que somos totalmente dependientes de la voluntad política o comercial de Petrobras”, explicó el CEO de la principal distribuidora de GLP del Brasil.

, Nicolás Deza

Trace Group -la empresa especializada en inspección y supervisión técnica, operación y mantenimiento (O&M)- fue adjudicada para prestar sus servicios en los proyectos Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), Southern Energy (SESA), y Duplicar Norte. De esta manera, la compañía fortalece su lugar en el entramado de empresas de midstream que acompañan el crecimiento estructural del sistema energético argentino.

Los desarrollos de VMOS, SESA y Oldelval forman parte de la infraestructura crítica que permitirá ampliar la capacidad de transporte y exportación de hidrocarburos desde la Cuenca Neuquina hacia la costa atlántica. “En este escenario, la participación de Trace Group reafirma el rol de las empresas regionales en proyectos de escala nacional”, sostuvieron desde la firma.

“Ser parte de estos desarrollos implica demostrar que la capacidad técnica construida en la región está preparada para afrontar desafíos de alta complejidad. La confianza de las compañías líderes del sector en proveedores locales es una señal clara de madurez industrial”, señaló Carlos Stupczuk, gerente de Operaciones de la compañía.

Trace Group: en Vaca Muerta y en más de 35 localidades en el país

Trace Group ha desarrollado una estructura con presencia en 11 provincias y más de 35 localidades lo que le permite operar en los principales nodos energéticos del país, desde el norte argentino hasta la Patagonia.

La compañía sostiene una cobertura operativa que supera los 3.500 kilómetros lineales, equivalente a recorrer la extensión completa de la Ruta 40, con presencia en más de 30 localidades estratégicas vinculadas al desarrollo energético nacional.

Este despliegue territorial se apoya en una estructura de más de 550 colaboradores y una flota de más de 300 vehículos operativos, lo que le permite acompañar proyectos de gran escala en múltiples frentes de manera simultánea.

Es en la región de Vaca Muerta donde esta escala adquiere mayor densidad y relevancia. Trace Group ha construido un modelo basado en talento local y en el fortalecimiento de la cadena de valor regional. Actualmente, el 85% de su nómina está conformada por colaboradores de Neuquén y Río Negro, mientras que el 100% de la operación de campo en la cuenca es liderada por equipos locales.

La compañía trabaja con una red de más de 900 proveedores, de los cuales el 67% son empresas locales, lo que implica que más de dos tercios de su cadena de suministro se desarrolla dentro del territorio.

Solo en la provincia de Río Negro, la empresa mantiene presencia activa en 9 localidades estratégicas, cubriendo la totalidad del corredor productivo vinculado al desarrollo midstream, desde el Alto Valle hasta la costa atlántica.

Este entramado productivo incluye talleres, servicios automotrices, proveedores industriales, empresas tecnológicas y organizaciones dedicadas a la formación técnica, generando un impacto directo e indirecto en el empleo y la competitividad regional.

“La consolidación del midstream argentino requiere no solo inversión en infraestructura, sino también una base sólida de proveedores regionales capaces de acompañar ese crecimiento. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo esa capacidad desde el territorio y ayudando a toda nuestra red de proveedores a evolucionar junto con nosotros”, destacó Carlos Stupczuk.

Inversión social y desarrollo de personas

“Fiel al ADN Clusterciar, grupo de organizaciones al que pertenece, la empresa extiende su impacto al plano social mediante la inversión en la educación y el desarrollo de personas. Solo durante el año 2025, Trace Group destinó más de US$ 1.500.000 a programas de desarrollo social y educativo, canalizados principalmente a través de la ONG Fundación Potenciar”, indicaron desde la compañía.

Esta inversión permitió consolidar instituciones educativas que continúan creciendo y que actualmente forman a más de 850 alumnos de nivel primario y secundario, más de 250 en nivel terciario y más de 500 personas en 40 distintos oficios altamente demandados en la región, fortaleciendo el desarrollo de capital humano local vinculado al crecimiento de la industria.

“Con la mirada puesta en el nuevo ciclo de inversión energética, Trace Group continúa ampliando su participación en proyectos estratégicos, reafirmando su compromiso con el desarrollo industrial y social de la región patagónica”, concluyeron desde la empresa.

, Redaccion EconoJournal

La empresa estatal de Tierra del Fuego Terra Ignis Energía eligió a la pyme petrolera Velitec para desarrollar Los Chorrillos, Lago Fuego y Tierra del Fuego, áreas hidrocarburíferas que YPF traspasó a la provincia. La compañía fueguina, que había lanzado la convocatoria pública en enero, confirmó la firma del convenio a través de un comunicado difundido este martes.

Terra Ignis aclaró que el acuerdo le permitirá a Velitec, con sede en Córdoba, operar las tres áreas “hasta que se concrete la conformación final de la Unión Transitoria de Empresas (UTE)”. En la compulsa participaron 10 empresas que presentaron propuestas de inversión para explotar las áreas convencionales. Tierra del Fuego será el administrador de las áreas revertidas por YPF, pero la operación estará a cargo de Velitec.

