La administración de Donald Trump en los Estados Unidos anunció el viernes un acuerdo con Venezuela para desarrollar 17 campos estratégicos con un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo crudo venezolano. La inversión superaría los US$ 100 mil millones, pero el dato más llamativo es que el Pentágono ingresaría como accionista a una petrolera independiente en Venezuela que será clave en la explotación de esas áreas.
The Wall Street Journal reveló el fin de semana que el Departamento de Guerra (Pentágono) planea adquirir una participación pasiva del 35% en North American Blue Energy Partners (NABEP), una operadora que en los últimos dos años se transformó en la segunda mayor productora privada de petróleo de Venezuela, por detrás de Chevron.
El rol del Pentágono en el acuerdo petrolero
NABEP, una empresa encabezada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt, tendría una preferencia para desarrollar esos 17 campos, según el medio estadounidense. Betancourt fue investigado por presunto lavado de dinero en España y Suiza, pero no llegó a enfrentar cargos. El País de Madrid reveló que la intervención de la administración Trump resultó clave para resolver la causa penal.
El ingreso del Pentágono en NABEP se concretaría mediante la compra de warrants, títulos que otorgan el derecho, pero no la obligación, de comprar acciones de una empresa. La operación correría a través de la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Defensa.
El Pentágono también ostentaría derechos preferenciales para comprar el 20% de la producción petrolera futura de NABEP al costo de producción.
El ingreso directo del gobierno estadounidense en la industria petrolera venezolana sería una suerte de respuesta a la lentitud de las petroleras estadounidenses para acelerar o retomar inversiones en Venezuela.
Bajo la administración Trump, el Pentágono ingresó como financista en las cadenas de suministro de minerales críticos, a través de acuerdos con la empresa MP Materials.
Uno de ellos es relativo a la construcción de una refinería de tierras raras en Arabia Saudita, a través de una joint venture en la que el Departamento de Guerra y MP Materials controlan el 49%. El restante 51% está en manos de la empresa saudita Mareen.
Por otro lado, Trump indicó que con parte del petróleo producido en Venezuela a partir del acuerdo se buscará recomponer las reservas estratégicas de EE.UU. «Una de las cosas que voy a hacer con el petróleo venezolano es llenar las Reservas Estratégicas Nacionales que, debido al somnoliento Joe Biden, han quedado prácticamente vacías», publicó el presidente estadounidense.
Detalles del acuerdo petrolero entre Venezuela y EE.UU.
La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez detalló durante el fin de semana que el acuerdo con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años y establece como objetivo una producción superior a 1,5 millones de barriles diarios. Como parte de este proyecto, se desarrollarán cuatro bloques greenfield en la Faja del Orinoco.
La líder venezolana, que asumió el poder en enero luego de que un operativo comando de fuerzas especiales estadounidenses detuviera a Nicolás Maduro y se lo llevara detenido a Nueva York, precisó que el Estado recaudaría US$ 209.335 millones durante la vigencia del acuerdo, si se toma un precio de referencia de 65 dólares por barril.
«Esto significa que por cada barril producido y vendido, cerca de 19 dólares ingresan directamente a nuestro país», explicó Rodríguez, que asumió como presidenta encargada a comienzos de este año, tras la intervención militar estadounidense que removió a Nicolás Maduro de la presidencia venezolana.
El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) apoyó el acuerdo. «Respaldamos la conducción de la presidenta, quien asume con firmeza y responsabilidad las riendas de este proceso«, comunicó el partido oficialista, que además posee una amplia mayoría en la Asamblea Nacional, el órgano legislativo venezolano, facultado para tratar y aprobar el acuerdo. No obstante, varios analistas han advertido en los últimos días que el gobierno venezolano, sostenido por la administración Trump, no tiene autoridad legal para vender los derechos petroleros del país.
, Nicolás Deza
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