La posibilidad de movilizar otros US$ 10.000 millones hacia el sector energético argentino concentró uno de los principales debates del Panel de Líderes de Energyear Argentina 2026, donde representantes del sector público y privado analizaron qué condiciones son necesarias para transformar el potencial de los proyectos en inversiones efectivas.

El encuentro reunió a María Tettamanti, secretaria de Energía de la Nación; Martín Genesio, presidente y CEO de AES Argentina; Bernardo Andrews, CEO de Genneia; Alejandro Quiroga López, de Enel Argentina; y Maximiliano Westen, de YPF. La discusión se concentró principalmente en la previsibilidad regulatoria, la infraestructura, el financiamiento y la estabilidad contractual.

Uno de los consensos alcanzados fue que los proyectos energéticos requieren reglas estables durante horizontes considerablemente más extensos que los ciclos políticos. En ese sentido, María Tettamanti sostuvo que la inversión en infraestructura energética necesita marcos regulatorios previsibles que otorguen certeza a desarrolladores, financiadores y operadores durante toda la vida útil de los activos.

A nivel regulatorio, la secretaria de Energía reiteró la orientación oficial hacia un esquema basado en señales de precios asociadas a costos reales, subsidios focalizados y una mayor competencia dentro de los distintos segmentos del mercado energético. La exposición se produjo en el marco del debate sobre los mecanismos necesarios para sostener proyectos de largo plazo.

La expansión de la infraestructura de transporte eléctrico apareció como otra de las cuestiones centrales. El crecimiento de las energías renovables y de los proyectos de almacenamiento requiere ampliar simultáneamente la capacidad de la red para evitar restricciones que limiten nuevas inversiones. Entre las obras señaladas como prioritarias figuran Vivoratá-Abasto, Puerto Madryn-Choele Choel-Bahía Blanca y diversas ampliaciones desde Mendoza hacia el norte del país.

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Desde la visión empresarial, Martín Genesio, Bernardo Andrews y Alejandro Quiroga López coincidieron en que la reducción del riesgo país, la estabilidad normativa y la continuidad de los marcos regulatorios constituyen factores determinantes para la llegada de capital. El planteo no estuvo centrado exclusivamente en disminuir regulaciones, sino en garantizar reglas conocidas y mecanismos que permitan estimar ingresos, costos y exposición financiera antes de comprometer inversiones.

En paralelo, otro de los temas abordados fue el papel del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Los participantes destacaron que los inversores evalúan especialmente la estabilidad de los instrumentos regulatorios durante toda la vida de los proyectos, una condición considerada relevante para activos con períodos de recuperación que pueden superar las dos décadas.

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La cuestión financiera también quedó vinculada directamente con la calidad de los contratos disponibles. Durante el panel se remarcó que los bancos necesitan proyectos capaces de demostrar flujos previsibles y una adecuada distribución de riesgos asociados a construcción, operación, moneda y eventuales cambios regulatorios. En ese contexto, se señaló que muchos contratos del mercado eléctrico presentan plazos significativamente inferiores a la vida útil de los activos que buscan financiar.

Dentro de la agenda más amplia de Energyear también se analizó el avance del almacenamiento energético. Uno de los ejemplos citados fue AlmaSADI, proceso en el que se adjudicaron 700,5 MW distribuidos en 20 proyectos luego de recibir 235 ofertas por un total de 8.338 MW. La diferencia entre la capacidad ofertada y la adjudicada reflejó el interés existente por el mercado argentino, aunque también la necesidad de convertir ese interés en proyectos efectivamente financiados y operativos.

Como resultado, el debate dejó planteada una conclusión compartida entre funcionarios y empresas: la disponibilidad de recursos energéticos y oportunidades de desarrollo debe complementarse con infraestructura suficiente, menor incertidumbre y condiciones regulatorias y contractuales capaces de sostener inversiones durante todo el ciclo de vida de los proyectos.

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