El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, confirmó en el Congreso Maizar que el Gobierno avanza en un nuevo marco regulatorio para biocombustibles que eleva los cortes obligatorios, redefine la estructura fiscal y reemplaza el régimen vigente, al que calificó como “agotado”.

El proyecto establece un corte mínimo de 10% para biodiésel en gasoil y de 15% para bioetanol en naftas, mantiene exenciones impositivas y fija un horizonte de estabilidad fiscal de 15 años. La definición implica un cambio estructural en la relación entre el Estado, las refinadoras y la cadena agroindustrial.

González señaló que el aumento de los cortes reduce la proporción de combustibles fósiles en cada litro final y, por lo tanto, disminuye la base imponible de los impuestos específicos aplicados sobre gasoil y naftas.

Afirmó que el Gobierno está dispuesto a asumir ese costo fiscal en función del impacto productivo y territorial de la cadena de biocombustibles, que opera con capacidad instalada ociosa y reclama previsibilidad regulatoria desde hace varios años.

El nuevo esquema se diferencia del régimen actual, basado en cupos asignados administrativamente, precios regulados y segmentación de productores.

La propuesta desplaza ese modelo hacia un sistema de cortes obligatorios más altos, con reglas fiscales estables y un marco de largo plazo que busca reducir la conflictividad entre productores de biodiésel y bioetanol, refinadoras y provincias productoras.

González indicó que los porcentajes definidos son mínimos y que las jurisdicciones provinciales podrían autorizar niveles superiores, lo que introduce un componente federal en la política de mezclas.

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El funcionario sostuvo que el objetivo es modernizar el régimen y alinear la política de biocombustibles con la estrategia general de no intervención en los precios de los combustibles. En ese sentido, afirmó que mantener precios artificialmente bajos genera desabastecimiento y que la política oficial es evitar distorsiones que afecten la oferta.

También señaló que el precio del gasoil y las naftas se encuentra “equilibrado”, con un atraso mínimo, y que los precios internacionales del petróleo muestran una tendencia descendente en los contratos a futuro.

El proyecto se inscribe en un contexto de mayor demanda de combustibles y presión sobre la infraestructura energética. González reconoció que en algunos segmentos industriales puede haber faltantes de gas durante los picos de consumo, pero destacó que las obras recientes impulsadas por el sector privado modificaron la dinámica de abastecimiento.

En paralelo, sostuvo que las energías renovables ya alcanzaron un nivel de madurez que permite su expansión sin depender de una ley específica, más allá de la renovación de beneficios fiscales.

La redefinición del marco de biocombustibles introduce un cambio relevante en la estructura del mercado, con impacto directo en la cadena agroindustrial, en la planificación de inversiones y en la recaudación fiscal.

El Gobierno busca ordenar un sector que opera con tensiones persistentes y ofrecer previsibilidad en un contexto de transición energética, donde la competitividad depende de marcos regulatorios estables, infraestructura adecuada y señales claras para la inversión de largo plazo.

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