Chubut inició gestiones para obtener financiamiento externo que le permita cancelar de manera anticipada el BOCADE, el bono emitido en 2016 y garantizado con regalías petroleras. El objetivo central es liberar esos ingresos, que hoy se descuentan de forma automática y reducen la capacidad operativa de la provincia.
La carga financiera del bono, sumada a su estructura de amortización y a la tasa elevada, dejó a la administración provincial con un margen fiscal muy limitado para ejecutar políticas públicas y planificar inversiones.
La cancelación anticipada permitiría recomponer el flujo de regalías y mejorar el perfil crediticio de la provincia, que arrastra desde hace años un pasivo considerado de alto riesgo por los mercados. Con el BOCADE vigente, Chubut enfrenta restricciones para tomar nueva deuda destinada a infraestructura, ya que las regalías —su principal garantía— están comprometidas.
La operación que se negocia no es un préstamo comercial tradicional: se evalúan esquemas de refinanciación estructurada o créditos puente que reemplacen la garantía petrolera por mecanismos más flexibles.
La provincia busca reactivar obras viales, energéticas y de saneamiento que quedaron postergadas por la presión del servicio de deuda. La liberación de regalías permitiría avanzar en proyectos estratégicos para la zona sur y mejorar la infraestructura que sostiene la actividad productiva.
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También ordenaría la relación con las operadoras petroleras, que hoy conviven con un sistema de retenciones automáticas que genera tensiones y limita la capacidad de negociación del Estado provincial.
El resultado de la operación depende de factores políticos y financieros. Si Chubut logra cerrar un acuerdo con acreedores y acceder a financiamiento en condiciones razonables, podrá recomponer su autonomía fiscal y reactivar obra pública. Si la negociación se demora o fracasa, el BOCADE seguirá absorbiendo recursos clave y condicionando la gestión.
La provincia necesita resolver este pasivo para evitar un deterioro mayor de su perfil crediticio y para recuperar capacidad de inversión en un contexto donde la infraestructura es determinante para la competitividad regional.
La estrategia apunta a salir de una trampa financiera que limita el desarrollo provincial. Cancelar el BOCADE no solo aliviaría la caja, sino que permitiría planificar obras, mejorar servicios y fortalecer la relación con el sector energético. Para proveedores y contratistas, una resolución favorable abriría un ciclo de licitaciones y proyectos que hoy están frenados por la falta de recursos disponibles.
Chubut podría pasar de un escenario de administración defensiva a uno de inversión activa si logra cerrar la operación en los próximos meses.
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