Burford continúa su batalla legal contra Argentina por la expropiación de YPF, un conflicto que involucra miles de millones de dólares y que aún tiene capítulos abiertos en la justicia estadounidense.
La firma financiera está decidida a extender el juicio por la forma en que se renacionalizó YPF en 2012 hasta las últimas instancias, incluso si eso implica recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Esta instancia se presenta como un recurso casi utópico, luego de que Burford sufriera una derrota definitiva en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, donde Argentina ganó por 2 a 1 y revirtió un fallo adverso de primera instancia.
Tras el rechazo del pedido “en banc” en segunda instancia, Burford presentó la causa ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, con la esperanza de que allí su situación mejore. Esta vía fue descartada en su momento por Repsol durante las negociaciones con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que culminaron en un pago de US$6.000 millones para cerrar la disputa por el 51% de las acciones.
El reclamo de Burford ante el CIADI se fundamenta en la supuesta violación del contrato tras la renacionalización, argumentando que se alteraron los tratados bilaterales firmados durante la presidencia de Carlos Menem entre Argentina y España, y Argentina y Estados Unidos, que protegían las inversiones. En respuesta, los abogados argentinos sostienen que Burford ya eligió litigar en los tribunales estadounidenses, por lo que no debería poder abrir un segundo frente legal, y que la nacionalización de capitales españoles ya fue saldada con Repsol.
Sin embargo, este último argumento es cuestionado porque las acciones en disputa provienen de Petersen Energía y Petersen Inversora, empresas radicadas en Madrid, que Burford adquirió mediante licitación. Esto mantiene la controversia viva y podría prolongar el conflicto durante 2026 y 2027.
En el transcurso del juicio, Burford logró ganancias significativas en momentos clave: en 2016 vendió el 1% del éxito potencial de la demanda por US$4 millones, en 2017 realizó otra venta parcial por US$40 millones, y en 2024 colocó un 35% de las acciones, acumulando alrededor de US$236 millones en total, tras haber invertido inicialmente US$15 millones para adquirir los derechos de la causa en Madrid.
Esta diferencia representa una ganancia estimada en US$221 millones, aunque es modesta comparada con los US$20.000 millones que podría haber obtenido si la Cámara de Apelaciones no hubiera fallado a favor de Argentina. No obstante, los inversores que compraron esas acciones podrían enfrentar pérdidas significativas, reflejando la alta volatilidad y riesgo del mercado en estas disputas legales.
El núcleo del reclamo de Burford se basa en que la renacionalización de YPF en 2012 se realizó sin cumplir con la Oferta Pública de Adquisición (OPA) establecida en el estatuto de 1993, cuando la petrolera fue privatizada durante la presidencia de Menem. Según este estatuto, cualquier adquisición mayoritaria debía incluir una oferta por la totalidad de las acciones en el mercado, compromiso que Burford alega no se respetó.
Burford es reconocido por su estrategia de comprar derechos de litigios internacionales para luego financiar y esperar pacientemente los fallos judiciales favorables, como ocurrió con esta causa que inició en 2013 y ya lleva casi 13 años. Sin embargo, la espera podría extenderse aún más si la Corte Suprema de Estados Unidos decide revisar el caso, aunque las probabilidades de éxito son bajas.
La demanda original de Burford apunta a los daños sufridos por accionistas tras el pago a Repsol por la reestatización del 49% de YPF. Burford adquirió los derechos para litigar de empresas españolas vinculadas al grupo Petersen, que en ese momento estaban en concurso y luego en quiebra en España. Posteriormente, en 2016, Burford compró una participación mayoritaria en un caso similar presentado contra Argentina y YPF.
La reestatización de YPF fue justificada por la necesidad de que la petrolera fuera dirigida por una empresa argentina, especialmente ante el desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta, mientras que Repsol había invertido más en Libia que en Argentina. En 2012, se pagaron US$6.000 millones a Repsol, pero no se aplicó la OPA ni se continuó con la distribución de dividendos, lo que afectó a los accionistas del Grupo Petersen y desencadenó su concurso en Madrid.
Desde entonces, el Grupo Petersen quedó desvinculado de la causa, que Burford adquirió en 2015 a través de una subsidiaria para ocultar su identidad, ampliando la inversión en los años siguientes. La disputa sigue abierta y se espera que la batalla jurídica continúe con un fuerte impacto económico y político en los próximos años.
La entrada Burford extiende la disputa millonaria por YPF y buscará que la Corte de EE.UU. intervenga se publicó primero en Energía Online.
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