La firma del convenio fue en la Casa de Tierra del Fuego en la Ciudad de Buenos Aires. Participaron el presidente de Terra Ignis Energía, Maximiliano D´Alessio, el vicepresidente Pablo Carreras Meyer, la gerenta Institucional, Verónica Tito, el asesor ambiental Sergio Federovitsky y el titular de Velitec, Facundo Aráoz.

El comunicado de Terra Ignis no aclara qué pasará con la continuidad del personal de YPF, un tema que preocupa en la provincia y en el sector gremial. El texto de la empresa fueguina sólo menciona que “en enero del corriente año Terra Ignis asumió oficialmente la operación de los yacimientos, garantizando la continuidad de la producción y la absorción del personal”.

La pyme cordobesa Velitec, socia de Terra Ignis

Velitec dio sus primeros pasos en la industria hace alrededor de 10 años con la construcción de gasoductos. Con el pasar de los años fue sumando distintos servicios vinculados a infraestructura.

En 2024 la empresa pyme dio un paso importante al formar un consorcio con Sean Rooney, ex presidente de Shell, que se quedó con el Clúster Señal Picada-Punta Barda, ubicado en Río Negro y Neuquén, otra de las áreas que YPF puso a la venta mediante el Proyecto Andes.

En el último tiempo, Velitec también tomó la operación del proyecto Loma de la Mina, cercano a Malargüe, en la provincia de Mendoza, donde tiene una operación con un total de 28 pozos. Además, la compañía cuenta con más de 40 plantas compresoras de gas en operación y con operaciones de excavación de aguas termales en Entre Ríos. Velitec tiene su sede principal en Córdoba, pero también tiene presencia en Neuquén, Chubut y Salta.

Sobre la compulsa para conformar la UTE, la gerenta institucional de Terra Ignis, Verónica Tito, señaló: “Fue un proceso arduo, había que analizar la solvencia económica y el aspecto técnico para garantizar que las operaciones se desarrollen de una manera adecuada”.

“Ahora lo que queda por delante es iniciar el trabajo de recuperación de estas áreas que después de algunos años de desinversión, sumado al decline geológico que tienen naturalmente, las áreas estaba dando una baja de producción tanto de petróleo como de gas. Aspiramos a que paulatinamente se vaya aumentando la producción, sumado a la inversión que esperamos que tengan en el futuro para aumentar cada vez más el desarrollo productivo”, concluyó Verónica Tito.

, Roberto Bellato

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Subsecretaría de Energía de la Provincia de Buenos Aires, avanza con el desarrollo del primer dispositivo undimotriz que aprovecha el movimiento de las olas para generar electricidad.

El sistema se basa en el uso de grandes boyas flotantes que se desplazan verticalmente con el vaivén de las olas y transmiten ese movimiento a una cadena de engranajes que lo convierte en rotación de alta velocidad, capaz de accionar un generador eléctrico. En función del diseño realizado por el equipo de ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional – Regional Buenos Aires y Regional Pacheco, cada unidad podría producir entre 30 y 200 kilovatios de potencia, dependiendo del tamaño de la boya y de las condiciones del oleaje en el lugar donde opere.

Primera prueba

Este mes se realizó la primera prueba “en seco” en la Metalúrgica Duroll de la localidad de Pilar, que tuvo como objetivo probar la capacidad que tienen el brazo y la boya de soportar peso. El ensayo se realizó con el doble de la carga a soportar una vez instalados para generar energía, es decir 1,5 toneladas (1500 kg).

La nueva tecnología undimotriz se montará en la Escollera Norte del Puerto de Mar del Plata, y se trata de un hito para la industria y la ciencia argentina, ya que combina investigación aplicada, transferencia tecnológica y producción local, fortaleciendo el vínculo entre universidad, Estado y sector privado.

Financiamiento del dispositivo

El convenio específico que se suscribió prevé un financiamiento de US$ 138.000 con fondos destinados para la Investigación y el Desarrollo provenientes del Programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida Renovable (PROINGED), administrado conjuntamente por la Subsecretaría de Energía y el FREBA. Los fondos del PROINGED provienen del agregado tarifario renovable, que los usuarios abonan mensualmente en la factura de electricidad de la Provincia de Buenos Aires. Además, este proyecto cuenta también con el apoyo de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) mediante un financiamiento del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA).

“Desde la Provincia es prioridad impulsar este tipo de proyectos estratégicos para diversificar la matriz energética y promover tecnologías innovadoras de origen nacional. Con esta iniciativa, la Provincia de Buenos Aires avanza en la generación de conocimiento y en el desarrollo de energías limpias, posicionándose como referente en la región en materia de innovación tecnológica y sostenibilidad”, aseguraron a través de un comunicado.

Energía undimotriz

La energía undimotriz es considerada una de las fuentes renovables con mayor potencial a nivel global, especialmente en regiones con fuerte dinámica oceánica como el Atlántico Sur. A diferencia de otras tecnologías renovables, como la solar o la eólica, el movimiento de las olas presenta una mayor previsibilidad, lo que la convierte en una alternativa interesante para diversificar la matriz energética.

, Redaccion EconoJournal